La buena noticia para la Seguridad Social en 2017 es que por primera vez en la crisis los ingresos por cotizaciones fueron superiores en porcentaje al crecimiento de la afiliación media e incluso al del PIB. En términos nominales, la recaudación también superó la histórica caja registrada en 2008 cuando el Gobierno del PSOE calificaba aún de ajuste lo que ya era el principio de la peor doble recesión económica desde la Guerra Civil.
Según los datos del ministerio de Empleo, la recaudación de la caja de las pensiones creció el año pasado por este concepto un 5,3% respecto al año anterior (5.526 millones más) hasta los 109.166 millones de euros (derechos de cobro reconocidos) mientras que el número de afiliados aumentó un 3,4% (en 611.146 cotizantes más con 21,5 millones de nuevos contratos) hasta alcanzar los 18.460.201. Mientras, el PIB subió un 3,1%.
Por su parte, los ingresos por cotizaciones crecieron a un ritmo del 4,6% anual en 2008 (4.841 millones de euros más) hasta los 108.104 millones a pesar de la caída récord de 841.465 afiliados con 16,6 millones de contratos, hasta situarse en 18.531.312 cotizantes medios y con un PIB del 1,1% positivo, pero en descenso libre. Pero, las cifras no son homogéneas y hay que tomarlas con cierta cautela.
Lo que se confirma es que la reforma de laboral ha dejado una amplia brecha en estas cuentas ya que, a pesar de la mejora estadística del empleo y de la economía, la precariedad así como la excesiva rotación y los bajos sueldos siguen pasando una dura factura a la caja del sistema público. Por ello, aunque en 2020 se llegue a los 20 millones de cotizantes, tal como ha prometido Rajoy en su programa electoral (también mencionó 2019), la Seguridad Social no podrá acabar con el elevado déficit del sistema, que se ha situado por encima de los 18.500 millones de euros en los dos últimos años. Es decir, hace falta mucho más empleo del que ahora se genera anualmente (más de 500.000 por año de media). Debe superar con creces la cima de esos 20 millones para compensar la actual falta de calidad contributiva de los afiliados ante la reducción de sus bases medias de cotización. Y evidencia que el sistema necesita modificar esta estructura de obtención de ingresos o nuevas fuentes de financiación.
La reforma laboral ha dejado una amplia brecha en las cuentas pese a la mejora del empleo
Lo más eficaz para garantizar el futuro del sistema público es que por primera vez el Estado participe de forma progresiva en los ingresos de las pensiones. Por ejemplo, debería hacerse cargo con la caja de impuestos que pagan todos los contribuyentes de las prestaciones no contributivas, como las de viudedad y orfandad (21.000 millones anuales) y que ahora se abonan con la caja de la Seguridad Social pese a no haber aportado ingreso alguno. Se trata de un tercio de todas las pensiones.
No haría falta una subida de impuestos para financiar este cambio, el dinero necesario se podría obtener metiendo en cintura el gasto público improductivo. Es decir, bastaría poner en marcha la eterna reforma de las administraciones públicas reduciendo el puzzle administrativo, y, por ejemplo, abordando, la hiperinflación de los casi 20.000 órganos, organismos, entes, entidades, agencias y sociedades públicas existentes. En todo caso, la Comisión del Pacto de Toledo también debería abordar que el Estado financie los 3.700 millones al año que deja de recaudar la Seguridad Social por las bonificaciones existentes a la contratación y la tarifa plana de los autónomos; así como los 2.600 millones que cuestan a los cotizantes los funcionarios que gestionan las pensiones y que no paga el Estado; o, por ejemplo, los 2.500 millones de prestaciones por hijos. Es decir, la política social en España se está pagando con las cotizaciones de las pensiones y no con los impuestos.
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Según el último avance de la liquidación de la Seguridad Social, esos 109.166 millones recaudados en 2017 superaron en 1.062 millones la caja de 2008, que alcanzó los 108.104 millones con 71.111 afiliados más. Pero, en términos reales, los datos son otros y se aprecia que la recaudación tiene dificultades en recuperarse. Es decir, estas cifras son nominales y a precios corrientes. No son equiparables. Por tanto, hay que tener en cuenta la evolución de la inflación en estos 10 años para que resulten homogéneas ambas cantidades. Así, resulta que los 109.166 millones nominales en 2017 equivalen a 96.721 millones de ingresos reales en términos de poder de compra una vez descontada la inflación media acumulada del 11,4% entre estos años. Por tanto, desde el punto de vista monetario y en euros constantes, en 2017 se han recaudado 11.383 millones menos que en 2008 en el mejor ejercicio de ingresos de la caja de las pensiones. Es decir, la recaudación por cotizaciones es aún un 10% peor que al inicio de la crisis.
Pérdida recaudatoria
Esta pérdida recaudatoria es incuestionable si la comparación entre ambos ejercicios se hace por cada afiliado, es decir, de forma individual. Salen datos políticamente incorrectos, que demuestran la factura de la reforma laboral en la recaudación del sistema público de pensiones ya que, por ejemplo, se ha conseguido incrementar el empleo en 2,1 millones en los últimos cuatro años, pero su contribución a las arcas es de peor calidad, más baja. Así, la Seguridad Social consiguió en 2008 unos ingresos medios por cada uno de los afiliados de 5.834 euros como consecuencia de haber ingresados esos 108.000 millones de euros con 18,5 millones de afiliados.
Por su parte, los ingresos de cada uno de los cotizantes obtenidos en 2017 alcanzaron los 5.914 euros de media, apenas 80 euros más, peroen términos nominales. En términos reales, una vez descontada la inflación (11,4%), los ingresos por cada afiliado en 2017 se situaron en 5.240 euros con respecto a 2008. Es decir, la caja de las pensiones recauda ahora una media de casi 600 menos a precios de mercado(más del 10%) por cada uno de los afiliados respecto a lo que sucedía hace 10 ejercicios.
La caja de las pensiones recuda 600 euros menos por afiliado que hace 10 ejercicios
Esta diferencia sólo tiene una explicación: el cambio de las condiciones de los trabajadores propiciado por la reforma laboral del 2012. Según reconoce el ministerio de Empleo en el informe financiero que acompaña a los Presupuestos de la Seguridad Social, “la fuente principal de la recaudación depende de una componente cíclica ligada a la evolución económica y al empleo, que es la que condiciona, junto con la evolución de los salarios, la recaudación de las cotizaciones”.
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Y no hay buenas noticias porque aunque la economía sigue creciendo a un buen ritmo, y el empleo aún más, la precariedad laboral y la rotación mantiene esas cifras mientras que los salarios siguen por debajo de la inflación y los sueldos de entrada al mercado son muy modestos. En 2017, el IPC creció un 1,1% y los salarios un 0,5% a pesar del esfuerzo interesado del Gobierno, que piensa en la recaudación de Hacienda y en la de las pensiones, de elevar el salario mínimo un 8% para que tire de las nóminas privadas. Pero las fuerzas sociales no consiguen ningún acuerdo y las empresas no están por la labor mientras crecen los excedentes, como señala el Banco de España y el INE.
Además, presionado por la salida de los pensionistas a la calle ante la pérdida de poder de compra, Rajoy ha anunciado que subirá la pensión mínima y también la de viudedad, que por cierto es compatible con el trabajo para quienes tengan menos de 65 años, si los partidos apoyan los Presupuestos Generales del Gobierno de 2018. Se trata del mismo error político que cometió Zapatero durante dos legislaturas. Subió estas prestaciones por encima del IPC establecido para las demás cargando a la caja de las pensiones un mayor gasto.
Este tipo de decisiones políticas desestimula la subida de los bases de cotización de los afiliados de quienes piensan que cotizando más tendrán una mayor pensión. Favorece a colectivos como los autónomos, no hay que olvidar que más del 70% opta por cotizar por las bases mínimas, que verán incrementadas suspensiones por encima de la obtenida por muchos trabajadores por cuenta ajena que no pudieron elegir su base y que han cotizado por una base superior que no recibirá el favor político del incremento.
Rajoy está presionado por la salida de los pensionistas a la calle ante la pérdida de poder de compra
Curiosamente, esta pérdida de ingresos por cada afiliado es muy superior a las cifras aportadas respecto a 2008 ya que durante este periodo se ha producido un incremento superior al 20% de las bases de cotización, sobre todo las máximas. A este aumento de las bases ha contribuido también la incorporación por primera vez, a partir de 2012, de todo lo que consideraba salario en especie (en particular los cheques de comida). A ello hay que sumar la reducción de impagos a la Seguridad Social, la instauración de fuertes recargos y los excelentes resultados de la lucha contra el fraude. Todo esto significa que la brecha recaudatoria respecto al inicio de la crisis es sustancialmente más elevada de ese 10%. Por tanto, pese a que 2017 es un ejercicio ejemplar, todavía queda un inmenso agujero que restañar en las cotizaciones respecto al inicio de la crisis.
En todo caso, desde 2014, primer año de crecimiento económico tras la segunda recesión, el PIB ha crecido casi un 14% mientras que el número de afiliados ha aumentado un 12,8% (2,1 millones) y los ingresos por cotizaciones se quedan sólo con un alza del 10,8%. Todo esto confirma la responsabilidad de los bajos salarios y la precariedad laboral en los ingresos del sistema público de pensiones a pesar de los buenos resultados de la economía.
También se aprecia esta circunstancia en los años más duros de la crisis. Así, los ingresos por cotizaciones cayeron menos en porcentaje que la afiliación en los años previos a la reforma laboral. Pero, por ejemplo en 2013, tras la reforma, los ingresos se redujeron en casi un 3% mientras que la afiliación sólo cayó un 0,5%. Otro dato interesante a retener es que en 2006, en pleno boom de ladrillo, el número de cotizantes aumentó en 610.000 y la Seguridad Social registró un alza de la recaudación de 7.495 millones (8,5% más que el año anterior). Mientras, en 2017, con 611.000 nuevos afiliados, los ingresos han crecido en 5.526 millones nominales (un 5,3% más) que, en términos reales, sin inflación, se quedan en sólo 4.500 millones.
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