Durante los últimos días se ha discutido la pertinencia de comparar el caso de Credit Suisse con el de Banco Popular. Aunque ambos casos partan de supuestos distintos, la comparación me parece adecuada, porque es evidente que el diferente trato dispensado a los accionistas de uno y otro tiene que ver con el dispar apoyo institucional recibido por ambas entidades.

Mantengo desde el primer día que los accionistas del Banco Popular Español fuimos expoliados por la decisión de la Junta Única de Resolución del 7 de junio de 2017 de resolver el banco y venderlo a un competidor (que no tuvo que competir), Banco Santander, por un euro. La solución dada por las autoridades suizas a la crisis de Credit Suisse, con su venta por más de 3.000 millones de francos suizos (similar cifra en euros) a su principal competidor, el también helvético UBS, me reafirma en esa idea. Más, cuando los medios reflejan que en esa solución, la implicación del Banco Nacional de Suiza -su banco central- y del Gobierno del mismo país fue plena. El primero logró incrementar la oferta inicial que UBS había realizado por una cantidad muy inferior a la finalmente pactada y el segundo aprobó por sorpresa un decreto de emergencia que priva a los accionistas de su derecho de voto en esta operación.

No voy a entrar ahora en valorar el mecanismo empleado por el Gobierno y el Banco Nacional suizo, que además de eliminar el derecho de voto a los accionistas, han privado de toda su inversión a los titulares de bonos emitidos por Credit Suisse, lo que sin duda dará lugar a una enorme litigiosidad. Simplemente, analizaré el efecto directo de la acción de las autoridades suizas y de las europeas en ambos casos: los accionistas de Credit Suisse reciben el 40% del último valor de su inversión en bolsa, los del Popular cero.

Analicemos el caso del Banco Popular. El Popular era un banco sistémico en España, con activos superiores a 150.000 millones de euros. Fui presidente del Banco desde 2004 hasta diciembre de 2016, aunque permanecí en el cargo de forma interina hasta febrero de 2017, cuando mi sucesor tomó oficialmente posesión. Durante el mandato de este último, un tsunami de noticias negativas –muchas de ellas fake- provocó una salida de depósitos que desembocó en la conocida crisis de liquidez. Este relato lo reflejan con detalle los diferentes informes emitidos sobre la gestión del Banco en aquellos meses, que recogen desde unas declaraciones del presidente en la Junta General de abril de aquel año, a noticias falsas sobre la situación del Banco que fueron desmentidas por éste (como ejemplo véase Hecho Relevante de Banco Popular de 11 de mayo de 2017), pasando por unas desafortunadas declaraciones de la Presidente de la JUR, Elke König. El resultado de todo este cúmulo de despropósitos fue que se pulverizó el excedente de liquidez de más de 12.000 millones de euros que el Banco atesoraba y que le permitía cumplir con un exceso del 80% su ratio regulatorio de liquidez a finales de marzo, mientras que el valor en Bolsa se desplomaba en ese período más de 2.000 millones de euros.

No ahondaré en la política de comunicación que se siguió en los últimos cuatro meses de la entidad, ni compararé el nivel de implicación de la dirección de Credit Suisse con el que tuvo la del Popular (que desconozco si existió). Prefiero centrarme en que tras la petición de una línea de liquidez de emergencia del Popular al BCE el viernes 2 de junio de 2017, el Banco de España, actuando por cuenta del BCE, aprobó el lunes 5 de junio una línea de financiación por 9.500 millones de euros. El informe emitido por el BdE a efectos de conceder esa línea de liquidez es elocuente respecto a la situación de solvencia del Popular, cuyo patrimonio neto se acercaba a los 11.000 millones de euros, cumplía con todas las exigencias de capital regulatorio y había superado recientemente los test de estrés europeos. 

Sorprendentemente, 48 horas después el Banco fue resuelto, entregado a un competidor por un precio de un euro. La justificación oficial de esta decisión abrupta e inesperada, fue la de resolver una crisis de liquidez que amenazaba con que el Banco no pudiese atender sus compromisos y una vez que el Popular sólo había presentado activos en garantía para disponer de un tercio de la línea concedida por el BCE y las peticiones de reembolso de depósitos seguían creciendo. Hay que añadir que la simultánea salida masiva de fondos de las Administraciones Públicas del Estado contribuyó a agravar la situación.

Sin embargo, prácticamente dos años después de la resolución, el 8 de abril de 2019 conocimos el primer informe pericial de los inspectores del BdE designados por el juez instructor del caso Banco Popular. Sus conclusiones, en síntesis, se centran en que la resolución de Banco Popular se produjo como consecuencia de una crisis de liquidez y no por un problema de solvencia. Añaden además que las estimaciones de resultados de la ampliación de capital de 2016 les parecían optimistas. 

Ese mismo informe añade que el Banco tenía un patrimonio neto de 11.000 millones de euros y que la entidad no sólo era viable y rentable, sino que en 2018 estaba en condiciones de cumplir con los objetivos de la ampliación de capital de 2016. Lo más relevante de ese informe, en relación con este tema es la siguiente afirmación: “A pesar de que aparentemente el BCE conocía el carácter de estimaciones de las provisiones necesarias, nos llama la atención que en la declaración de posible insolvencia del 6 de junio de 2017 no se señalara el carácter provisional de estos importes o que los ratios de solvencia mejorarían por las operaciones de ventas de sociedades en curso o, incluso, por una posible ampliación de capital.” 

Evidentemente, si un banco es rentable y viable, nunca debe ser intervenido y de hacerlo, las autoridades deben tomar las medidas oportunas respecto a su administración para garantizar la integridad y viabilidad de éste, garantizando la mejor valoración para sus accionistas. Sin embargo, en el Popular ocurrió lo impensable: la intervención de un banco rentable y sin tener en cuenta su potencial de generación de valor se entregó a un competidor, que concurrió solo a la subasta. Nadie, en especial la JUR puso sentido común en el proceso, bien adoptando las posible medidas que la normativa permite: cambio de los administradores, venta de negocios, inyecciones de capital privado, bien no aceptando el precio ofrecido por el Santander. A diferencia de Credit Suisse, al Popular no se le prestó la asistencia que la regulación europea permitía.

Pero volviendo a la falta de apoyo institucional, reitero que no voy comparar los niveles de implicación de las distintas presidencias o directivas del Popular y de Credit Suisse; pero es evidente que los segundos solicitaron y consiguieron un respaldo institucional que el Popular nunca logró:

  • Desde el mes de marzo de 2017, el BCE y el BdE monitorizaban la situación de liquidez del Banco que se estaba deteriorando a causa de una agresiva campaña de desprestigio que tuvo como consecuencia una pertinaz y anómala salida de fondos. Nada se hizo para combatir efectivamente esa campaña hasta el 5 de junio, 48 horas antes de intervenir el Banco, una vez que la fuga de depósitos superaba los 16.000 millones de euros;
  • Era evidente que existía interés en el Banco. Había inversores relevantes que habían manifestado su disposición a invertir unos volúmenes sustanciales de dinero y que, aunque no fuese necesario acudir a ese mecanismo stricto sensu y pese a la dilución que acarrearía, hubiese sido una mejor opción para los accionistas que la entrega a un competidor;
  • Respecto a la evolución en Bolsa, resulta paradójico que no se hubiesen prohibido las posiciones cortas que lo asolaron especialmente en el segundo trimestre de 2017, cuando sólo días después de la resolución del Banco Popular, la CNMV prohibió las posiciones cortas en el caso de un competidor más pequeño y no sistémico, Liberbank; no hay argumentos comparativos que justifiquen la diferencia de trato.

Una vez que es clara la diferencia en términos de apoyo institucional, llama poderosamente la atención las diferencias entre las soluciones adoptadas, sin que eso suponga admitir como buena la adoptada por las autoridades suizas. Hay que recordar que el Banco Nacional suizo no sólo proporcionó liquidez, sino que no aceptó la oferta inicial de UBS, hasta lograr que la triplicase.

Por el contrario, en el caso del Popular se utilizó el procedimiento de subasta supuestamente competitiva del Banco entre sus competidores, cuando había inversores dispuestos a invertir en el Banco. También vuelve a sorprender que la JUR no utilizase otras herramientas que tenía a su disposición menos gravosas que la venta directa a un competidor en medio de un escenario dantesco que, claramente, no garantizaba la protección de los derechos de los accionistas, que nos vimos privados de todo, sin que cupiese que como tales accionistas opinásemos al respecto. Es decir, difícilmente cabe aceptar que el Banco se vendió por el mejor precio obtenido en una subasta competitiva, cuando en esa subasta sólo hubo un postor, era consciente de ello y se veía directamente beneficiado cuánto menor era el precio que ofrecía. ¿De verdad una subasta con un solo postor era la mejor opción para el Popular?

El Popular es un caso claro de lo que no se debe volver a hacer jamás para solucionar una crisis de liquidez. De hecho, nada semejante a la resolución del Popular se ha vuelto a producir y creo que no se volverá a repetir en el futuro. Incluso Italia ha recurrido a otras soluciones con sus bancos evitando la resolución, aun estando en vigor la actual regulación europea. 

El argumento de que el precio de un euro se debió a que la del Santander era la mejor oferta por un banco con 11.000 millones de patrimonio neto, con una capacidad de generar al menos 1.150 millones de euros de beneficios de explotación anuales, se cae por su propio peso: para un competidor bancario lo que prima en ese caso es la máxima obtención de beneficio y si puede no pagar nada, lo hará. Que, a su vez, eso sirva para amortizar las acciones y los bonos convertibles es surrealista… y muy doloroso. Así se consumó el expolio.

Ángel Ron es expresidente del Banco Popular.