El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitirá este martes una sentencia que marcará las posibilidades de la Justicia española para reclamar a Bélgica la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont.

El tribunal con sede en Luxemburgo contestará a las cuestiones prejudiciales planteadas por el instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sobre la posibilidad de reclamar a los procesados por impulsar el proceso de independencia en Cataluña que se encuentran fugados de la Justicia española.

En aquella prejudicial, presentada tras el rechazo de la Justicia belga para entregar a España al exconsejero del Gobierno de Puigdemont Lluis Puig, Llarena lanzó distintas cuestiones, entre ellas si un país de la Unión Europea puede negarse a entregar a un reclamado por otro país miembro si en éste último no hay vulneraciones sistémicas de derechos fundamentales.

El abogado general del TJUE, Jean Richard de la Tour, ya emitió un dictamen en el que apoyó a Llarena, concluyendo que una autoridad judicial de la Unión no puede negarse a ejecutar una orden europea de detención (OEDE) por posible vulneración de derechos fundamentales del reclamado salvo que haya "deficiencias sistémicas" en el Estado de Derecho del país emisor. De ahí que en el Tribunal Supremo se espera que el tribunal de Luxemburgo también falle a favor de los intereses de la Justicia española.

Pendiente de la inmunidad

La resolución, en caso de confirmar que los jueces belgas no pueden negarse a entregar a los reclamados por España, daría pie a que Llarena vuelva a emitir una orden europea de detención contra Puigdemont y los consejeros fugados con él.

Una vez entró en vigor la reforma de la sedición y la malversación impulsada por PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el instructor del procés modificó el procesamiento del expresidente catalán, eliminando el delito de sedición desaparecido del Código Penal. Considera -al contrario que la Fiscalía y la Abogacía del Estado- que en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados no encajan los hechos atribuidos a los políticos independentistas. De ahí que si el juez decide emitir de nuevo una OEDE contra Puigdemont, tendrá que hacerlo por los delitos de malversación y desobediencia por los que le mantiene procesado.

Aunque el TJUE falle a favor del Supremo, todavía queda otra sentencia clave para despejar el futuro judicial de Puigdemont y los consejeros de su gobierno fugados Toni Comín y Clara Ponsatí, residentes en Bélgica y Reino Unido.

El juez espera la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que previsiblemente se hará pública en febrero o marzo, en la que se pronunciará sobre si el expresidente catalán debe recuperar su inmunidad plena. El tribunal resolverá en ésta la demanda que presentaron Puigdemon, Comín y Ponsatí contra la decisión del Parlamento Europeo de conceder el suplicatorio que solicitó Llarena para que perdieran su inmunidad como europarlamentarios y así proceder contra ellos y poder reactivar órdenes europeas de detención.

Puigdemont también se encuentra expectante a la emisión de dicha sentencia para decidir si regresa a España o continúa viviendo en Waterloo. Su defensa continúa alegando que el Tribunal Supremo ejerce una «persecución política» contra él y ha vulnerado sus derechos fundamentales, así como que los hechos cometidos por el expresidente catalán y los miembros de su gobierno no encajan en ninguno de los delitos por los que han sido reclamados.