La Abogacía del Estado insiste: ni el 155 permite hallar el dinero malversado el 1-O

La Abogacía del Estado ha remitido un escrito al titular del Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona, el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, donde sostiene que el hecho de que “aún a día de hoy” la Intervención General de la Generalitat siga afirmando que “no le consta” que se hayan utilizado “fondos públicos” para la promoción y organización del referéndum ilegal del 1 de octubre se debe a que las partidas destinadas al mismo permanecen camufladas.

Así lo señala el abogado del Estado en un escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, donde considera que tras los hechos acontecidos el 1-O se cometió un delito de malversación de caudales públicos ya que se ocuparon fondos de las arcas del Govern para la celebración de la consulta ilegal.

Sin embargo, la Abogacía -perjudicada directa del supuesto fraude- reconoce que, pese a la aplicación del 155, los servicios de la Intervención de la Generalitat no han sido capaces de encontrar el dinero destinado al referéndum ilegal porque se camuflaron en partidas presupuestarias que todavía no han sido detectadas por dicho organismo.

Los cierto es que en los últimos meses la Intervención de Cataluña ha remitido varios informes al instructor del 1-0 en los que sostiene que la Generalitat no gastó dinero público en el referéndum ilegal. Así se lo hizo saber la Intervención al juez Ramírez Sunyer en distintos escritos en los que han sostenido que no le consta ningún expediente de gasto con cargo al programa 132 del Presupuesto de la Generalitat para consultas populares. Dicha partida fue bloqueada por el Tribunal Constitucional cuando prohibió la celebración del 1-0.

La Intervención no detecta la malversación

Según ha podido saber este periódico, la tesis que manejan los servicios jurídicos del Gobierno es que la Generalitat destinó aparentemente unos fondos al pago de unos servicios y, sin embargo, detrás de ellos se escondían los gastos empleados para sufragar el ‘procés’.  Tanto la Guardia Civil, como la Fiscalía, Abogacía del Estado y el instructor trabajan en estos momentos para acreditar el mal uso de fondos públicos que hizo el Govern en su intento de aprobar una declaración unilateral de independencia de Cataluña.

A lo largo de la instrucción del ‘procés’, el magistrado de Barcelona ha reclamado a la Generalitat información sobre el pago de los informes previos a la celebración del referéndum; de los eslóganes publicitarios con los que se difundió en radios, televisiones y prensa la cita ilegal; del material electoral (papeletas, urnas, sobres, etc);  así como costes relacionados con el traslado y estancia de diferentes observadores internacionales invitados para la verificación del referéndum.

El juzgado también ha pedido al Govern datos sobre el pago al personal empleado para la celebración del 1-0 y de dónde salió el dinero para los actos de apertura y de clausura de dicha cita electoral, así como los gastos derivados de la apertura de distintas páginas webs creadas con el objetivo de difundir el 1-0.  Hasta ahora las respuestas a todas estas solicitudes han aportado escasos datos a la instrucción del 'procés'.

En los últimos días, el poder acreditar la comisión del delito de malversación de caudales públicos en el proceso independentista se ha convertido en una cuestión prioritaria para el Tribunal Supremo, después de que aumenten las posibilidades de que el ex president Carles Puigdemont tan sólo vaya a poder ser juzgado por ese delito tras la negativa de Alemania de entregarlo por un delito de rebelión. De hecho, el juez Pablo Llarena mantiene en la actualidad una pieza bajo secreto de sumario por estos hechos.