Quedó como la gran herida de la reforma laboral de Yolanda Díaz. Fue la razón por la que Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) se opusieron a la ley en el Congreso, que no habría salido adelante de no ser porque un diputado del PP votó "sí" por error. Aumentar la indemnización por despido es también una repetida petición de los sindicatos al Gobierno, que entienden que no pueden seguir siendo las mismas con un Ejecutivo progresista que como las dejó Mariano Rajoy.
Pero hasta ahora y después de rechazar de plano abordarlas en la reforma laboral, la ministra de Trabajo tan solo había lanzado globos sonda al respecto. En octubre sugirió en unas jornadas que el coste del despido debía depender de la situación personal del trabajador. En junio, comentó en una Comisión en el Congreso que debía modernizarse y llevarse "hasta lo que se está haciendo en Europa", es decir, hacia un despido "restaurativo y disuasorio".
En ningún momento anunció la creación de ninguna mesa de negociación al respecto, habló de plazos ni aterrizó la idea.
Sin embargo, y después de varias sentencias al respecto y de su intervención de este miércoles en el Congreso de los Diputados, donde recalcó que despedir "es demasiado barato" y que por tanto "sale a cuenta", desde su equipo son mucho más claros: el Ministerio de Trabajo modificará la indemnización por despido actual si así lo recomienda el Comité de Derechos Sociales en su dictamen, que está cerca de conocerse. "Nos atendremos al dictamen del Comité", afirman fuentes de su departamento.
El Comité de Derechos Sociales se pronunciará "pronto"
Está previsto que el Comité de Derechos Sociales, un órgano conformado por expertos y dependiente del Consejo de Europa -organización internacional con sede en Estrasburgo y que tiene como miembros a 46 países europeos, pero no pertenece a la Unión Europea- emita próximamente un dictamen a raíz de que tanto CCOO como UGT hayan presentado sendas reclamaciones para denunciar que España no cumple con la protección que debe dispensarse a los trabajadores frente al despido improcedente.
La resolución del Consejo no será vinculante, esto es, España no estaría obligada a cumplirla, pero podría generarse un choque si las sentencias de los jueces van en un sentido y la legislación española en otro.
El Comité admitió a trámite la reclamación de UGT en la misma semana en la que resolvió que Francia incumple el derecho de protección en caso de despido, que se recoge en el artículo 24 de la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es por eso que en el sindicato se muestran esperanzados con que apuntará en el mismo sentido en el caso de España.
"Para el sindicato, la indemnización por despido debe ser suficientemente reparadora y proporcional del daño que produce a la persona trabajadora, y hasta el momento, no lo es, sobre todo para las que llevan poco tiempo empleadas. El trabajador o trabajadora sufre perjuicio si pierde el trabajo de forma arbitraria y el coste del despido se ha devaluado en las últimas décadas", apuntaron desde UGT en su reclamación.
"La legislación vigente en España en relación con las garantías ofrecidas a las personas trabajadoras afectadas por un despido improcedente es incompatible con las garantías que otorga la Carta Social Europea revisada en la interpretación que de la misma ha venido haciendo el Comité de forma reiterada, consciente y explícita", se pronunciaron también desde Comisiones Obreras (CCOO).
Por otra parte, en CCOO también entienden que para cumplirla habría que restablecer los salarios de tramitación, es decir, esos sueldos que el trabajador no ha cobrado desde que es despedido hasta que su despido es calificado como improcedente, y que hasta la reforma laboral de 2012 eran algo común. Los sindicatos se conformaron con que estas dos partes, de las más lesivas de la reforma laboral de 2012, no se tocasen en la de 2021, pero continúan pensando que es necesario abordar ambos temas "de manera inmediata" en la mesa de diálogo social y adecuar esta materia a la legislación vigente.
Ahora, en UGT opinan que el Gobierno no debería oponerse a aumentar las indemnizaciones por despido, en primer lugar porque fue uno de sus compromisos electorales. Por tanto, esperan que no se trate de una promesa electoralista de Díaz, sino de un cumplimiento de las intenciones programáticas del conjunto del Gobierno, además del cumplimiento de lo que entienden que determinará el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa.
Yolanda Díaz, favorable a las indemnizaciones "a la carta"
¿Cómo podría modificarse el despido? ¿Hasta dónde podría aumentarse la indemnización? Algunas de las ideas que Díaz ha formulado durante los últimos meses alrededor de este tema han abierto la puerta a adaptar la indemnización a la edad del trabajador, ya que si un joven preparado y formado es despedido va a poder reincorporarse al mercado de trabajo fácilmente, al contrario que una persona de mayor edad.
Del lado de la oposición, ERC, Bildu y BNG han propuesto, a través de una proposición de ley que registraron en mayo en el Congreso, recuperar la indemnización de 45 días por año trabajado en los casos de despido improcedente -ahora es de 33 días hasta un máximo de 24 mensualidades-, así como los ya mencionados salarios de tramitación.
Este lunes, por otro lado, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona sirvió a Díaz para asegurar que los tribunales dicen lo que ella "viene defendiendo". La sala de los civil estableció una indemnización por despido improcedente superior a los 33 días por año trabajado que ahora establece la ley, en una sentencia pionera que se apoya en que "cada vez mayor número de sentencias que admiten la posibilidad de reconocer a los trabajadores una indemnización superior a la establecida legalmente basándose en lo dispuesto en el Convenio 158 de la OIT y en el artículo 24 de la Carta Social Europea".
No obstante, Trabajo no ha formulado ninguna propuesta concreta, más allá de las recientes declaraciones de Díaz, que de nuevo este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros insistió en que la indemnización no debía estar topada con una cantidad fija, como ahora sucede en España. Tampoco está claro qué plazos seguiría el Ministerio en caso de que el Comité de Derechos Sociales se pronuncie en las próximas semanas pidiendo una mayor indemnización por despido. Con las elecciones autonómicas en mayo y las generales en diciembre, más el Estatuto del Becario y el del Artista a medio desarrollar, parece complicado un cambio legislativo importante. Mientras, los sindicatos mantienen la esperanza.
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