Es una vieja aspiración de la Administración vasca, convertir el euskera en lengua habitual de trabajo en empresas públicas y privadas. A ello ha dedicado medidas, recursos y planes de impulso que, por el momento, han dado un resultado más bien discreto. Una de ellas, la obtención del certificado ‘Bikain’ de Gestión del Euskera en el seno de las empresas tanto del sector público como del privado, nació en 2007. Desde entonces apenas ha logrado que 400 empresas vascas obtengan esta acreditación lingüística. Por ello, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha decidido rebajar y relajar los criterios y procedimientos para su obtención, con lo que confía en poder incrementar el tejido de empresa que cuentan con un reconocimiento oficial por emplear el euskera como idioma de relación laboral en su actividad cotidiana.

La Administración vasca afirma que en los últimos años los procesos de evaluación para la obtención del certificado ‘Bikain, tanto en su nivel superior, el ‘Bikain de oro’, como el intermedio ‘de plata’ o el básico han sido demasiado rígidos e inflexibles y ello ha podido desmotivar a muchas empresas. Así, durante todo 2021 sólo se concedieron 27 certificados, 17 un año antes y otros tantos en 2019.

Ahora, se ha modificado el procedimiento de evaluación para acreditar las empresas ‘euskaldunes’ en su actividad mediante la aplicación de un procedimiento más “flexible” y en el que se regulan objetivos, ideas y conceptos generales y comunes adaptados a la realidad de cada empresa demandante.

También se prioriza la difusión de este certificado de gestión lingüística dentro de la amplia red de sociedades y entes públicos vascos con un nuevo sistema de evaluación que tenga en cuenta las especificidades de los solicitantes. La falta de flexibilidad de la que adolecía el procedimiento hasta ahora en vigor ha dificultado, señala la Administración, “la adaptación de muchas entidades al proceso de evaluación”.

Diversidad sociolingüística

Se ha optado por externalizar el proceso por carecer de recursos suficientes ante la posible ampliación de demandas de acreditaciones. En la convocatoria de este año dirigida al sector público se ha previsto un presupuesto de 164.500 euros para llevar a cabo estos procesos de evaluación y documentación del grado de desarrollo lingüístico del euskera en la actividad laboral. El certificado ‘Bikain’ (Sobresaliente) es gratuito para las empresas y supone una acreditación del nivel de uso, presencia y gestión del euskera que se lleva a cabo en una organización.

El intento por abrir paso al uso normalizado del euskera ya se puso en marcha en el ámbito municipal. En diciembre de 2019 el Gobierno vasco aprobó un decreto dirigido a impulsar el uso del euskera en y desde los municipios de manera que se convierta en lengua de trabajo y de servicio al ciudadano junto con el castellano. La medida permite a los Consistorios que lo acuerden trabajar únicamente en euskera. La regulación tiene en cuenta la diversidad sociolingüística de Euskadi y, por ello, reconoce y refuerza la plena autonomía municipal para decidir cómo ordenar la utilización del euskera interna y externamente teniendo en cuenta la realidad de su ámbito geográfico.

Este decreto pone fin a la etapa en la que todas las administraciones locales tenían una regla única y común (Ley 10/82 básica de normalización del uso del Euskera) para dar paso a un nuevo tiempo en el que cada entidad local decida, libre e individualmente, el idioma en el que trabajar internamente y relacionarse públicamente. Todo ello garantizando, siempre, el derecho de la ciudadanía a escoger el idioma en su relación con la institución municipal sin ninguna discriminación.

La norma, sin embargo, fue recurrida ante los tribunales por el PP y Vox. En septiembre de 2021 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco elevó al Tribunal Constitucional el artículo que habilita a los ayuntamientos para poder funcionar internamente, y en relación con otras instituciones públicas, exclusivamente en euskera.

Posible inconstitucionalidad

El TSJPV no ve inconstitucional el procedimiento de relación lingüística que el decreto establece por parte de los ayuntamientos con la ciudadanía, pero sí el que autoriza a las administraciones locales para su funcionamiento y de estas con otros organismos públicos. El Tribunal considera que el artículo 6.2 del decreto en cuestión podría ser inconstitucional y por eso eleva la consulta el TC que deberá pronunciarse sobre este aspecto.

El ministerio Fiscal también ha respaldado solicitar el pronunciamiento del Alto Tribunal. La citada norma permite a los Consistorios establecer, sí así lo acuerdan, funcionar exclusivamente en euskera en su actividad interna en aspectos como la emisión de informes, de acuerdos, mociones o la actividad cotidiana. Toda la documentación podrá ser redactada y emitida únicamente en euskera «siempre que no se lesionen los derechos de ningún miembro de la entidad local que pueda alegar válidamente el desconocimiento del euskera».

Los jueces creen que se incurre en una evidente «arbitrariedad incontrolada» al establecer que se tendrá que alegar «válidamente» desconocimiento de euskera para poder emplear el castellano. Señala que con este requisito se deja en inferioridad al castellano y se opta por la primacía el euskera, con lo que se quiebra la igualdad exigible al uso de ambas lenguas cooficiales.