El Gobierno ha llegado a un acuerdo esta mañana para prorrogar el último paquete de medidas anticrisis que lanzó en verano, con un cheque de ayuda a cinco millones de familias para la cesta de la compra y un tope del 2% a la subida de los alquileres por seis meses como principales medidas. El Ejecutivo permitirá alargar durante seis meses los contratos de arrendamiento vigentes -a partir de su finalización- con el fin de proteger a los inquilinos de "subidas abusivas".

Por otro lado, se eliminará el descuento universal a los carburantes para limitarlo al sector del transporte, la agricultura y la pesca. La supresión de la ayuda de 20 céntimos por litro de gasolina con carácter general se compensa con nuevas acciones orientadas a reducir el precio de la cesta de la compra. 

El decreto anticrisis se aprobará este martes en el Consejo de Ministros y pretende hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Incluirá la prórroga de un cheque de 200 euros para las familias vulnerables que no perciban el Ingreso Mínimo Vital o sean pensionistas, aunque se extenderá el número de beneficiarios.

Se destinará a personas con renta inferior a 27.000 euros, lo que beneficiaría a más de cinco millones y medio de españoles y movilizará más de 1.300 millones de euros. Además, el Gobierno pretende suprimir el IVA de los alimentos que están en el tipo superreducido 4% y reducir del 10% actual hasta el 5% a otros productos seleccionados como el aceite de oliva o la pasta, según fuentes próximas a las negociaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se han reunido a primera hora de este martes y han llegado a un acuerdo para cerrar los detalles de este tercer plan anticrisis en un contexto en el que a pesar de que la tasa anual de inflación se haya moderado en noviembre al 6,8 % (frente al 10,8% de julio), los precios de los alimentos siguen tocando máximos con un incremento del 15,3%.

El primero comparecerá a partir de las 13 horas para dar los detalles del decreto y hacer balance del año en el que controlar el precio de los alimentos se ha convertido en uno de los principales caballos de batalla del Ejecutivo. La vicepresidenta Díaz abanderó la propuesta de que las grandes distribuidoras configurasen cestas de productos básicos con precios fijos.

La inicial polvareda levantada por la posibilidad de topar precios fue virando hacia otras propuestas como gravar con un impuesto extraordinario del 33% sobre los beneficios de los grandes supermercados, que fue rechazado por Hacienda.

A la vista de las conversaciones entre los socios del Gobierno, todo ha ido derivando hacia un retoque en el IVA para aliviar los bolsillos de las familias, como pedían todas las asociaciones del sector desde el principio. Algo a lo que se sumó no solo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sino también el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que dirige, Luis Planas, pese a que Hacienda y el Ministerio de Economía que pilota Nadia Calviño veían escaso margen fiscal para aplicarlo.

Límite a los alquileres

La congelación del precio de los alquileres es una de las demandas fundamentales de Unidas Podemos. Ambas partes han pactado congelar el precio de los alquileres durante seis meses en los nuevos contratos. Los contratos que finalicen en ese período podrán ser prorrogados para que el arrendador no suba el precio de la vivienda al firmar un nuevo contrato. También se prorrogará el límite del 2% para la actualización de las rentas de alquiler a los que les toque la revisión anual del contrato.

La vivienda es uno de los principales caballos de batalla de los morados. De hecho, siguen atascadas las negociaciones para sacar adelante en el Congreso la nueva Ley de Vivienda cuyo anteproyecto se aprobó hace meses en Consejo de Ministros. El tope a los precios es el principal escollo, ya que los socialistas entienden que no tiene las garantías jurídicas necesarias para que la norma no acabe siendo tumbada por el Constitucional cuando PP o Vox la lleven ante el Alto Tribunal.

Transportes y energía

En las cuentas públicas del próximo año se incluye también la gratuidad de los billetes de Cercanías y Media Distancia para viajeros frecuentes, que supondrán unos 660 millones de euros a lo largo del ejercicio.

En materia fiscal, el Gobierno impulsó una batería de medidas destinadas a contener la subida de precios en la factura de luz. Destaca la bajada del IVA del recibo de la luz del 10% al 5%, que se aplica a los consumidores, empresas o particulares, con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios, la aplicación del tipo impositivo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad, y la prórroga de la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.