El 2022 se recordará en las prisiones españolas como el más violento de los últimos años. Las agresiones a funcionarios de prisiones se han disparado con el fin de la pandemia, con la paradoja de que la población reclusa no deja de descender. 

"Antes de la pandemia sufríamos una agresión cada 36 horas. Ahora nuestros cálculos es que se produce una cada 24 o 26 horas, y cada vez más grave", explican fuentes de CSIF, como los dos apuñalamientos en el cuello que se han producido este año. Todo, mientras el Ministerio del Interior no ha reconocido a los funcionarios el estatus de agente de autoridad, aunque es una cuestión que está en el Congreso de los Diputados.

La proposición de ley que dotaría a los funcionarios de prisiones de la condición de agentes de autoridad fue presentada el 24 de julio de 2020, hace más de dos años. Y calificada el 2 de septiembre de ese mismo año. Desde entonces hasta el 29 de marzo de 2022 -fecha en la que se votó la toma en consideración en la cámara baja- ha habido muchas agresiones hacia los funcionarios de prisiones. "Este año y medio de tener “guardada en el cajón” la proposición de ley da una idea de lo prioritario que son para este gobierno los funcionarios de instituciones penitenciarias", resaltan desde el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar.

Los datos oficiales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, cifraba en 310 agresiones por parte de internos hasta septiembre de este año, pero los sindicatos calculan que se habrán sobrepasado las 400. Es el dato más alto desde 2017, año en el que se aprobó un protocolo específico para contabilizar las agresiones a los funcionarios de las prisiones españolas con un criterio distinto al del resto de la administración general del Estado.

Los funcionarios denuncian que con ese nuevo protocolo “se consiguió blanquear los totales y que insultos, amenazas de muerte, empujones, escupitajos o tocamientos, si no dejan marca física que se pueda reflejar en un parte médico, no se contabilizasen. Tras superarse las 300 agresiones anuales en el trienio 2015-2017, la nueva forma de contabilización de las agresiones diarias que se sufren por los trabajadores penitenciarios hizo que en los años 2018 y 2019 no llegaran a las 250”. 

A lo que añaden: “Posteriormente, en los años 2020 y 2021 se han visto reducidas estas agresiones debido al cierre que han sufrido las instalaciones penitenciarias en cuanto a entrada de personas ajenas a la institución y la restricción de comunicaciones con familiares a causa de la pandemia del Covid-19”.

Aun con esa nueva forma de contabilizar las agresiones, el departamento que dirige Ángel Luis Ortiz cifraba el dato más alto de los últimos cinco años. 

El penal madrileño de Madrid V, situado en la localidad de Soto del Real, se lleva la palma como el más peligroso para los empleados públicos de instituciones penitenciarias. Y es el más peligroso por doble partida. Desde el año 2015 hasta el 30 de septiembre de 2022 se han sufrido un total de 104 agresiones, computándose 8 agresiones más que en el segundo centro penitenciario con más agresiones, Puerto III, en Cádiz, con 96 agresiones en el mismo periodo.

Pero si nos circunscribimos a los datos hasta finales de septiembre (Interior no los publica si no se piden por Transparencia), el centro penitenciario madrileño también es el que más agresiones ha sufrido con un total de 18. Le sigue de cerca la prisión de Sevilla II, en Morón de la Frontera, con 17 agresiones padecidas en los nueve primeros meses del año y del centro penitenciario de Madrid VII, en Estremera, que suma 10 agresiones y 86 en el cómputo general.

"Todavía no se ha producido un motín, pero falta una chispa para que se prenda todo en varias cárceles", destacan las citadas fuentes de CSIF. Aunque la población es menor, "la población interna está cada vez más hacinada" y "hay un déficit de unos 3.000 funcionarios". Es el caso de la cárcel de Picassent, "la más grande de Europa", donde hay momentos del año en el que ha podido haber dos funcionarios de prisiones para 150 internos.

Los funcionarios reclaman más medios de protección. "Tenemos unas piezas de plástico del mismo tamaño para todos, que sirve para un tipo de 1,90 metros o una mujer de 1,60", denuncian los sindicatos. Además, reclaman que se les dote de pistolas táser "no para disparar como vaqueros", si no para facilitar la inmovilización de un interno de forma segura en el caso que haya que hacerlo.

"Y lo peor está por llegar, porque muchos compañeros se jubilan en los próximos años y los nuevos que entren no tendrán la experiencia de bregar en estas situaciones", señalan los sindicatos.