La zona de cultivos del Levante español es "climatológicamente única". Así lo asegura Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (Scrats), que detalla que el motivo principal es la cantidad de horas de sol que reciben las regiones de Alicante, Murcia y Almería incluso en los meses más fríos del año. Esa ventaja explica su enorme volumen de producción, que tiene a su vez un gran impacto en la economía nacional. "Con el 3% del agua del país producimos el 50% de frutas y hortalizas de todo el territorio. Actualmente aportamos al PIB español más de 3.000 millones de euros al año. Todo esto genera más de 100.000 empleos directos y otros tantos, como mínimo, de manera indirecta", afirma José Vicente Andreu, presidente de la delegación alicantina de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja).

 

Jiménez, Andreu y miles de regantes y agricultores coinciden en que ven peligrar el futuro del trasvase, y por tanto de su actividad económica, tras la última decisión de Teresa Ribera. Y es que la ministra de Transición Ecológica ha elaborado un nuevo decreto (que actualmente está siendo estudiado por el Consejo de Estado como previo paso a su aprobación en el Consejo de Ministros) que incluye un recorte de 105 hectómetros cúbicos del agua del Tajo que llega al sureste español. El motivo, según la propia Ribera explicó, era cumplir con cinco sentencias del Tribunal Supremo que condenaban al Estado por no haber establecido un caudal ecológico para el Tajo (es decir, el volumen mínimo de agua necesario para preservar el río, que además está compartido con Portugal). 

En caso de aprobarse el nuevo decreto, el caudal del Tajo a su paso por Aranjuez pasaría de manera inmediata a ser de un mínimo de 7 metros cúbicos por segundo, en lugar de los 6 actuales. En enero de 2026 se elevaría de nuevo hasta los 8 metros cúbicos y en 2027, hasta los definitivos 8,6. Jiménez explica que un estudio de la Universidad de Alicante y la  Universidad de Alcalá de Henares estima que en los próximos años estos recortes de agua destruirán 15.000 empleos en Murcia, Alicante y Almería, y 27.000 hectáreas del que para el presidente de Scrats es el "mejor regadío del mundo", lo que provocaría unas pérdidas de 5.000 millones de euros. "No es ninguna broma, muchos estamos hipotecados. No se puede estar politizando el asunto, llevan toda la vida igual. Lo ideal sería que la garra política, en este caso de Ribera, se alejara, porque no entiende ni papa. Pero es una utopía", lamenta Jiménez.

Las tres "mentiras" de Ribera

"No existe ningún informe técnico y medioambiental que justifique esa elevación del caudal del Tajo", asegura Andreu, que sostiene que la ministra ha mentido hasta en tres ocasiones en este tema. "Primero, porque el Supremo dice que se debe fijar un caudal ecológico, pero no qué cantidad de agua debe tener. Segundo, porque nos ha dicho que todo el agua que no venga del trasvase vendrá de las desaladoras. Pero la UE ya ha confirmado que ese agua no la financia, y el gasto energético hace que sea mucho más cara. No podemos dejar que quiten algo sostenible y legal por algo que no lo es", afirma Andreu.

Pero lo que ha terminado por encender a agricultores y regantes ha sido «el último engaño de la ministra», por el que Asaja incluso se está planteando interponer una querella. Y es que acusan a Ribera de que el texto que actualmente está estudiando el Consejo de Estado no es el que se aprobó el pasado noviembre en el Congreso Nacional del Agua.

"Hubo un acuerdo para subir el caudal del Tajo. Pero en lugar de elevarlo hasta los 8,6 metros cúbicos por segundo era solo hasta 7. Para nosotros ya era perder un 15% de agua, pero entendíamos que era algo razonable y bueno para todos. El Ministerio se comprometía a depurar algunas aguas contaminantes y a renovar el regadío de la zona del Alto Tajo, que es muy poco eficiente. Con estas dos actuaciones, a finales de 2025 se evaluaría el estado ambiental del Tajo para ver si hacía falta subir el caudal ecológico o no. Se hizo un borrador del real decreto, se votó y se aprobó, pero a la ministra se le cruzó un cable y cambió el texto. Es un fraude de ley y le va a costar el puesto", asegura Andreu.

No son los únicos en acusar a Ribera de lo mismo. Sin ir más lejos, el gobierno valenciano, presidido por el también socialista Ximo Puig, se ha enfrentado al Ejecutivo central, al que insta a recuperar el acuerdo original a la vez que atribuye haber cambiado "sustancialmente" el texto. La ministra, por su parte, se defiende asegurando todo lo contrario: que el pacto "fue respaldado mayoritariamente" por el Consejo Nacional del Agua y que no ha sufrido modificación alguna.

"La posición del PSOE valenciano ha sido tibia desde hace varios años, pero ahora es firme. Ribera quita la cláusula del acuerdo y pega el cambiazo, y eso es de ser un tramposo y un trilero", asegura Andreu. Regantes y agricultores consideran que el Ejecutivo central ha terminado cediendo a las condiciones del gobierno manchego y de su presidente. Jiménez resume las quejas: "Se ha demostrado que el peso político del gobierno manchego es muy superior. Bien sea por la personalidad de Page, que es un arrogante impulsivo, o porque realmente han valorado que pierden más ofendiendo al electorado manchego. Y se aproximan unas elecciones". 

Miles de personas a las puertas del Ministerio

Por todo ello, desde Scrats organizaron una manifestación el pasado 11 de enero frente al Ministerio de Transición Ecológica. Casi 15.000 personas, según los organizadores, y unas 7.000, según la Policía Nacional, exigieron a gritos la dimisión de Ribera y un paso atrás del Gobierno. "Me llenó de orgullo. En apenas una semana y con las navidades de por medio fuimos capaces de organizarla para mostrar la preocupación del sector y de la sociedad", explica Jiménez. "He ido a muchas manifestaciones y esta fue la primera vez que había unidad total en dar el mismo mensaje. No se puede rebajar el agua de forma arbitraria por un capricho político", añade Andreu. 

A la manifestación acudieron cargos políticos de Vox, PP, IU, Compromís e incluso algunos socialistas, como el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano Martínez. Por lo pronto, el Consejo de Estado dictaminará el próximo 19 de enero el Real Decreto que revisa la planificación hidrológica para el periodo de 2022-2027, y que incluye la modificación de los caudales ecológicos del trasvase, antes de remitirlo al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía ya han presentado alegaciones. "La ministra tiene que dar un paso atrás. Esto está causando gran revuelo y en su partido hay una fractura. Es algo suicida ante el periodo electoral que viene", concluye Andreu.