La factura de las nóminas de policías nacionales y guardias civiles se elevará este año hasta el 82,5 % de los gastos totales previstos por el Gobierno en materia de seguridad ciudadana como consecuencia del acuerdo alcanzado por el Ministerio del Interior con sindicatos y asociaciones profesionales para equiparar los sueldos de sus agentes con los de la Policía de la Generalitat de Cataluña.

De acuerdo con el proyecto de presupuestos enviados este martes por el Ejecutivo de Mariano Rajoy al Parlamento para su tramitación y posterior votación, las dotaciones destinadas a protección y garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos ascenderán en 2018 a 6.009 millones de euros, un 8,7 % más que el pasado ejercicio. De esa cantidad, casi 5.000 millones se destinarían a pagar los sueldos de los funcionarios adscritos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Este aumento se explica fundamentalmente por el compromiso de equiparación salarial que el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido firmó el pasado 12 de marzo con los sindicatos de Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, a fin de recortar la brecha con mossos y ertzainas.

De los 6.009 millones previstos para protección y garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, casi 5.000 serán para personal

Este acuerdo prevé una primera partida este año de 310 millones, cantidad a la que se suman 100 millones para el personal en segunda actividad sin destino y reserva no ocupada y los 90 millones que supondrá para el colectivo la subida anunciada para todos los funcionarios. En total, 500 millones.

Junto a la equiparación, el incremento de gastos de personal en materia de seguridad ciudadana se justifica por la incorporación de efectivos procedentes de las últimas ofertas de empleo con el que el Ministerio del Interior pretende "mantener el nivel de operatividad". El refuerzo de la presencia policial en las calles, afrontar las nuevas formas de delincuencia, promover la atención al ciudadano, combatir la violencia doméstica, la lucha contra la corrupción y la ciberdelincuencia, el apoyo a la estrategia de cooperación con otros países y el fortalecimiento de los canales de intercambio de información con los servicios de inteligencia y policía de otras nacionales son algunas de las prioridades que marcarán la actuación del Ministerio del Interior.

Igualmente, Interior pretende mantener la "estrecha y permanente" coordinación con el Ministerio de Justicia a fin de dotar al ordenamiento jurídico de "instrumentos disuasorios" como forma de combatir la reiteración en la comisión de determinados delitos, como los robos con fuerza en joyerías, entidades bancarias y explotaciones agrícolas y ganaderas.

Lucha contra el terrorismo

También la lucha contra el terrorismo seguirá siendo un pilar estratégico en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En este sentido, según detalla el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, se pretende reforzar "la cooperación bilateral y multilateral con los mecanismos operativos y de inteligencia antiterrorista de la Unión Europea, así como la colaboración con otros países como Reino Unido, Colombia, Marruecos, China, Pakistán, Francia, Estados Unidos, Australia y Singapur".

En materia de instituciones penitenciarias, el presupuesto experimenta un incremento del 1,3 %, al pasar de 1.145 a 1.160 millones, mientras que para políticas de seguridad vial se prevé destinar 766 millones (un 3,6 %).