La noticia del año 2017 fue la aplicación por primera vez en la historia del artículo 155 en Cataluña, según el Informe de las Comunidades Autónomas elaborado por el Instituto de Derecho de Barcelona. Una medida que no se había visto nunca antes en España pero que responde a la "reiterada desobediencia de los dirigentes políticos" que culminó con la aprobación de las leyes de desconexión. Meses después de su aplicación y de unas elecciones autonómicas a consecuencia de la intervención del Estado "no ha sido tan dramática como cabía esperar", según el documento, aunque a posteriori, la situación parece igual de bloqueada.

El Instituto de Derecho de Barcelona hace balance del año 2017, del que destaca la parálisis parlamentaria tras un largo gobierno en funciones y una serie de problemas de gobernabilidad reflejados en la falta de presupuestos para este año 2018. Un escenario que por el contrario no se vive en las Comunidades Autónomas, que disfrutan de una mayor estabilidad institucional. "Las CCAA parece que se están adaptando mejor a la nueva cultura política, propia de una democracia consacional, ya no sólo fundada en la alternancia", reza el informe.

Éste destaca las diferentes fórmulas que se han llevado a cabo en las regiones para gobernar, así como la falta todavía de un nuevo modelo de financiación autonómica, que continúa sin revisarse, aunque ve mejoras en la creación de una comisión de expertos que ha elaborado un importante informe para la revisión del sistema tras la Conferencia de Presidentes.

Por otro lado, "el Tribunal Constitucional sigue dificultando que las CCAA hagan muchas de sus políticas sociales, avalando un entendimiento muy amplio y material de las normas básicas del Estado, y alejando a las CCAA del ejercicio de sus competencias sobre servicios públicos esenciales". Esta no es la perspectiva adecuada a juicio del IDB, que señala que "una jurisprudencia más matizada y medida debería ser posible".

La reforma constitucional también está incluida en este documento ya que este año se han producido diversas propuestas por parte de los partidos políticos para llevarla a cabo y al inicio de 2018 ya se han producido varias comparecencias en el Congreso para abordar la evaluación y modernización del Estado autonómico, aunque no se ha concretado nada todavía. "La reforma constitucional no será rápida, no puede serlo por la compleja situación política que tenemos y la falta de compromisos, pero los acuerdos sólo se consiguen trabajando: también en las reformas constitucionales", señala el informe.

El Informe de las Comunidades Autónomas se elabora desde hace ya casi tres décadas como resultado de un trabajo que cuenta con la colaboración de diversos académicos de las distintas Comunidades Autónomas. Un profesor universitario de cada Comunidad examina la actividad institucional de la misma durante el año y otros profesores estudian las principales normas y políticas públicas del Estado autonómico.