Mossos d'Esquadra quieren aprovechar que el Ministerio del Interior ha allanado el camino para mejorar las retribuciones de los policías nacionales y guardias civiles y demandan que se habilite una partida de unos 150 millones de euros que redunden en mejoras para el Cuerpo, igualando algunas ventajas que tienen los agentes pertenecientes a las fuerzas de seguridad del Estado como ayudas a viviendas o por estudios.
Horas después de que el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido alcanzara un principio de acuerdo con los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil para cerrar la histórica brecha salarial con los Mossos, la Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña (USPAC) ha instado al Gobierno a adoptar medidas que contribuyan también a corregir las desventajas laborales que mantienen con los cuerpos estatales.
Tomando como base la cifra de 1.500 millones en que los representantes de los policías y guardias civiles han cifrado el coste que tendría igualar los sueldos con los de la Policía de la Generalitat, USPAC exige que Interior destine un 10 % de ese importe -rebajado a 1.1o0 millones en la propuesta de acuerdo que ahora deberán ratificar las bases sindicales- para poder disfrutar también de ciertos privilegios con los que no cuentan los mossos, como la edad de reserva o jubilación, las ayudas a la vivienda cuando se produce un cambio de destino o por estudios. Ese porcentaje del 10 % es proporcional a la plantilla de los Mossos d'Esquadra, integrada por unos 17.000 funcionarios.
"Es justo que todos aquellos policías que desarrollen la misma función tengan el mismo sueldo, pero también las mismas ayudas. Los mossos no reciben ningún tipo de ayuda a los cambios de destinos profesionales, a diferencia de otros cuerpos que reciben hasta 450 euros por la vivienda, o incluso están exentos de pagarlo como Guardia Civil", sostienen.
En este contexto, la organización sindical interpuso el pasado 20 de enero una demanda judicial por vulneración de derechos fundamentales al entender que el Ministerio del Interior -titular de las competencias en Cataluña desde que el Senado autorizó al Gobierno a aplicar las medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución por el desafío independentista- otorga un "trato de favor" a sus cuerpos policiales.
Es justo que todos aquellos policías que desarrollen la misma función tengan el mismo sueldo, pero también las mismas ayudas", plantea un sindicato
USPAC considera "desiguales e injustas" las condiciones laborales de los funcionarios de la Policía Autonómica de Cataluña, de lo que responsabiliza a la dirección política del Cuerpo durante los últimos años. "Los Mossos no son una policía de segunda y la actitud obstativa de la Generalitat de Cataluña hacia nuestra policía en pro de intereses particulares de mantenimiento del cargo hace que quedemos despreciados y se vulnere claramente nuestra imagen, honor y prestigio ante la ciudadanía", exponen en su demanda.
En concreto, el sindicato exige que los funcionarios de este cuerpo que se incorporaron antes de 1999 puedan acceder a la reserva a los 56 años y, el resto, a los 58; que los agentes que acumulen una antigüedad de al menos 30 años puedan jubilarse de forma voluntaria a los 60; que el tiempo que permanezcan en reserva compute a efectos de tiempo de servicio; ayudas para tratamientos médicos y psicológicos y una contribución de 300 euros anuales por hijo, entre otras demandas.
Por todo ello, USPAC insta a todos los partidos con representación en el Parlamento de Cataluña a defender la Policía Autonómica "como mínimo igual" a como lo han hecho ante la demanda de equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles. "Los parlamentarios catalanes son elegidos para representar al pueblo de Cataluña y defender a sus policías", apostillan.
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