El cielo del Sáhara se controla desde Canarias y otros hechos por los que España es la potencia administradora

La Historia no se desvanece, por mucha desmemoria que se intente aplicar sobre ella. Los sellos, las fotografías en blanco y negro e incluso los libros de texto de EGB y las ajadas postales turísticas guardan el legado del Sáhara español, la que fuera la provincia número 51 de España. Un testimonio que también preserva el derecho internacional en un tiempo marcado por el cambio de posición del Gobierno español en el conflicto del Sáhara Occidental, la ex colonia española ocupada ilegalmente por Marruecos de cuya responsabilidad Moncloa y Exteriores tratan de desentenderse.

Desde su llegada al cargo, antes incluso del giro copernicano del que se cumple ahora un año, el actual ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares ha usado hasta la extenuación el mismo argumento. “Ni en la lista de territorios no autónomos de la ONU ni en ninguna resolución del Consejo de Seguridad, España lo es, ya que dejó de serlo en el año 1975”, manifestó Albares en octubre de 2021 en el Congreso de los Diputados, cuando comenzaba a fraguarse el acercamiento a Rabat a cambio de apoyar un plan de autonomía para el último territorio pendiente de descolonización en el continente africano.

Un intento de zafarse de una responsabilidad histórica, tras la retirada de las últimas tropas españolas en 1976, que se ha convertido en el principal argumento esgrimido por Albares y su gabinete y que los académicos en derecho internacional discuten sin titubear. Desde 1965, y de conformidad con la Resolución 2072 (XX) de la Asamblea General de la ONU, España es la potencia administradora, replican.

Derecho interno

“En este asunto, hay dos perspectivas, la interna y la internacional. Desde el punto de vista interno, en 2014 la Audiencia Nacional afirmó expresamente que España sigue siendo la potencia administradora y que, como tal, siguen vigentes las obligaciones que tienen las potencias administradoras que consisten en promover el desarrollo y proteger a la población”, señala a El Independiente Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad del País Vasco. Entres sus responsabilidades, figuran “la obligación jurídica y política de tomar todas las medidas necesarias en orden a garantizar la libre determinación efectiva del pueblo saharaui”.

Paradojas del destino, aquella resolución que reconocía al Sáhara Occidental como territorio aún bajo soberanía española fue dictada por un pleno de 15 jueces presidido por el actual ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, que a pesar de la reprobación parlamentaria del pasado febrero por sus "mentiras" en la gestión de la tragedia de Melilla de junio de 2022, que se cobró la vida de una veintena de inmigrantes, sigue defendiendo la actuación policial en la valla, también la de la gendarmería marroquí.

Derecho internacional

La responsabilidad de España con los saharauis, subraya Soroeta, está también sellada en la propia Constitución. “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”, reza el artículo 10 de la Carta Magna.

Y este blindaje remite a las resoluciones de la Asamblea General de la ONU y al listado de territorios no autónomos que se publica anualmente. En su última revisión, fechada en mayo del pasado año, el Sáhara Occidental aparece con la acotación: “El 26 de febrero de 1976, España informó al Secretario General de que, a partir de esa fecha, había puesto fin a su presencia en el Territorio del Sáhara y consideró necesario dejar constancia de que España se consideraba en lo sucesivo exenta de toda responsabilidad de cualquier naturaleza internacional en relación con la administración del Territorio, habida cuenta del cese de su participación en la administración temporal establecida para el Territorio. En 1990, la Asamblea General reafirmó que la cuestión del Sáhara Occidental era una cuestión de descolonización que quedaba por completar por el pueblo del Sáhara Occidental”.

Y es este apunte a pie de página el que emplea Albares para renunciar en público a cualquier ligazón con el Sáhara Occidental y su dramático destino. “En realidad, esa acotación solo significa que el secretario general toma nota de lo que expresa España, pero no entra a valorar si esa declaración tiene efectos jurídicos o está acorde con el derecho internacional”, indica Soroeta. En 1976 Marruecos y Mauritania se repartieron el territorio y ese documento, del que luego se retiraría Mauritania, también está recogido en el registro de tratados de la ONU aunque sea ilegal y nulo.

Y agrega el académico: “La Asamblea General de la ONU aprueba todos los años una resolución en la que recuerda que las potencias administradoras siguen manteniendo sus obligaciones hasta que la propia Asamblea General diga lo contrario. Fue la Asamblea la que le dio el poder a España y otros estados coloniales y es la única que puede darle el punto final. La Asamblea General nunca ha dicho que España haya dejado de ser una potencia del Sáhara Occidental”. A su juicio, “una cosa es que España no quiera saber nada del territorio y resulta obvio es que un Estado puede renunciar a sus derechos, pero no a sus obligaciones”.

Tierra, mar y aire

Y esas obligaciones siguen vigentes, en tierra, mar y aire. Marruecos controla militarmente el 80% del territorio que tiene una extensión de 266.000 kilómetros cuadrados, algo más de la mitad total de España. El restante 20% se halla en manos de la República Árabe Saharaui Democrática, controlada por el Frente Polisario, una organización que goza de reconocimiento a nivel internacional como representante del pueblo del Sáhara Occidental.

El muro, de 2.720 kilómetros, separa ambas zonas, hoy escenario de una guerra de baja intensidad reanudada en noviembre de 2020. El espacio marítimo se halla controlado al 100% por Marruecos, en violación del derecho internacional. Rabat ha negociado con esas aguas unos acuerdos de pesca con la Unión Europea tumbados por la justicia comunitaria.

El 96 por ciento de las capturas contempladas en este acuerdo cuya anulación está pendiente de ser ratificada se produce en aguas del Sáhara Occidental. La causa del revés marroquí estriba precisamente en la falta de consulta a la población saharaui sobre el acuerdo de pesca: “el respeto de su estatuto separado y distinto y, por otra parte, la obligación de garantizar el consentimiento de su pueblo en caso de aplicación del Acuerdo de asociación sobre dicho territorio”, establece la corte europea.

“El Tribunal General acoge la alegación del Frente Polisario de que no se ha respetado la exigencia relativa al consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental, en su calidad de tercero respecto de los acuerdos controvertidos, en el sentido del principio de efecto relativo de los Tratados”, señala el fallo anunciado en septiembre de 2021.

Un ejercicio de fuerza al que escapa el espacio aéreo. Tras 47 años de ocupación del territorio, el cielo del Sáhara Occidental se sigue controlando desde las Islas Canarias, como establece el mapa de la Organización de Aviación Civil Internacional, una agencia de la ONU que supervisa la aviación civil internacional.

Pese a los intentos de Rabat por cambiar esta ecuación, el espacio aéreo de su ensoñación expansionista se halla lejos de sus manos. Son los controladores canarios quienes continúan vigilando y gestionando los vuelos por la zona. “Lo grave de la posición española es que hoy está sentada en el banquillo junto al ocupante, defendiendo la explotación ilegal de los recursos naturales saharauis”, concluye Soroeta.