Con que cumpla la mitad ya se habrá regenerado una parte importante de la vida política e institucional de nuestro país.

Pero con la solemnidad con que lo ha hecho, en el oratorio San Felipe Neri, donde se alumbró la Constitución de 1812 se diría que está comprometido a cumplir íntegramente lo firmado.

Son medidas regeneradoras que buscan devolver a España al círculo virtuoso del que ha sido violentamente expulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y por sus apoyos parlamentarios que le mantienen en el poder y sin los cuales no resistiría “vivo” ni un segundo.

Pero Núñez Feijóo hace un llamamiento que no puede hacer sino a Vox y a lo que queda de Ciudadanos porque los demás partidos están con Sánchez y le apoyan fervientemente porque saben que, con la excepción del PNV que sabrá nadar y guardar la ropa, como siempre, los demás no tienen nada que hacer con una victoria del Partido Popular.   

Tiene razón Feijóo apelando a la sociedad civil, lo que sucede es que esto no se se puede resolver si no es a través de los partidos con representación parlamentaria.

Porque esta propuesta es la de una parte de España, la mayoritaria seguramente, pero la ley electoral sobrevalora a los partidos nacionalistas de tal manera que se le hará muy difícil a Feijóo -si es que gana las elecciones- poner toda esta batería de medidas a punto.

Que la Constitución no puede ser moneda de cambio a través del Código Penal, es una evidencia que probablemente lleve a la derrota de Sánchez si los españoles tienen presente en las próximas elecciones generales el daño inmenso que el actual presidente del Gobierno ha producido a las instituciones.

El Parlamento ha quedado solamente para aplaudir a los intervinientes cuando se abordan las preguntas de los miércoles

El Parlamento ha quedado solamente para aplaudir a los intervinientes cuando se abordan las preguntas de los miércoles pero su función ha sido externalizada por acuerdos extra parlamentarios de los que el público tiene noticia solamente si un periódico indaga en ese pacto y por un abuso de los decretos ley del que ya venían haciendo uso los presidentes precedentes pero que en el caso de este Gobierno ha sido llevado al límite. 

Empecemos por los asuntos más evidentes: El Consejo General del Poder Judicial ha de reformarse conforme a los planteamientos avalados por la Unión Europea porque lo sucedido con el CGPJ no tiene un pase.

Cierto es que cuando gobernaba Aznar y cuando gobernó Rajoy no hicieron nada por reformar las cosas y eso que tenían, los dos, mayorías absolutas. Por lo tanto una parte de responsabilidad en el desaguisado sí tienen. Y la tiene también Pablo Casado porque no puede ser que durante su gestión no se haya renovado el Consejo.

Y luego han venido los socialistas junto con los de Podemos y le han metido un hachazo a la institución constitucional de padre y muy señor mío. Hace bien en reconocer en el documento una cierta autocrítica porque el PP se la merece.

En consecuencia esa reforma es urgente, urgentísima, y no parece que el actual Gobierno la vaya a acometer. Solamente si gana Núnez Feijóo podrá abordarse con serenidad una reforma de la ley que tiene al Tribunal Supremo y al resto de los altos tribunales en cuadro sin que a los socialistas y menos aún a los de Podemos le importe un comino.

La reforma del Código Penal y la restitución del delito de sedición así como la reforma del delito de malversación es de obligado cumplimiento a pesar de que esas reformas no vayan a impedir que los beneficiados por las medidas de Sánchez disfruten de ellas: las leyes de aplicación retroactiva no existen en un Estado de Derecho como es el nuestro.

Lo que sí se puede es recuperar el delito de celebración de un referéndum ilegal que José María Aznar metió de rondón en una ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, pero que al fin y al cabo estaba dentro del ordenamiento jurídico, pero que José Luis Rodriguez Zapatero eliminó. 

La vigilancia y el control de los nombramientos para presidir o dirigir instituciones que no son constitucionales pero sí son muy determinantes del estado de salud  de una sociedad como el CIS, que tendrá un presidente que no sea militante de ningún partido, como lo es ahora; que retomará la costumbre abandonada por Tezanos de hacer las encuestas de valoración de voto trimestrales y no mensuales como ahora;  y donde se recuperarán las preguntas que ahora se han censurado o modificado.

Para dirigir el  Centro Nacional de Inteligencia se necesitarán una determinadas cualidades y se reformarán los cambios introducidos por la actual presidente del Congreso.

Naturalmente, Feijóo se compromete a reformar la famosa ley conocida por “sólo sí es sí” por la que ya van más de 250 violadores que han visto reducidas sus penas y 24 que han sido excarcelados.

Ayer el Gobierno se negó a que compareciera ante el Congreso la ministra de Igualdad Irene Montero. Bien es verdad que se negó también a que comparecieran un total de 8 ministros.

Pero esta será una de las primeras medidas que Feijóo deberá aprobar siendo un hecho que, como he dicho antes, las leyes con efectos retroactivos no existen en un Estado de Derecho y que los violadores detenidos en el futuro siempre se podrán acoger a las medidas más favorables a su caso.

Cómo será la desconfianza de los populares en un posible traspaso de poderes que se comprometen a regular incluso la posibilidad de que los miembros del ejecutivo saliente ofrezcan datos erróneos u oculten deliberadamente información.

La elaboración de un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal que establezca 5 años de modo que no permita su vinculación al Poder Ejecutivo y cuyo titular podrá ser recusado es uno de los compromisos.

Otra reforma es la de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Y así sucesivamente en un documento que tiene 3o páginas repletas de pactos con la sociedad y con los que el PP de Núñez Feijóo acudirá a las elecciones generales.

En definitiva, mucha tarea para alguien que no se sabe si llegará a gobernar pero cuyo compromiso ha asumido nada menos que ante la capilla de San Felipe Neri, donde se elaboró la primera Constitución española.

Si gana las elecciones generales le será demandado lo que hoy ha firmado tan solemnemente