Momento crítico el que atraviesan, por un lado, las relaciones políticas entre los partidos del Gobierno y, por otro, las entabladas entre Moncloa con sus socios de investidura y legislatura. El PSOE y Pedro Sánchez buscaron en diciembre sellar cualquier reforma polémica, caso de la relacionada con el Código Penal vinculada a la sedición y la malversación, para centrarse desde el inicio de este año en la competencia electoral y en desarrollar un calendario estratégico centrado en ello; tras un borrón y cuenta nueva. Las estimaciones eran ciertas, de hecho, entre las propias filas socialistas se reconoce que, como también se percibe en las encuestas, los cambios penales han perjudicado la proyección de la formación en los sondeos. Con todo, y aunque ya presente en el centro del debate, la ley del 'solo sí es sí' ha afectado de bruces el itinerario de Ferraz y el gabinete del presidente del Gobierno.

Las relaciones del PSOE con los morados pocas veces han sido del todo llevaderas, pero inmersos en el ciclo electoral, esto ha ido a más. Y está siendo la norma 'estrella' del Ministerio de Igualdad y de la ministra Irene Montero la que está llevando al límite la estabilidad de la coalición. Hay división de opiniones al respecto. Por un lado, fuentes socialistas determinan que el objetivo debe ser alcanzar un consenso y estirar hasta final de año la legislatura. "Debe haber cesiones por ambas partes". Sin embargo, fuentes más próximas al Ejecutivo consideran que, de empeñarse Unidas Podemos en mantener la fricción y no aceptar la vía 'rápida' propuesta por el Grupo Socialista a través de una proposición de ley, se optará por un acercamiento al PP. Los de Cuca Gamarra, en la cámara, no descartan del todo apoyar al PSOE a pesar de haber puesto sobre la mesa una iniciativa similar con anterioridad. Y es que los populares creen que la ideología no debe ser un impedimento para solventar el problema: las rebajas masivas de penas a condenados por delitos sexuales.

La complejidad de las relaciones entre socios internos y externos ha quedado demostrada en el último pleno de las Cortes, que ha centrado su transcurso en la aprobación de la ley del bienestar animal. Cada pleno con votaciones troncales para el Gobierno ha pasado a ser una contrarreloj de búsqueda de respaldos in extremis, con aliados inestables que han variado de posición. Y esta no ha sido menos. Se ha requerido de Junts, crítico de la gestión de Sánchez durante la legislatura, para sacarlo adelante. Y todo ello desde el fin del debate, a la votación: una hora y media después. Fue complicado en la última reforma laboral, que salió adelante en febrero de 2022 por el voto erróneo a favor del diputado popular Alberto Casero. Sin ERC. Lo fue el pasado julio con el segundo paquete de medidas económicas por la guerra de Ucrania, con la abstención final de los republicanos que impidió que no se convalidara. Y lo vuelve a ser.

En el caso del bienestar animal, la posición común de toda la izquierda del PSOE, incluido la nacionalista e independentista, era el 'no'. Un rechazo a que se excluyera del marco de protección vía enmienda socialista a los perros de caza. ERC o Más País advertían desde el principio de la semana que mantendrían esa postura si no se retiraba, un inmovilismo, con todo, mantenido por los de Patxi López. Fuentes moradas, en las horas previas a la votación, reconocían que la decisión debería debatirse, pero siempre veían favorable optar por 'el mal menor'. "Haremos todo lo posible", aseguraban. Y así ha sido. La presión de los de Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, ha sido la que ha equilibrado la balanza hacia la cesión para asumir "la enmienda de la vergüenza", tal y como la han definido internamente los morados. Todo, en un contexto en el que ERC pide al Gobierno que rebaje la tensión y de su brazo a torcer de forma equilibrada para resolver cuanto antes los problemas del 'sí es sí'. Una de las condiciones, podría haber sido instigar eso. Más País, siempre habitual del lado de Moncloa, no lo ha tolerado, en cambio. El PNV, ha considerado por su parte, aunque de manera aislada, que esta ley invade sus competencias autonómicas en la materia.

La capacidad de llegar a acuerdos se estrecha con ERC, aunque ocasionalmente termina cediendo por presión de Unidas Podemos. Teruel Existe ha virado hacia el 'no' y la abstención desde septiembre

Esa desligazón de socios también se aprecia en el Grupo Mixto con Teruel Existe y el PRC de Cantabria. Mientras que los de Tomás Guitarte terminaron el ciclo de sesiones en verano y comenzaron septiembre apoyando cuestiones tan esenciales para Moncloa como el decreto de sostenibilidad económica -coloquialmente denominado 'energético'-, la distancia con el PSOE cada vez es más visible. La formación del movimiento España Vaciada se negó a votar a favor de los Presupuestos, de la reforma de sedición y malversación, y también el último decreto anticrisis -por entenderlo perjudicial en la apuesta por energías limpias al suspenderse temporalmente la limitación de emisiones-, y ahora se ha abstenido en relación a los animales. El PRC no, y ha votado en contra. En el sentido contrario, el BNG se ha abierto hacia una posición más cotidiana de abstención.

Inaudito consenso entre la derecha y el nacionalismo

Otra de las muestras de desgaste a nivel externo, entre Ejecutivo y socios habituales, ha sido la inaudita alianza entre los partidos del centroderecha y el resto de grupos a excepción del PNV para reprobar al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. Con una mayoría simple de 173 'síes' y 160 'noes'. Ello, por la falta de transparencia en lo relacionado con el masivo salto de la valla de Melilla en junio del año pasado, que se saldó con una veintena de muertos. El acercamiento a la postura del PP demuestra una falta de confianza por parte de los parlamentarios hacia el titular de Interior, uno de los ministerios más relevantes. Aunque esta, no obstante, viene ya de lejos. Y los hechos de Melilla hicieron acentuarla más.

Que socios preferentes como ERC y EH Bildu hayan apoyado una iniciativa del PP, radica sobre todo en que no es de carácter vinculante. Pero también a que aún requieren explicaciones por parte del ministro sobre los sucesos en la frontera con Marruecos. Y es que los detalles de Marlaska, como que no se produjeron víctimas en territorio español, han desentonado con diversas grabaciones visionadas por los diputados o un documental publicado por la BBC. Aunque ya se ha archivado la investigación. Un hecho destacable, y en esa línea de cesiones ya comentada, es que Unidas Podemos, que también cuestiona la falta de responsabilidades asumidas por el titular de Interior. Pero se ha mantenido firme junto al PSOE en el 'no', ambos acompañados por los nacionalistas vascos. En noviembre, los morados sí se sumaron a EH Bildu para impulsar una comisión de investigación que esclareciera lo sucedido en Melilla. Y el PP, para no hacerse 'la foto' con el independentismo, amagó.