La decisión de Ferrovial de trasladar su domicilio social a Países Bajos ha puesto en el centro del debate la contribución fiscal de las grandes compañías en España y el volumen de cambios regulatorios que está imprimiendo el Gobierno de Pedro Sánchez. La constructora presidida por Rafael del Pino es un estandarte del capital constructor español, cuya firma llevan cientos de infraestructuras aquí y en el extranjero. Y la gran pregunta que cunde en los círculos políticos y empresariales es si este movimiento, contra el que se ha levantado en críticas el Ejecutivo, podría dar pie a que otras empresas decidan imitar sus pasos.

Desde la CEOE evitan, de momento, pronunciarse sobre la decisión de la constructora, que deberá se aprobada por su junta de accionistas. Hace escasas semanas, eso sí, la patronal que dirige Antonio Garamendi señalaba tras conocer los datos de paro que "en un contexto de incremento de costes de producción e incertidumbre económica, decisiones que ahondan en el incremento de la fiscalidad, de las cotizaciones sociales y de los costes salariales actúan como elementos procíclicos y perjudican la creación y el mantenimiento del empleo".

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, aseguró este miércoles que el traslado de sede de la multinacional española a Países Bajos "no es una cosa casual". "Esto nos debe llevar a una reflexión sobre el nivel de presión fiscal, de inseguridad jurídica y de costes laborales de España", enfatizó.

La banca y las energéticas son dos de los objetivos que el Gobierno se ha marcado en esta legislatura y para los que ha aprobado un nuevo gravamen extraordinario sobre sus ingresos. Un impuesto que las grandes compañías han decidido llevar incluso a los tribunales en un reto abierto a Moncloa.

Los últimos cambios en el Estatuto de los Trabajadores y la reforma laboral, aducen fuentes empresariales del sector de la construcción, no incentivan para nada que las compañías quieran quedarse aquí. Entre ellos, citan los últimos cambios en la regulación del despido. "El Gobierno está fomentando que las empresas tengan que deslocalizarse", llegan a asegurar las citadas fuentes, que hacen especial hincapié en los "ataques reiterados del Gobierno hacia la figura del empresario".

A tenor de la subida de precios en el sector de la alimentación, desde las filas de Unidas Podemos se ha cargado con dureza contra las empresas de distribución, poniendo en la diana al empresario valenciano Juan Roig, dueño de Mercadona, al igual que se señaló en su día al fundador de Inditex, Amancio Ortega.

Ferrovial no ha dado razones claras de su traslado a los Países Bajos, más allá de que en la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ensalza la "seguridad jurídica" del país y su calificación crediticia, que le permitirá ventajas a la hora de financiar su deuda. Precisamente, diversos sectores están denunciando el incremento regulatorio que se está realizando el Gobierno en los últimos años, "con una calidad jurídica endeble". En este sentido, denuncian un cambio constante de las reglas de juego que no es del agrado de empresarios y accionistas.

En la cuestión fiscal, Ferrovial sostiene que lo que dejará de tributar en nuestro país será mínimo. Un informe del Banco Sabadell lo cuantifica en hasta 40 millones de euros. El Gobierno español aprobó en 2020 una modificación del Impuesto de Sociedades, con especial repercusión para compañías como Ferrovial, con un elevado porcentaje de sus beneficios que viene del extranjero (82%). A diferencia de Países Bajos, de estar exentos al 100%, pasaron a estarlo sólo al 95%.

En lo que toca a sus dueños y directivos tampoco ayuda el impuesto a las grandes fortunas aprobado por el Gobierno, conocido como 'impuesto a los ricos', que gravará a los patrimonios superiores a los 3 millones de euros. Es una forma de suplir la bonificación que algunas comunidades como Madrid ofrecían. De hecho, los altos directivos de la empresa podrían trasladar a Países Bajos su domicilio fiscal y evitar el gravamen aprobado por Sánchez.

Ayuso: "Sánchez prefiere una España sin empresas"

Precisamente, la decisión de Ferrovial ha provocado también reacciones políticas y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el movimiento demuestra que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "prefiere una España sin empresas antes que dar marcha atrás en su política fiscal". Además, ha considerado "insensato que el Gobierno las señale", en relación a la airada queja que verbalizaron un nutrido grupo de ministros a lo largo del día.

La primera de ellas fue la vicepresidenta económica Nadia Calviño, que incluso telefoneó al presidente de la compañía para mostrarle su rechazo al movimiento. "No sabemos si es firme o no, pero esta decisión es doblemente paradójica en un momento en el que España está atrayendo más inversión internacional que nunca", sostuvo tras indicar que en 2022 España ha recibido más de 30.000 millones de inversión directa, cifra récord con un volumen un 55% superior que el año anterior.

La operación, pensada teóricamente para servir de trampolín hacia la bolsa estadounidense, deberá ser aprobada por la Junta de Accionistas de la compañía. El traslado quedará condicionado a que los titulares de no más del 2,57% del capital de la compañía se opongan a esta operación.