La Fiscalía ha mantenido en la fase final del juicio a la presidenta de Junts, Laura Borràs, la petición de condenarla a seis años de prisión y 21 de inhabilitación por presuntamente fraccionar 18 contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El juicio de las presuntas irregularidades en la contratación de la ILC cuando Borràs estaba al frente de la entidad ha quedado visto para sentencia este miércoles, confirmando el pacto del ministerio público con los otros dos acusados, Isaías Herrero y Andreu Pujol.

Así, en el trámite de conclusiones finales del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) las fiscales han rebajado la petición de penas para Herrero y Pujol, después de que ambos colaboradores de Borràs admitieran los hechos e inculparan a la ex presidenta del Parlament. Para Borràs, la Fiscalía también mantiene la petición de multarla con 144.000 euros por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental.

Las fiscales han formalizado el acuerdo alcanzado con los otros dos acusados aplicando el atenuante de confesión que "ha tenido reflejo en las penas", han señalado. Para Herrero se rebaja la de presión de seis a dos años, evitando su entrada en prisión. La inhabilitación baja a seis años y cuatro meses y la multa pasa de los 72.000 euros iniciales a 2.100 euros.

Para Pujol la rebaja pasa de tres a un año y dos meses de prisión, cuatro años y tres meses de inhabilitación y una multa de 2.250 euros, lejos de los 30.000 euros iniciales. A Borràs, por contra, le mantiene la petición de las máximas penas por los delitos de prevaricación y falsedad documental que suman esos seis años de prisión.

Confesión de sus colaboradores

Durante el juicio oral, Borràs ha visto como sus ex colaboradores confirmaban ante el tribunal el troceamiento de contratos y la presentación de presupuestos falsos para ocultar ante la intervención de la Generalitat la existencia de un contrato laboral encubierto, según sostiene la Fiscalía. Y cómo la ex gerente de la ILC, Assumpta Pagès, explicaba como en reiteradas ocasiones había advertido a Borràs que los contratos reiterados con Herrero eran una irregularidad.

En su exposición final, la fiscal Teresa Duerto ha destacado que Herrero ha reconocido durante el juicio oral que "trabajaba todo el año" para la ILC y que lo hacía en base a reiterados contratos recurrentes para encubrir ese contrato laboral. Y que lo hacía a partir de una "conjura" entre Borràs, Herrero y Pujol para presentar por cada contrato "tres presupuestos diferentes, que se adjudicaban a personas nominalmente diferentes". Presupuestos que a lo largo del juicio los supuestos beneficiarios han confirmado que eran falsos.

Daño a la administración

La fiscal ha recordado además que el portal web de la Institución de las Letras Catalanas, en cuya construcción se justifican los 300.000 euros facturados por Herrero a la institución durante el mandato de Borràs, ya no existe, por que el informático dejó de pagar el hosting de la web. "El hosting y todas las claves del portal web de una institución pública estaban en manos privadas" ha destacado Duerto.

"El trabajo se hizo" ha reconocido la fiscal como ha repetido Borràs durante la investigación de los hechos, pero "los 300.000 euros que se pagaron del erario público no sirvieron para nada porque esto ya no existe" ha lamentado. "Quizá sí que la ILC tendría que pedir responsabilidades, pero no a los Mossos d'Esquadra ni la Guardia Civil" ha concluido.

Los correos, la prueba clave

La fiscal ha destacado también los correos electrónicos intervenidos en el ordenador de Herrero, en los que se acredita que Borràs estaba al frente de este procedimiento. "Isaías, pensaba que habías enviado el presupuesto a Roger pero me dice que no, pásame los conceptos y ya lo haré" señala en uno.

En otro, "plis, tenemos que hacer tres presupuestos por factura" y en otro de los destacados por la fiscal se queja por tener que elaborar los presupuestos de Herrero. "Piensa que por cada presupuesto tuyo tengo que hacer tres presupuestos, con tipografías diferentes, tengo mucho trabajo, no doy abasto". Eso sí, le aclaraba "por el dinero no sufras, el dinero ya lo tengo reservado".

En este contexto, la fiscal ha defendido el trabajo de los Mossos y la Guardia Civil en el volcado y custodia de los archivos extraídos del ordenador de Herrero, que la defensa de Borràs ha intentando cuestionar. "El informe pericial de parte resta toda credibilidad cuando confunden" las horas de acceso de los Mossos al disco duro del acusado, ha señalado Duerto, que ha acusado a a la defensa de utilizar el informe de esos peritos "de forma torticera para cuestionar la cadena de custodia".