El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha defendido este jueves que cobró por sus servicios como conferenciante de forma legal, al igual que "muchas otras personas", ya que desde 2002 es "plenamente legítimo facturar a través de empresas".
El exministro, que ha declarado en los juzgados de Plaza de Castilla por el supuesto fraude por blanqueo de capitales en el cobro de conferencias, ha insistido a Efe en que Hacienda solo ha recurrido a la vía penal en su caso pues si ha tenido dudas respecto al resto, las ha resuelto de forma administrativa.
Rato ha declarado ante el juez que investiga el origen de su patrimonio por las supuestas irregularidades en el cobro de sus servicios profesionales a Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC).
Asimismo el expresidente de Bankia ha lamentado que, en el marco de la causa que investiga el origen de su patrimonio, la ONIF, Oficina Antifraude dependiente del fisco, haya presentado hasta once informes, ninguno definitivo, en los que le atribuían inicialmente una deuda tributaria por movimientos de divisas superior a ocho millones que, según Rato, ha quedado en cero.
En marzo del pasado año la Audiencia de Madrid ordenó al instructor Serrano Arnal reabrir esta parte de la investigación al considerar que los hechos, que ocurrieron entre los años 2007 y 2014, no estaban prescritos.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil remitió un informe al instructor del caso Rato donde explicó que, a partir del año 2007, Rato contrató los servicios de la mercantil Bureau Consulting de Conferenciantes para gestionar las conferencias que daba como experto y reputado economista cobrando una media de 46.000 euros por cada intervención. En total, el ex dirigente del Partido Popular recibió un total de 1,66 millones de euros por conferencias impartidas entre 2007 y 2014 que facturó a través de la mercantil Arada, una de las sociedades que están siendo investigadas al sospechar el juez, la fiscal y la UCO que fue una empresa pantalla.
La Fiscalía Anticorrupción entiende que Rato pudo cometer hasta tres delitos contra la Hacienda Público con el cobro de las conferencias declaradas en los años 2008, 2009 y 2010 por superar el umbral de los 120.000 euros establecido para la comisión del fraude fiscal.
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