Todo en Cataluña es confusión, todo salvo el auto de Llarena

Hubo confusión durante unas horas: según habían entendido todos los medios de comunicación, que se atenían a las declaraciones del fiscal alemán del caso, Puigdemont seguiría preventivamente en la cárcel hasta que el tribunal correspondiente decida entregarlo a España o no hacerlo. Pero sus abogados sostenían que permanecería en prisión mientras el juez ante el que había declarado ayer tarde tomara la decisión de mantenerlo en la cárcel o ponerlo en libertad, decisión para la que el juez dispone de un plazo de 48 horas. Finalmente, la versión de su defensa estaba equivocada. El señor Puigdemont se queda en la cárcel hasta que el tribunal superior decida sobre su entrega a España porque el juez, con buen criterio, considera que hay un evidente riesgo de fuga, dado que para los intereses procesales del detenido refugiarse en Bélgica le convendría mucho más que permanecer en Alemania.

Así están las cosas por lo que al prófugo ex president catalán se refiere. Mientras tanto, la agitación callejera en Cataluña se mantiene aunque en menor cantidad y los diputados independentistas se afanan en aparentar que van a investir como presidente de la Generalitat al prófugo o también, por qué no, al encarcelado Jordi Sánchez, que ahora se ha desdicho de lo dicho y le pide al juez que le permita lo que ya no le permitió en su día: salir de prisión para someterse a la investidura. Así que, aparentemente al menos, nos encontraríamos otra vez con dos candidatos al mismo cargo y del mismo partido. Este es el lío monumental en que se están enredando los secesionistas, aunque todos saben perfectamente que ambos aspirantes son la pura encarnación de lo imposible.

Sólo la CUP está encantada con el panorama de monumental  confusión con sus toques violentos que sus militantes han contribuido muy especialmente a crear. Pero no nos confundamos: ahora mismo lo último que les conviene a los partidos defensores de Puigdemont, sinceramente o con la boca pequeña pero defensores al fin al cabo, es que la violencia se extienda por las calles de Cataluña porque eso respalda por la vía de los hechos la tesis del juez del Supremo que sostiene que el recurso a las masas, incluso con violencia, como modo de hacer ceder al Estado estaba perfectamente previsto en el proyecto del independentismo. Por eso el propio prófugo ha dicho a través de su mujer que "ahora no debe haber violencia". Lo interesante es el adverbio, ahí está la almendra de su consejo, mejor dicho, de su orden: ahora no, que no me favorece, luego ya veremos.

De lo que se trata ahora es de seguir haciendo mucho ruido para aparentar que están en la onda de sus militantes más fanáticos, que les exigen algo que ninguno de los diputados de Junts ni de ERC van a hacer, que es saltarse otra vez la ley porque ya han comprobado lo que sucede si lo hacen: que actúan los tribunales, ésos de los que se estuvieron burlando tantas veces cuando eran advertidos como ningún otro ciudadano español lo ha sido nunca, de las consecuencias penales que iban a tener para ellos si persistían en violar las leyes y en desobedecer a los tribunales.

Lo que previsiblemente va a pasar en las próximas semanas es que los partidos independentistas van a intentar elegir a un presidente presentable

Pero, apartando un poco la niebla que lo envuelve todo ahora mismo en ese mundo, la realidad es que en el pleno del miércoles lo que se va a votar es según parece simplemente la legitimidad de Puigdemont para ser investido. Esa es una opinión y, como tal, no es sancionable. Así que la conclusión es que es un pleno para quedar bien ante sus bases enfurecidas que no entienden, porque nadie se lo ha explicado nunca, que el cumplimiento de las leyes es precisamente lo que sustenta desde la mismísima base a una democracia y no lo que ellos pretenden, que es vencer al Estado por la vía de la ilegalidad. Y ahora se ven empujados por esas bases a tomar un camino que no van de ninguna manera a tomar por la cuenta que les tiene a todos, a Torrent el primero, a pesar de que diga burradas tales como que "ningún juez tiene la legitimidad para cesar, y aún menos para perseguir, al presidente de todos los catalanes". Al margen de ese disparate, que evidencia su supina ignorancia sobre lo que es un Estado de Derecho, lo cierto es que se ha cuidado muy mucho, naturalmente, de anunciar que convoca el pleno para investir al prófugo.

A pesar de esa niebla que en estos momentos domina el escenario del independentismo, lo que previsiblemente va a pasar en las próximas semanas es que los partidos independentistas van a intentar elegir a un presidente presentable, no a un prófugo en prisión preventiva en Alemania, no a un preso preventivo en España, sino a un o una presidenta que no suponga un riesgo para él o ella y para todos los demás. Porque el calendario corre y a ninguno le interesa una repetición de elecciones porque no están seguros de su resultado. Casi cuatro meses de tensión, hasta mediados de julio, para conseguir una respuesta masiva en las urnas es una apuesta muy arriesgada para cualquiera de ellos, y por eso previsiblemente intentarán circular por la vía de la legalidad y la formación de un gobierno que pueda, por fin, permitir al presidente Rajoy levantar el artículo 155.

El más interesado en que se llegue a esa fórmula es el propio  Mariano Rajoy porque de ese levantamiento depende muy directamente que pueda sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Con el 155 y, sobre todo, con el 155 y en estas condiciones políticas, al PNV les es imposible votar a favor de unos Presupuestos que están deseando apoyar pero que no pueden respaldar ahora porque su religión nacionalista se lo prohíbe: otros que tienen que aparentar una posición que no tienen, apoyar a un Puigdemont al que el lehendakari  Urkullu detesta con toda su alma por lo que considera que fue un engaño vil de quien todavía era presidente de la Generalitat cuando le aseguró personalmente en la madrugada del 26 de octubre que iba a convocar elecciones anticipadas e hizo justamente lo contrario y con ello desató el desastre que ahora estamos padeciendo y que, de paso, les impide a los nacionalistas vascos contribuir a la aprobación de unas cuentas que contienen muchos beneficios económicos para su comunidad.

Pero la tramitación de los Presupuestos lleva más de un mes y en ese tiempo bien podría despejarse el ahora enmarañado panorama político catalán. Todo está demasiado oscuro por el momento. Todo menos la decisión del juez Pablo Llarena, que está más clara que el agua.