Con la sentencia del Tribunal Supremo el coronel recupera el puesto que nunca debió haber perdido porque cumplió con su deber al negarse a informar a sus superiores del transcurso de unas investigaciones judiciales que se estaban llevando a cabo y que luego fueron archivadas.
Era su obligación no informar del transcurso de esas investigaciones llevadas a cabo por la Policía Judicial y por eso en el escrito reservado por el que se le cesa que firmó María Gámez recogía el verdadero motivo, que se había prescindido de él al “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil (…) con fines de conocimiento”.
Más claro, imposible. Al coronel Pérez de los Cobos se le cesa por cumplir con su obligación de no informar de unas diligencias que llevaba a cabo la Guardia Civil en su calidad de Policía Judicial, petición que había formulado expresamente además, por si no fuera suficiente el deber de guardar silencio, la magistrada Carmen Rodriguez-Medel.
Es decir, Fernando Grande Marlasca, que es como se llama en realidad, hizo un alarde de sometimiento a las necesidades de información suplementaria que seguramente tendría el presidente Pedro Sánchez y tiró por la calle de en medio. Y ahí, en la calle de en medio, le ha atropellado el Tribunal Supremo.
Porque ahora tiene que restituir al coronel en su puesto donde hay otro coronel, David Blanes, que sin comerlo ni beberlo está metido en la vorágine de una decisión que el coronel Pérez de los Cobos ha perseguido judicialmente hasta el mismísimo Tribunal Supremo, convencido de que éste le daría la razón.
Ahora la dimitida María Gámez, que ha renunciado a su cargo por unos asuntos de corrupción que pueden afectar a su marido, ha sido sustituida por la delegada del Gobierno en Madrid, a la que le va a tocar deshacer este entuerto que no será fácil porque desde el Gobierno aún antes de leer la sentencia, ya se están planteando cómo eludirla.
Sería muy estupefaciente que el Constitucional apreciara una vulneración de los hechos fundamentales de Marlasca
Pero las sentencias del Tribunal Supremo son inapelables, dicen lo que dicen, y en esta según parece va a decir que en el plazo de dos meses el coronel tiene que estar en su puesto, aquél que le fue arrebatado por una decisión a todas luces injusta.
Hay voces que pretenden recurrir al Tribunal Constitucional aprovechando que tiene una mayoría progresista, pero sería muy estupefaciente que el Constitucional apreciara una vulneración de los derechos fundamentales del ministro o del ministerio del Interior o de la Administración, ¡provocada por el Tribunal Supremo!
Todo con tal de no reponer a Pérez de los Cobos en su puesto porque el palo recibido ha sido monumental. A ver qué se les ocurre ahora.
Y aún queda otro palo que tendrá que tragarse el ministro Marlasca, donde quiera que esté entonces: el coronel era el número 1 en la promoción a general. Pues Marlasca no le ascendió, ascendió en cambio a otros que estaban detrás de él en el escalafón. Pérez de los Cobos recurrió también a los tribunales, así que, cuando sea, se va a tener que tragar otro sapo de unas dimensiones muy parecidas al de ahora mismo.
Si sirviera de algo la petición de dimisión de Grande Marlasca la pediríamos pero ya ha dicho que no tiene intención de renunciar al cargo para el que no podría salir a ocupar un puesto en la Audiencia Nacional porque está tan devaluado en su criterio de lo que es justo y lo que no lo es, que pobre del que fuera juzgado por el ahora todavía ministro. Está definitivamente desacreditado para impartir justicia.
Pero que es carne de dimisión eso no lo pone en duda nadie. Lo que sucede es que los baremos que se manejan en chez Sánchez no son los objetivables sino los que le aseguran al personaje su propia supervivencia.
Y del mismo modo que las ministras Belarra y Montero no salen del Gobierno porque Sánchez está atado de pies y manos por su pacto de noviembre de 2019, este Marlaska le garantiza hacerle de sparring que pare los golpes que de otro modo irían contra él.
Pero este golpe ha sido directo a la mandíbula.
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