Vox ha optado por la estrategia del silencio para evitar referirse a Macarena Olona y reavivar cualquier brasa remota que aún haya podido quedar presente de la crisis que atravesó la formación entre septiembre y octubre del año pasado. El primer gran cisma, en definitiva, que afectó a los de Santiago Abascal tras la salida de su ariete parlamentario de la política. En referencia a las acusaciones de Olona por supuestas irregularidades de fondos de Vox a la Fundación Disenso, su think tank -como puede ser FAES con el PP-, desde la sede nacional de Bambú se culpa a la izquierda mediática, en particular al periodista Jordi Évole, el último que ha dado voz a la alicantina, y al diario EL PAÍS, que este sábado adelantaba al misma información. Ninguna alusión, en cambio, al comportamiento de Olona. Sí algunas buenas palabras hacia ella en un contexto privado, pero sin profundizar. Y también un hecho que esconden de cara al público: gran parte de la organización, a diferentes escalas de poder, estuvieron pendiente de la reaparición televisiva de su excandidata a los comicios andaluces.

La conclusión interna es generalizada: ha repetido la mayor parte del discurso mantenido durante su regreso al foco mediático a finales de agosto, pero no ha aportado novedad alguna a las informaciones ya publicadas. Por ello, insisten en que el darle voz va destinado a desgastar a Vox a pocas semanas de la primera contienda electoral del año. Ahora bien, no señalan a La Moncloa como promotor, como algunos medios de comunicación afines sí ha estimado. La principal novedad que tanto Olona y, primero, el periódico de Prisa han dejado es una duda en la transparencia orgánica del partido, algo que se ha abonado estos meses sumado al cuestionamiento de la democracia interna. Y sobre este último asunto, Bambú sentencia: "la militancia vota y decide, por tanto sí hay democracia interna".

Olona incidió este domingo en las informaciones publicadas que aluden a un a donación en febrero de 2022 desde Vox a la Fundación Disenso por un valor de dos millones de euros. Una cifra que, sumada a las sí conocidas de 2,5 millones en 2021, de 370.000 euros en 2020, y de 30.000 como carácter fundacional, alcanza los 4,9 millones. La problemática radica en que esa última operación no se habría puesto en conocimiento de los afiliados dos meses más tarde, en la asamblea anual del partido. Y con ello, la exdirigente de Vox atribuye esta prácticas a la ausencia de transparencia que ella y otros exmiembros de la formación de Abascal llevan denunciando desde hace años. Un ejemplo es Juan Jara, exvicepresidente del partido.

En el caso de la publicación de EL PAÍS, se hace mención directa al tesorero Pablo Sáez, que no hizo alusión alguna a la donación. Algo a destacar, teniendo en cuenta que el dinero en caja del partido era de 10,2 millones y ello suponía un 20% del patrimonio de la marca. En agosto, no obstante, sí que se observa en los presupuestos del año pasado, que Vox subió a su página web, esa misma cantidad trasferida en febrero bajo un concepto de "aportación a entidades vinculadas". Por estas cuestiones, y no haber detallado en abril a sus afiliados el concepto exacto de esa donación, Olona pone en duda que Vox esté dispuesto a presentar ante la Agencia Tributaria el modelo 347, una declaración por el que las sociedades informan a Hacienda de los movimientos monetarios superiores a los 3.005,06 euros desarrollados durante el ejercicio. Frente a este órdago, el vicepresidente de la formación y responsable de la Acción Política, Jorge Buxadé, no se ha pronunciado. Pero sí ha insistido en la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política, en dos ocasiones, que Vox y la Fundación Disenso son la misma entidad. Ello, pese a contar su laboratorio de ideas con personalidad jurídica propia.

Vox recalca de no aportó conocimiento de la última donación a Disenso porque concibe al ejercicio fiscal actual. Rendirá cuenta en marzo, en la próxima asamblea anual

Fuentes de Vox han salido al paso de estas acusaciones horas posteriores y han detallado a EL INDEPENDIENTE los pormenores de esta operación. Aseguran que al tratarse de una fundación ligada a Vox, además de estar auditada internamente, de acuerdo con la Ley de Partidos Políticos, como el resto de grupos, también está bajo el control del Tribunal de Cuentas. "Está regido por ambos", insisten, y atribuyen este "nuevo foco a Disenso" a ataques interesados desde la izquierda. Porque "el Tribunal de Cuentas no ha puesto pegas en ningún momento".

Otras fuentes nacionales de Vox hacen hincapié en que en la última asamblea anual del partido solo debía rendir cuenta del ejercicio cerrado, que correspondía al año 2021: "desde el 1 de enero al 31 de diciembre". Por ello, solo se abordó la transferencia de 2,5 millones de euros durante ese periodo. Y será en la próxima asamblea de marzo, que aún no cuenta con una fecha concreta, cuando se rinda cuentas de ese movimiento de dos millones más. "Se está auditando ahora para mandarlo al Tribunal de Cuentas", recalcan las mismas fuentes, que apelan a la petición de trasladar los datos de los ejercicios al completo.

Ahora bien, la petición de Olona para que Vox muestre el modelo 347 de la Agencia Tributaria radica en que con él pueden observarse los elementos básicos y el destino de esas donaciones una vez llegan a la Fundación Disenso. Es decir, si se mantienen dentro o salen dirigidas hacia otros ámbitos.

Acusaciones de intervencionismo en Murcia

Al margen de las acusaciones veladas por financiación irregular al think tank, Olona también acusó a Bambú en su entrevista de "intervenir" las cuentas del Grupo Parlamentario Vox en Murcia, su primer gran bastión, para "poder disponer de la contratación de asesores y de las cuentas de las subvenciones" mensualmente regadas con 19.000 euros. Olona apuntó que la Justicia dio la razón a los "tránsfugas", tal y como los definió los de Abascal, vía sentencia, porque "quedó acreditado que actuaron conforme a la ley cuando se negaron a que el partido interviniese las cuentas del grupo" mediante terceros para que actuasen en su nombre.

Fuentes conocedoras de este hecho, recalcan la veracidad de la versión de la exdiputada. Y aunque matizan que es una práctica tradicional del bipartidismo a la que se ha suscrito Vox, consideran que los métodos empleados han sido mucho más coactivos. Entre ellos, la apropiación de la firma digital del entonces portavoz para poder hacer operaciones; algo ilegal y que, según ha conocido este medio, descuadró y alertó a líderes provinciales o diputados madrileños, inmersos en la preocupación. Aunque finalmente, "tragaron" porque "solo importa la lealtad al partido". También aluden a "pequeños actos de financiación ilegal" por parte del actual candidato y líder autonómico José Ángel Antelo, a cuya publicación en los medios "nadie se ha querellado". Todo en cantidades pequeñas de unos 3.000 euros.

Desde Vox insisten en su versión contraria. Afirman que cotidianamente los grupos acuerdan con sus partidos una cuota de los fondos percibidos para las arcas de la formación. Pero "había quien no quería hacerlo, lo que dio lugar a la expulsión", comentan fuentes nacionales, que lo ven coherente de acuerdo al resto de disciplinas de partido. Se niega así que haya habido presiones para otorgar poderes a terceros. La reacción de Vox se tomó después de que los diputados regionales murcianos bloquearan las cuentas parlamentarias. Algo que hicieron "por miedo" a que, ante las dudas generadas y con la firma digital del líder parlamentario, Bambú decidiera mover dinero a su nombre perjudicarlos a la larga con desvío de fondos. Porque, ante un juez, "sería poco creíble la cesión de la firma". "A Francisco Serrano [exlíder de Vox en Andalucía] se lo han cargado así", apuntan las mismas fuentes. Fuentes regionales recuerdan que la Ley de Partidos prohíbe el mandato imperativo a sus representantes.