La Comisión Europea tendrá en cuenta el coste que ha supuesto para los estados miembros la acogida de ucranianos que huyen de la guerra. En función de los recursos que los distintos países europeos hayan destinado a este fin, la Comisión elaborará unas recomendaciones económicas u otras. Además, el despliegue que haya realizado cada país se valorará para considerar si se han cumplido las recomendaciones que Bruselas hizo en 2022.

Es uno de los cambios que incluye la documentación relativa a la estrategia fiscal que deben seguir los estados miembros, tras la desactivación de la cláusula de escape. En esas páginas, la Comisión invita a los países a proporcionar información sobre el coste de acoger a refugiados ucranianos en los programas de estabilidad de este año.

"La provisión de esa información permitirá a la Comisión tener en cuenta esos costes presupuestarios en su evaluación de los planes de estabilidad y convergencia 2023, así como del progreso hecho con respecto a las recomendaciones por país de 2022", reza el documento.

Así, el Gobierno deberá detallar en el Programa de Estabilidad de 2023 los gastos vinculados a la ayuda y acogida proporcionada a los ciudadanos ucranianos. La fecha en la que se debe enviar ese documento es el 30 de abril y en él, el Ejecutivo detalla la previsión de gastos e ingresos de los próximos cuatro años. Para ello, los ministerios de Hacienda y de Asuntos Económicos también dibujan las perspectivas macroeconómicas que harán posible el escenario del Programa de Estabilidad.

170.000 ucranianos en España

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, casi 170.000 ucranianos han llegado a España desde el estallido de la guerra. Nuestro país es el quinto de la Unión Europea con más personas recibidas. Del total, 36.000 menores han sido escolarizados y 14.000 están trabajando.

Durante las primeras semanas, se abrieron cuatro centros de recepción, atención y derivación (CREADE) que han atendido a más de 135.000 personas. En ese momento, llegaban a España unas 8.000 personas cada semana. Ahora, según el Ministerio, el flujo ha disminuido hasta las 1.100 personas.

Desde el Estado se ha financiado todos los gastos en los que han incurrido las comunidades autónomas por la acogida y se han dado ayudas de 400 euros al mes para las familias ucranianas durante un máximo de seis meses para ayudar a las que estaban fuera del sistema de acogida.

En marzo del pasado año, el Consejo de Ministros aprobó un crédito de 1.200 millones de euros para el Ministerio de Inclusión, destinado a la acogida de refugiados. El departamento que dirige José Luis Escrivá aprobó una partida de 163 millones de euros para ONG de acogida de refugiados. No obstante, fuentes del Ministerio descartan dar una cifra aproximada de los costes incurridos.

Recomendaciones para España en 2022

El despliegue de recursos que ha llevado a cabo el Gobierno y, en especial, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se tendrá en cuenta para valorar si España ha cumplido con las recomendaciones que la Comisión realizó para nuestro país el pasado año.

El pasado año, Bruselas hizo hincapié en el impulso de la inversión pública en relación con las transiciones ecológica y digital. Además, instó al Ejecutivo a "sostener el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables con objeto de amortiguar los efectos de la subida de los precios de la energía y contribuir a limitar las presiones inflacionistas".

En material laboral, la Comisión esperaba que el Plan de Recuperación contribuyese a "suministrar cualificaciones y capacitaciones pertinentes para el mercado laboral que permitan respaldar la transiciones ecológica y digital de España".

Por último, a nivel macroeconómico, se advertía del elevado nivel de endeudamiento público y se instaba a reducirlo de forma progresiva hacia cifras más sostenibles.

Recuperar niveles de déficit y deuda

Precisamente este miércoles, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, anunció que los países miembros deben comenzar a reducir sus niveles de déficit y deuda, porque 2023 es el último año en el que las reglas fiscales se mantendrán suspendidas. Así, a partir de 2024, Bruselas ha abierto la puerta a sanciones.

Sin embargo, cabe recordar que los Veintisiete están aún definiendo cuáles serán las normas a seguir durante los próximos años, ahora que se ha acordado dejar atrás las reglas comunes, de referencia hasta ahora, del límite del 3% del PIB para el déficit y del 60% para la deuda, y establecer otras por país.

Con este contexto de fondo, ahora Bruselas pide a los estados de la Unión presentar de nuevo en abril sus respectivos planes de estabilidad -formalmente, Plan Nacional de Reformas y Programa de Estabilidad-, tras los que recibirán las recomendaciones específicas por país de la Comisión. Será entonces cuando Bruselas tenga en cuenta el gasto que ha supuesto para cada economía hacer frente a la llegada de refugiados ucranianos.