La guerra ya está en marcha. Al requerimiento del Gobierno de Pedro Sánchez a la Junta de Castilla y León para que no aplique medida antiabortista alguna, responderá el Ejecutivo regional, ya avisa, con un escrito e, incluso, con otro requerimiento de vuelta para que se abstenga de dar instrucciones "vulneradoras de su autonomía y sus competencias". El popular Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la comunidad, no da marcha atrás y sostiene que no se ha "aprobado acuerdo alguno que limite los derechos de la mujeres ni de los profesionales sanitarios", como tampoco se ha tomado "ningún acuerdo" que "vulnere derecho alguno, por lo que es intolerable este ataque a un Gobierno autonómico, basado en mentiras y con intención de generar alarma social". Así las cosas, las nuevas instrucciones para los sanitarios entrarían en vigor este lunes, 16 de enero.
La Junta de Castilla y León contraatacó al requerimiento de la Moncloa para que "se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa vigente sobre el derecho al aborto. Lo hizo a través de un comunicado oficial y de un tuit del presidente regional.
En el comunicado, Castilla y León subraya su "respeto absoluto a la ley, a libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios". "Se garantizará la libertad y voluntariedad para las mujeres embarazadas que lo requieran, y, por supuesto, se asegurará la aplicación bajo el estricto criterio médico, respetando la ley y respetando las recomendaciones de las sociedades científicas, como ya le explicó el consejero de Sanidad [Alejandro Vázquez, del PP] a la ministra del ramo [Carolina Darias] a través de una carta enviada el pasado viernes". La Junta defiende Castilla y León como una comunidad "pionera en la defensa de los derechos de la mujer y lo seguirá siendo" y lamenta la "falta de diálogo" del Gobierno con una región "leal" y que respeta "siempre" la ley.
La Junta no habla de aborto sino de "defender la libertad de las mujeres" y el derecho de las embarazadas a una atención "adecuada y moderna"
A partir de ahí, el Gobierno de Mañueco prácticamente calca la estructura del comunicado de la Moncloa, aunque llevándola a su favor. No habla de aborto ni de interrupción del embarazo. Así, promete utilizar "todos los mecanismos" a su alcance para "defender la libertad de las mujeres y el derecho de la mujer embarazada a una atención adecuada y moderna". La Junta procurará así "un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias". Es su manera de defender las medidas anunciadas y pactadas entre PP y Vox: atención psicológica a las madres, posibilidad de escucha del latido fetal y oferta de una ecografía 4D. Mañueco esgrimía este sábado, y así lo repite en su tuit, que las medidas contenidas en el protocolo no tienen un empeño antiabortista, sino que buscan ayudar a todas las gestantes, quieran interrumpir o no su embarazo. Pero el vicepresidente de la comunidad, Juan García-Gallardo, de Vox, las explicó como iniciativas para "salvar vidas".
Para "esconder" el fiasco de la 'ley del sí es sí'
La Junta avanza que defenderá sus competencias autonómicas y por eso la Consejería de Sanidad enviará este viernes su respuesta al ministerio de Darias y, "en su caso, efectuará el oportuno requerimiento oficial", en el que solicitará al Ejecutivo que "se abstenga de dirigir requerimientos y comunicados oficiales a una comunidad autónoma vulneradores de su autonomía y sus competencias", al "simple amparo de noticias en medios de comunicación". La Junta insiste en que sus políticas son de "natalidad y apoyo a la familia", no antiaborto.
CyL esgrime que tiene "plena autonomía" para aprobar protocolos que introduzcan "mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y en las pruebas médicas"
La comunidad recalca que tiene "plena autonomía para aprobar cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y en las pruebas médicas que se consideren necesarias, dentro del conocimiento científico actual, siempre en el marco de la normativa general y específica de aplicación, y con pleno respeto a los derechos fundamentales de la mujer embarazada y a los derechos y obligaciones del personal sanitario". Y a la petición del Gobierno de que le remita todos los protocolos adoptados, Castilla y León responde que no tiene "ninguna obligación específica" de hacerlo.
El Gobierno de Mañueco finaliza su comunicado con una redacción calcada, pero a la inversa, a la de la nota de la Moncloa. Así, advierte de que si el Ejecutivo de Sánchez no atiende "íntegra e inmediatamente" el requerimiento regional que le pueda remitir este lunes, podría "implementar actuaciones jurídicas adicionales" (no dice cuáles) porque las acciones anunciadas por Sanidad pueden "contravenir" la ley. También Castilla y León estudiará si es necesario "ejercer otras acciones legales", porque las del Gobierno podrían "vulnerar el derecho de autonomía" y el ejercicio de sus competencias por parte de la comunidad.
La Moncloa ha programado despliegue mediático este lunes y lee la respuesta de García-Gallardo como un "desafío" a Feijóo
Para Mañueco, el Gobierno "miente" y lo hace para "tratar de esconder su incompetencia con la aprobación de la ley del solo sí es sí, que reduce las condenas y pone en libertad a los agresores sexuales". Según su vicepresidente, García-Gallardo, el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos "teme que las madres tengan más información sobre su embarazo". "Lo que aún no saben es que nosotros no les tememos a ellos. Ni un paso atrás", acaba su tuit.
La Moncloa no volvió a responder de vuelta a Castilla y León, aunque este lunes tiene prevista una cascada de entrevistas de varios ministros en los medios. Pero sí leía las palabras del vicepresidente ultraderechista como "un desafío a [Alberto Núñez] Feijóo", cuya cúpula desautorizó los recortes en derechos de las mujeres.
Desafío por desafío. El Gobierno, a través de un tuit de Darias, también prometió dar la batalla hasta el final: "Ni un paso atrás en los derechos y libertades de las mujeres". La guerra está servida.
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