El Gobierno vio la oportunidad desde un primer momento de utilizar la munición que le servía en bandeja la Junta de Castilla y León al anunciar un protocolo antiabortista pactado entre PP y Vox. Y ahora ha pasado de las declaraciones a los hechos: este mismo domingo remitió un requirió a la Consejería de Sanidad regional para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa que regula la interrupción voluntaria del embarazo. Y si ese aviso no es atendido, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no descarta activar otras acciones jurídicas "adicionales" para defender los derechos de las mujeres.

La Moncloa entra así de lleno en la batalla política que abrió el pasado jueves Castilla y León, cuando su vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), anunció que la Junta implantará medidas "provida" y de fomento de la natalidad en la comunidad, pensadas para las mujeres que desearan abortar: atención psicológica a las madres, posibilidad de escucha del latido fetal y ofrecer una ecografía 4D que complemente las tres convencionales contempladas actualmente. Este sábado, el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, negó desde Zaragoza que los cambios en el protocolo tengan un objetivo antiabortista. "Niego la mayor, estas medidas no van de eso, va del fomento a la natalidad y la mujer que lo solicite si está embarazada lo podrá escuchar", se defendió el dirigente del PP.

El Gobierno utilizará "todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho al aborto"

El Gobierno dio a conocer su respuesta a través de un comunicado oficial [aquí en PDF] enviado a los medios a las 19.08 de este 15 de enero. Nota en la que recuerda que el Ejecutivo utilizará "todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo" en los términos que recoge la vigente ley de plazos de 2010. Así, el Gobierno promete velar para que no se lleven a cabo acciones que mermen los derechos de las mujeres "en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración Pública alguna".

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Tras destacar que los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están en contacto para estudiar, establecer y coordinar las medidas pertinentes, el Gobierno informa de que el departamento que dirige Carolina Darias envió en la tarde de este 15 de enero un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León.

Parálisis inmediata del protocolo

Las peticiones del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos son cuatro. Primero, que la Junta "se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe" lo establecido en la ley de plazos (ley orgánica 2/2010, cuya reforma se está ultimando en el Senado) y en la Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La Moncloa estudiará si es necesario "ejercer otras acciones legales", porque las medidas podrían vulnerar derechos fundamentales e invade competencias

Dos, que si la medida ha sido adoptada —las idas y venidas de PP y Vox no han dejado claro en qué punto está el acuerdo—, se paralice el protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación que establezca "cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario" con el fin de "obligar, indicar, ofrecer o sugerir" a la mujer embarazada que ha decidido abortar o no haya manifestado expresamente su voluntad de llevar su gestación a término la realización de pruebas que no sean "necesarias desde el punto de vista médico".

Tres, que la realización de pruebas diagnósticas "no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas". Y cuatro, que se comunique "de manera inmediata" al Ministerio de Sanidad los protocolos o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretenden implantar los acuerdos antiabortistas anunciados.

La Moncloa advierte de forma expresa en el comunicado que si su requerimiento no es atendido "íntegra e inmediatamente por la Junta de Castilla y León", el Gobierno "no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales", porque las medidas anunciadas por el Ejecutivo regional cree el bipartito de socialistas y morados que "pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico".

El Ejecutivo no aclara por ahora qué más medidas se plantea. "De momento tienen que responder como Gobierno de PP y Vox, no como PP solo". La Junta representa "la coalición del miedo"

Finalmente, el Gobierno de Sánchez estudiará si es necesario "ejercer otras acciones legales", dado que la aplicación de las medidas antiabortistas de Castilla y León "podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esta comunidad autónoma". Es decir, que el Ejecutivo se plantea si acudir al Tribunal Constitucional.

La Moncloa no aclara por ahora qué "actuaciones jurídicas adicionales" se plantea, aunque parece obvio que se remite a parar el protocolo en los tribunales si la Junta no recula. "De momento tienen que responder como Gobierno de PP y Vox, no como PP solo", indican fuentes gubernamentales a este diario. "Iremos contando las medidas si no atienden el requerimiento. Paciencia", añade un mando del equipo de Sánchez.

El Ejecutivo se refiere a la alianza de la derecha y la ultraderecha en Castilla y León como la "coalición del miedo". Este sábado la invocó Sánchez desde su mitin en Sevilla. En la capital andaluza, el presidente insistió en que su Gobierno no tolerará ningún retroceso y subrayó que con los socialistas los derechos de las mujeres siempre estarán protegidos. Frente a ellos, la derecha del PP, que «decide qué camino tomar», y es «el que le marca la ultraderecha". Este será otra vez un argumento de campaña, ahora para el 28-M.