La Unión de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha ha acusado al presidente la región, el socialista Emiliano García-Page, de querer confiscar durante 30 años las tierras de los propietarios que sean objeto de la declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra. Según ha comunicado la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, el gobierno de Castilla-La Mancha pretende "crear un Banco de Tierras para poner en contacto a oferentes y demandantes de tierras", una medida que desde el campo consideran innecesaria, pero sobre todo preocupante porque denuncian que esas tierras saldrían de aquellas declaradas de incumplimiento de la función social. "¿Quién dice cuál es la función social de la tierra?", claman los agricultores.

Según la información trasladada por la organización agraria, las tierras que a juicio de García-Page no cumplan la función social podrán ser quitadas a sus propietarios durante 30 años para dárselas a otras personas. "¿Por qué el Gobierno tiene que intervenir y decirnos que podemos hacer y no hacer con nuestra tierra? ¿Por qué tenemos que vivir con la amenaza constante de que si no hacemos lo que García-Page quiere nos quitarán las tierras? Que se dejen de bobadas, y se dediquen a solucionar los problemas de los agricultores y ganaderos", afirman desde el sindicato Unión de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.

La normativa a la que hace referencia la gente del campo castellanomanchego es la Ley de Agricultura Familiar. "Va a permitir quitar las tierras, además concederá el título o categoría de 'Explotación Familiar Agraria' a las explotaciones que estén dadas de alta en el régimen de seguridad social y utilicen mano de obra del núcleo familiar en porcentaje igual o superior al 50% de la mano de obra total empleada", condenan desde la organización, que subraya que como máximo 17.636 personas serán beneficiadas de este reconocimiento "que no sirve para nada, pues la ley no tiene presupuesto alguno para dar ayudas o incentivos y además no soluciona los verdaderos problemas del campo: precios por debajo del coste de producción, excesiva burocracia, falta de infraestructuras de regadío, plaga de conejos...".

Otra de las quejas del sindicato es la falta de concordancia entre el número real de personas dedicadas al campo en la comunidad y el número de solicitantes de las retribuciones de la PAC. "El gobierno regional permite que más de 100.000 personas que no viven de la agricultura puedan cobrar las ayudas de la PAC lo que provoca que ni haya ayudas ni tierras para los jóvenes".

De acuerdo con los datos aportados por Unión de Uniones, extraídos de la información de la Agencia Tributaria respecto a las solicitudes presentadas para la devolución del impuesto al gasóleo agrícola y de la Seguridad Social respecto al número de afiliados el Régimen de Trabajadores Autónomos de la Agricultura solamente hay 17.636 explotaciones agrarias en Castilla-La Mancha.

"Está claro que el Gobierno de Castilla-La Mancha miente cuando afirma que la ley beneficia a 120.000 personas: una cosa es que 120.000 personas soliciten la PAC, y otra cosa distinta es que esas 120.000 personas vivan del campo, por ejemplo, García-Page podría ser uno de los solicitantes de la PAC y es evidente que no es agricultor", argumenta la Unión, que solicita a Emiliano García-Page que dé marcha atrás a la Ley de Agricultura Familiar y se centre "en buscar soluciones a los problemas del sector agrario y ganadero".