El Gobierno prometió a Bruselas que antes de final de año aprobaría dos medidas encaminadas a mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones, que en enero sufrirá un importante golpe con la revalorización al 8,5%, en línea con la inflación de este 2022. Pero a poco más de una semana de que termine el plazo pactado, el Ministerio de Seguridad Social, a cargo de esta reforma, no ha conseguido llegar a un acuerdo ni con los agentes sociales -sindicatos más representativos y organizaciones de empresarios-, ni con los grupos políticos con representación parlamentaria.

Para el ministro José Luis Escrivá, esta debía ser la parte más sencilla de toda la reforma de las pensiones, que ha exigido reformar el régimen de los autónomos, diseñar un nuevo un mecanismo que garantice -entre comillas- la sostenibilidad del sistema en sustitución del factor de sostenibilidad de Rajoy y que ha llevado a ligar inflación y pensiones para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. Esta última "pata" de la reforma habría de ser rápida de cerrar, y, según el ministro, por eso no empezó a negociarse hasta hace apenas un mes.

Ha sido al contrario. Tanto los sindicatos CCOO y UGT como las organizaciones de empresarios CEOE y Cepyme se han opuesto a los cambios que propone Seguridad Social. En el mismo sentido se han pronunciado desde Unidas Podemos, el socio de Gobierno, y la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quienes temen que las medidas de Escrivá reduzcan las pensiones de parte de los jubilados, como también sostienen economistas.

Según lo prometido a Bruselas, antes de diciembre y a cambio de fondos europeos Next Generation debían aprobarse dos medidas: por un lado, una ampliación de los años que se utilizan para calcular la pensión pública de jubilación, y, por otro, el incremento de las cotizaciones sociales que abonan los sueldos más altos. Actualmente aquellos que ganan 4.000 euros al mes cotizan lo mismo a la Seguridad Social que quienes ganan más, ya sea el doble, el triple o diez veces más, y cambiarlo mejoraría los ingresos del sistema.

Ampliación del periodo de cómputo

Escrivá ha propuesto ampliar el periodo que se utiliza para calcular la pensión pública de los 25 años actuales hasta los 30, pero permitiendo descartar los dos peores años. Para el ministro mejoraría la equidad del sistema, porque provocaría que mejorasen las pensiones de los trabajadores con peores carreras profesionales, aunque empeorase las de aquellos con prestaciones más altas. Es algo que reafirmó recientemente el centro de estudios Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), con un estudio.

La citada ampliación se llevaría a cabo poco a poco: el cambio no se completaría hasta 2038. Aunque debe comenzar en 2023, tal y como se apuntó en el Plan de Recuperación que se envió a la Comisión Europea (componente 30), lo previsto ahora es que arranque en 2027, ampliando a razón de cinco meses por año el periodo de cálculo de la pensión. Y según Seguridad Social no llevaría a ingresar más al Estado, sino que su efecto sería "neutro".

Los sindicatos no entienden el sentido de la medida si ni siquiera llevará a fortalecer el sistema, y se oponen a la posibilidad de que reduzca las pensiones de parte de los jubilados. Pero sobre todo rechazan negociar una reforma que después no pueda ser aprobada en el Congreso, porque el Gobierno no haya aunado los apoyos suficientes. Así estuvo a punto de suceder con la reforma laboral, que salió adelante gracias al voto equivocado del diputado del PP Alberto Casero. En esta ocasión, hasta Unidas Podemos rechaza la ampliación del periodo de cómputo de las pensiones, lo que complica aún más la misión de conseguir que salga adelante en sede parlamentaria.

Los empresarios, por su parte, no se verían afectados por esta medida, pero a día de hoy rechazan firmar ningún acuerdo si en él se incluye esta ampliación del periodo de cómputo junto con el incremento de las cotizaciones para los sueldos más altos, que sí llevaría a las empresas a pagar más. Además, ahora el clima de negociación se ha enrarecido, con CEOE rechazando reunirse con el Ministerio de Trabajo a cuenta de una enmienda introducida en la Ley de Empleo para aumentar el control que la Inspección de Trabajo tendrá sobre los ERE.

Aumentar las cotizaciones de los sueldos más altos

La segunda parte de esta reforma busca incrementar las bases máximas de cotización, es decir, el límite máximo que los sueldos más altos pueden pagar en concepto de cuotas a la Seguridad Social. Actualmente está en algo más de 4.000, para ser exactos, en los 4.139 euros brutos al mes. Ahora mismo la idea del Ministerio es aumentar esas bases máximas de cotización un 30%, al tiempo que se suben las pensiones más altas un 3%.

CCOO y UGT son partidarios de esta medida, aunque preferirían eliminar del todo el límite. De su lado, los empresarios rechazan tener que abonar más cotizaciones sociales por trabajador, porque llevaría a las empresas españolas a perder competitividad, según ha repetido en varias ocasiones el presidente de la patronal, Antonio Garamendi. "Es fundamental que el Pacto de Toledo se siente y diga lo que hay que hacer", aseguró también, en referencia a la falta de consenso político que apoye la reforma.

Lo que está claro es que el Ministerio de Seguridad Social no tiene tanta prisa por terminar la negociación como el de Trabajo el año pasado, que también había prometido a Bruselas aprobar la reforma laboral antes del 31 de diciembre. En esta ocasión, el departamento de Escrivá ya ha ampliado en otras ocasiones el plazo fijado, como sucedió en verano con la reforma de los autónomos. Pero los agentes sociales no ven nada claro poder llegar a un acuerdo siquiera en los próximos meses por las fuertes diferencias entre las partes. Todo está en manos de Escrivá y de los cambios que pueda llevar a la mesa en enero, puesto que este mes no hay prevista ninguna otra reunión.