Este jueves entra en vigor un nuevo Real Decreto, aprobado hace unos días por el Consejo de Ministros, que reduce las retenciones de los artistas al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Se trata de dos medidas, consensuadas por la Comisión Interministerial para el Desarrollo del Estatuto del Artista, destinadas a "las personas con rentas más bajas de este colectivo". Desde el Ministerio de Cultura han detallado a este periódico que no es posible cuantificar cuántas personas se beneficiarán, aunque aseguran que están pensadas para favorecer a un número "muy elevado" de artistas que trabajan por cuenta ajena, además del personal técnico y auxiliar vinculado a espectáculos culturales.

Por un lado, se reduce del 15% al 2% el tipo mínimo de retención aplicable a los rendimientos del trabajo que deriven de una relación laboral especial de las personas artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como de las personas que realizan actividades técnicas o auxiliares necesarias para el desarrollo de dicha actividad.

Por otro lado, se reduce el tipo de retención del 15% al 7% en relación con las actividades económicas desarrolladas por los artistas. Para ello será necesario que el artista hubiera obtenido en el período impositivo anterior unos rendimientos íntegros de tales actividades inferiores a 15.000 euros, y que éstos representen su principal fuente de renta, entendida esta última como más del 75% de la suma de los rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo obtenidos por el contribuyente en dicho ejercicio.

Prestación cultural por desempleo

El pasado 10 de enero el Gobierno ya aprobó un Real Decreto para promover una contratación "más estable" en el sector cultural, que podría beneficiar a unas 70.000 personas. Los beneficiarios podrán acceder a un sistema de cotización "dúctil"  al acreditar 60 días cotizados por una actividad artística en los últimos 18 meses por un total de 120 días, o bien elegir el sistema de desempleo que minora las necesidades de cotizaciones a 180 días en un plazo de seis años antes de la situación de desempleo (siempre que no hayan sido tenidas en cuenta para el reconocimiento de una prestación previamente).

La duración de la prestación es de cuatro meses, y en estos supuestos las personas tendrán derecho a una prestación de hasta el 100% del IPREM para las cotizaciones que superen el umbral de 61 euros y del 80% del IPREM para las que estén por debajo de ese nivel.

"Hoy es un día muy importante porque se aprueba una protección social que muy pocos países tienen, y es una de las medidas que más han luchado los trabajadores de la cultura", señaló entonces Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que aseguró que los trabajadores tendrían una mayor protección social a pesar de la "intermitencia" de los trabajos culturales. 

El sector cultural acogió la noticia con optimismo. La secretaria general de Unión de Actores y Actrices, Silvia de Pé, calificó incluso el día de "histórico" en declaraciones a Europa Press, tras asegurar que llevaban luchando "diez años" por una medida así. Por su parte, el presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Antonio Onetti, afirmó que la decisión facilitará un crecimiento "a medio plazo" y "ayudará a la recuperación".

Desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) tacharon la medida de ser "un gran avance en la protección de los derechos de un sector que lleva intrínseco la incertidumbre y la temporalidad en su actividad económica". Aún así, algunos organismos como la Asociación Colegial de Escritores (ACE) mantuvieron la cautela, a la espera de ver hasta qué punto se habían atendido otras reclamaciones y cuál era la redacción final del texto, antes de poder comentarlo.

Otras medidas

El Gobierno también aprobó junto a la prestación por desempleo otras cuatro medidas. En primer lugar, la compatibilidad entre el cobro de la pensión de jubilación y cualquier actividad artística que genere rendimientos económicos, que está acotada a los ingresos que no superen el umbral del SMI. Hasta ahora esa compatibilidad sólo alcanzaba a actividades que generaban derechos de propiedad intelectual, pero a partir de la entrada en vigor de esta norma también se aplicará a actividades conexas.

En segundo lugar, se reguló la cotización de los pensionistas cuando realicen actividades artísticas, que será únicamente por contingencias profesionales, con una cotización especial de solidaridad del 9% de contingencias comunes.

En cuanto a la situación de los artistas autónomos de bajos ingresos (iguales o inferiores a 3.000 euros anuales), la norma incorpora una cotización reducida, por lo que en 2023 se fija una base de cotización para ellos de 526,14 euros, que supone una cuota mensual de 161 euros.

Por último, se crearon dos comisiones. La primera estudiará e impulsará medidas de reconocimiento de la intermitencia en el ámbito laboral y de la Seguridad Social de los artistas y trabajadores autónomos de la cultura. Y el segundo grupo de trabajo tiene como objetivo impulsar la evaluación y el reconocimiento de determinadas enfermedades profesionales derivadas de las actividades específicas en el sector cultural. Ambos estarán integrados por representantes de los departamentos ministeriales competentes, así como de las organizaciones sindicales y empresariales y otras organizaciones representativas del sector cultural.

Futuro

Desde el Ministerio de Cultura explicaron a este periódico las siguientes medidas que planean implementar en el sector cultural. Algunas de ellas serían la adaptación del sistema de cotización de los autónomos culturales; la revisión del catálogo de enfermedades profesionales; el estudio de las transiciones profesionales, que tiene que ver con la formación profesional y con la formación para el trabajo; el desarrollo de la Ley de enseñanzas artísticas superiores; la separación de la oferta formativa entre espectáculos en vivo y audiovisual o el reconocimiento de la legitimidad procesal de las asociaciones de profesionales para el ejercicio de acciones en defensa de sus asociados.

Todas estas medidas tienen el objetivo de construir un marco legal adaptado para regular las condiciones en las que los artistas desarrollan sus actividades, que tienen para el Ministerio de Cultura unas "características incuestionables" que "difieren sustancialmente de las habituales". Todo para que "en aplicación del principio de igualdad, estén en las mismas condiciones que el resto de trabajadores y profesionales".