El Gobierno no se da en absoluto por satisfecho después de que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, desautorizara y corrigiera a su vicepresidente regional, Juan García-Gallardo, de Vox, y afirmara que no se adoptará ningún protocolo para las embarazadas que supongan "coacciones directas o indirectas" contra las que quieran abortar. La Moncloa da un paso más en su defensa de los derechos de las mujeres. El Consejo de Ministros aprobó este martes un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con "actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el real decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior". Es el paso previo a la interposición de un conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional.

Según informaba este martes a primera hora la Secretaría de Estado de Comunicación, y explicaba asimismo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, este requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León "incluye aquellas actuaciones constitutivas de vía de hecho", que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, y el real decreto 825/2010, de 25 de junio, que lo desarrolla. La Junta, recuerda el Ejecutivo, tiene un plazo de un mes para contestar.

La Junta tiene un mes para contestar, y si no lo hace el Ejecutivo podría formalizar un conflicto de competencias ante el Constitucional

El Consejo de Ministros adopta este acuerdo dos días después de realizar un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar cualquier medida que vulnere la actual normativa relativa a la interrupción voluntaria del embarazo tras el anuncio realizado por el Ejecutivo autonómico, el pasado jueves, de que adoptaría un protocolo antiaborto.

Mañueco subrayaba este lunes que no se ha actualizado la normativa para las embarazadas, pero el Ejecutivo no se fía, porque Vox no recula, sigue presionando y advierte de que el plan existe y se consensuó. Pero obviamente opera la voluntad de poner contra las cuerdas a Alberto Núñez Feijóo y de alertar, en este largo y preñado año electoral, de las consecuencias de gobernar con la ultraderecha.

El PP, arrastrado por Vox

"No vamos a permitir ni un solo retroceso en los derechos y libertades de las mujeres en ningún territorio de España. No lo vamos a permitir, y por eso trabajamos en distintas líneas de actuación", explicó Bolaños. El Ejecutivo entiende, al presentar este requerimiento de incompetencia, que la Junta está "extralimitándose en sus competencias", invadiendo el ámbito de actuación exclusivo del Estado. Un requerimiento "para que cese la vulneración de derechos de las mujeres". "Y por eso vamos a requerirles para que en el caso de que no den una cumplida y satisfactoria respuesta a este nuevo requerimiento, iniciar acciones ante el Tribunal Constitucional en defensa de los derechos de las mujeres", siguió.

Bolaños recalca que puede ser "normal" que Vox quiera retroceder décadas en derechos, pero no lo es que Feijóo "enmudezca"

Bolaños subrayó que es "hasta normal" que la ultraderecha de Vox pretenda que las mujeres retrocedan décadas en sus derechos, "pero es menos normal que el líder de la oposición, Feijóo, enmudezca ante esta circunstancia".

El Gobierno abre por tanto dos vías distintas. Una, la jurisdiccional, la anunciada ayer lunes, ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, y dos, la aprobada este martes, ante el TC. "Todas las medidas legales que tengamos que adoptar las adoptaremos", sostuvo el ministro.

No hay claridad, sino confusión

Después, tanto el presidente del Gobierno desde Suiza como la portavoz del Ejecutivo, tras la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, detallaron las razones de este paso que eleva la tensión entre las dos administraciones. Pedro Sánchez aseguró a los periodistas que cubren su participación en el Foro Económico de Davos que no habido claridad ninguna por parte de la Junta, y que no se trata de si el protocolo es obligatorio o voluntario, que es a lo que se agarra el Gabinete de Mañueco. Para el presidente, lo sustancial es que Castilla y León invade una competencia exclusiva, la regulación del aborto, recogida en una ley estatal (la de 2010, ahora en trámite de reforma en el Senado) y por eso su Ejecutivo debe responder, informa EFE.

El Ejecutivo alega que las palabras de Mañueco y Vox son "contradictorias" e "insuficientes" y avisa: actuará con "firmeza" para impedir una "tropelía", una "aberración"

"La duda persiste", insistió desde la Moncloa Isabel Rodríguez. Es decir, que las medidas anunciadas por la Junta son aún desconocidas y las explicaciones de Mañueco y Gallardo han sido en estos cinco días de vorágine "contradictorias" e "insuficientes". Por eso el Gobierno da un paso más allá, porque no está dispuesto a permitir "que se retroceda ni un milímetro" en los derechos de las mujeres. La portavoz envió un mensaje de "absoluta firmeza", por cuanto el Gobierno impulsará "cuantas medidas sean necesarias" para "impedir que la tropelía se consume", y de "tranquilidad" a las mujeres, a las que garantizará sus derechos y libertades, y a los profesionales sanitarios, que demandan "seguridad jurídica" cuando ejercen su trabajo.

La ministra alegó que si el Gobierno actúa es porque debe "evitar la ruptura" de la legislación básica, aplicable en todo el territorio, y que las comunidades autónomas por tanto deben cumplir. Estas no pueden imponer "requisitos adicionales" para el acceso al aborto, ni "condicionar en modo alguno" la libertad de elección de las mujeres. La Moncloa remite al artículo 149.1 de la Carta Magna y a la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional. El Ejecutivo, en definitiva, se siente compelido a parar la "aberración" anunciada por Castilla y León.

La Moncloa recurre, ante la falta de una disposición que al menos no se conoce, a la "vía de hecho", que reconoce el Constitucional

Sin embargo, no hay un documento formal, una disposición normativa que traduzca eso que anunció García-Gallardo el pasado jueves en rueda de prensa en Valladolid. De ahí que el Gobierno explique que haya aprobado este requerimiento de incompetencia por la "vía de hecho", camino que permite la jurisprudencia del TC aunque ciertamente se haya explorado en contadas ocasiones en España —una de ellas, recordaban fuentes del Ejecutivo, en pleno procés—. En el plazo de un mes, la Junta ha de responder de manera formal, y esa contestación es la que eventualmente llevaría el Gobierno al TC, pero si no hay papel de por medio, dicen en la Moncloa que seguirían analizando por la "vía de hecho". Por el momento, Castilla y León ni siquiera ha replicado al requerimiento del pasado domingo. El barón autonómico sí difundió este martes la carta remitida a Sánchez en la que se defiende de sus "ataques".

Para el bipartito de PSOE y Unidas Podemos, las palabras de Mañueco de ayer lunes no bastan, porque no habló de cambios en el protocolo para embarazadas, pero sí dijo que el plan anunciado el pasado jueves es de carácter sanitario, para el fomento de la natalidad. Rodríguez insistió en que el presidente regional sí dijo que "habrá medidas", aunque no especificó cuáles, "y que se llevarán a cabo", lo que obliga a la vigilancia. ¿Por qué no esperar? Porque las mujeres "han esperado demasiado" hasta llegar a conquistar una ley de plazos, la de 2010, y porque las mujeres de Castilla y León "no pueden tener miedo" a interrumpir su embarazo, ni ser "coaccionadas en su derecho", porque además la ley "es igual en toda España". La portavoz recordó que los médicos no pueden sugerir más pruebas diagnósticas porque no están contempladas en la ley. "No podemos esperar más ante la inacción, confusión y aberración en Castilla y León", justificó.

De nuevo, el Ejecutivo miró a Feijóo. Le reprochó su "silencio calculado" hasta este martes. Silencio, añadió Rodríguez, que "no es casual, ni siquiera es interesado", "es cómplice". La razón es que el líder del PP comparte la posición de Mañueco y de Vox, ya que "la ley que intenta saltarse" el presidente de la Junta es la de 2010, la de plazos, la que el PP recurrió ante el TC y sobre la que se dictará sentencia, se espera, en breve. El jefe de los populares "sigue anclado" en la ley de supuestos de 1985, que la sociedad española ya ha dado por superada, dijo. La ministra apremió a Feijóo a decir si está "del lado de las mujeres" o de las posiciones que defiende la ultraderecha.