Esquerra Republicana ha acusado a la justicia española de "atentar contra el sistema democrático y la voluntad expresada por las mayorías en las cámaras legislativas" tras hacerse público el auto del Tribunal Supremo sobre la revisión de la sentencia del procés, que mantiene la inhabilitación de Oriol Junqueras, y los otros tres ex consejeros condenados por malversación.
La portavoz de ERC, Marta Vilalta, se ha felicitado por la caída de las condenas por sedición, pero ha acusado al Tribunal Supremo "dar un golpe a la democracia" y estar supeditado a la "derecha más retrógrada" con una revisión de las condenas que a su juicio sigue remitiéndose a la reforma del delito de sedición aprobado en su momento por el Gobierno del PP.
"Los jueces quieren dejar en papel mojado la intención del legislador, el trabajo democrático en las Cortes" ha denunciado Vilalta minutos después de hacerse pública la decisión del Supremo, conocida durante la reunión de la Ejecutiva de ERC. "Aplicar el Código Penal como si no hubiera habido ninguna modificación, manteniendo la modificación del PP ad hoc para perseguir al independentismo es una arbitrariedad más de las que sufrimos" ha concluido.
La prueba de esa arbitrariedad, ha añadido la portavoz republicana, "es que desaparezca el delito más grave -la sedición- pero la pena impuesta sigue siendo la misma".
Sigue la batalla
Vilalta ha advertido, sin embargo, que "la demostración de esta arbitrariedad facilitará" el recurso contra esta sentencia en instancias europeas. Ha dejado claro, en este sentido, que "esto no se va a quedar aquí", y ha anunciado que "seguiremos batallando judicialmente y políticamente para que se haga justicia".
La portavoz republicana ha advertido de que el equipo jurídico de ERC debe estudiar todavía el auto del Supremo, pero ha apuntado ya a un recurso ante el Tribunal Constitucional, para elevar después la causa a la justicia europea, "que estamos convencidos de que nos dará la razón como hace casi siempre".
Pese a la negativa del TS a rebajar las penas de inhabilitación para Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa de ERC y Jordi Turull de JxCat, Vilalta se ha felicitado por los efectos de la derogación de la sedición. Esta reforma suspende las inhabilitaciones de Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
"Celebramos que caigan las penas por la de derogación del delito de sedición" ha apuntado, "el tribunal reconoce que se ha despenalizado cualquier proceso independentista no violento como el nuestro".
JxCat cree que nada ha cambiado
Para Junts, sin embargo, la decisión del Supremo demuestra que "nada ha cambiado" con la reforma del Código Penal pactada por ERC y PSOE. El secretario general de JxCat, Jordi Turull, uno de los condenados que ha visto cómo se mantiene intacta su inhabilitación por el delito de malversación, ha denunciado que el TS "sigue haciendo de legislador, opinador político y justiciero".
Turull ha añadido que el nuevo Código Penal "sirve para seguir criminalizando el 1 de octubre" y se ha reafirmado en el voto de su partido contra esa reforma. El "problema del Estado español no es la separación de poderes, es el cruce de poderes", ha añadido el número dos de Junts, quien ha descalificado además la reforma del Código Penal, tachándola de nuevo de "solución personal" para los líderes del procés.
La decisión del TS
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha revisado la sentencia del procés en aplicación de la reforma legal del Gobierno para los delitos de sedición y malversación y ha condenado ha Junqueras, por los delitos de malversación y desobediencia en concurso medial, manteniendo la inhabilitación para el presidente de ERC hasta 2031.
Los magistrados, tal y como adelantó El Independiente, concluyen que deben condenar a Junqueras y los exconsejeros del Gobierno de Carles Puigdemont como autores de un delito de desobediencia en concurso real con un delito de malversación de caudales públicos.
Rechaza rebajar la pena por el delito de malversación que los cuatro tenían impuesta, manteniendo las penas según se impusieron con el artículo 432 del Código Penal, que quedará extinguida, según la liquidación de condena ya practicada en las respectivas ejecutorias, en el año 2031 en el caso de Junqueras y Bassa, y en el año 2030 en el de Turull y Romeva.
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