Julio (nombre ficticio) acudió a su puesto de trabajo el 1 de octubre de 2017. Para entonces ya llevaba dos semanas durmiendo en el camarote de un barco atracado en el Puerto de Barcelona, lejos de su cuidad. Él era uno de esos 1.200 agentes de antidisturbios de la Policía Nacional (UIP) a los que se le encomendó frenar el referéndum ilegal en Cataluña. Ahora, junto a 44 de sus compañeros, se enfrenta a penas de nueve años de prisión y 12 de inhabilitación por “torturas y contra la integridad moral”.

Más de cinco años han pasado desde los hechos. “Nos lo temíamos por cómo fue la actitud del juez durante todo el juicio”, explica a este periódico. Los policías han denunciado la actitud “persecutoria” y “subjetiva” del instructor del Juzgado número 7 de Barcelona. “Hicimos nuestro trabajo y ahora nos enfrentamos a un juicio político”.

Para el juez instructor, de la investigación llevada a cabo, que se ha prolongado más de cinco años, se desprende que los policías imputados pudieron incurrir no solo en "delitos leves o menos graves de lesiones", sino también en los previstos en los artículos 174 y 175 del Código Penal: torturas y contra la integridad moral.

“Cuando se veían agresiones por parte de los radicales, el juez las tildaba de ligeras. A nosotros en cambio, si agarrábamos a alguien nos decía que era un uso desproporcionado de la fuerza”. A Julio y a sus hombres, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les encomendó que no se celebrase la votación ilegal, que despejasen los colegios. “Éramos los únicos habilitados para estar allí”.

El juez relaciona las lesiones ocasionadas al empleo de la “defensa reglamentaria”, algo autorizado en el operativo policial del 1 de octubre. “Sabemos perfectamente que eso produce un dolor no muy grande durante unas horas y ya. Quizás un moraton un día, pero no más”. A Julio le extraña que se hayan archivado denuncias contra “agarrones y empujones” cuando “podemos hacerle más daño a alguien así”. Por cada unidad de intervención, compuesta por 29 agentes, enfrente había 600 personas que “pateaban y daban mordiscos”. “Usamos un uso proporcionado de la fuerza”.

De todos los colegios intervenidos el día del referéndum, de todas las actuaciones policiales, de todos los heridos, sólo se sigue adelante el procedimiento contra los policías que actuaron en Barcelona. En los 25 colegios donde el juez considera que se propasaron. “Ni en los colegios de otras capitales donde actuaron compañeros ni en los de zonas rurales donde estaba la Guardia Civil hay procedimientos”. Este es otro motivo por el que creen que el juez tiene alguna cierta inquina personal contra el colectivo.

“Esto es un cuerpo jerarquizado, si a nosotros nos mandan y nos dicen que no nos podemos ir, no podemos abandonar el colegio”. Julio explica que aquel día no tenían orden de servicio como sí tienen los miembros de la UIP en otras ocasiones. “En un partido de fútbol, por ejemplo, sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y cuándo”. El 1 de octubre tenían que emplear 20 minutos por cada colegio. La violencia y el número de personas era tal que en una ocasión tuvieron que echar 90 en un solo centro.

“Todas las veces que he ido a declarar nos han mirado con lupa cada testimonio”, recuerda. El juez, por otra parte, da credibilidad a los testimonios de los independentistas en su auto. Recoge frases como “habla normal, cerdo de mierda”, “puta”, “catalán de mierda”, “qué, tú también quieres”, “puta, zorra, quítate de aquí”, “hijo de puta, payaso”.

En otra línea de su escrito, apunta que M. S. M., “manifiesta que el día de los hechos recibió una fuerte bofetada en la cara por parte de un agente y fue arrastrada por el suelo. Que en un momento determinado el agente le tocó los pechos y le dijo <<puta vieja, no me gustan tus tetas>>”. Julio se ríe: “Pero cómo vamos a estar en un operativo así atentos a las tetas de nadie. Además que con el casco no se nos entiende tanto”.

Julio teme que este proceso, que ya les ha llevado cinco años y medio, se alargue “otros 10 más” por los recursos que se tengan que poner hasta que les absuelvan. Todo por el que les dijeron que era “el operativo más importante de la democracia” mientras dormían en literas en un barco en el Puerto de Barcelona.