Griñán se ratifica en que el escándalo de los ERE merece "responsabilidad penal"

El ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán se ha ratificado este miércoles en la declaración que hace tres años prestó ante el Tribunal Supremo como imputado por su presunta responsabilidad en el escándalo de los ERE, en la que calificó de "barbaridad" este asunto y consideró que la concesión de ayudas a las prejubilaciones y empresas en crisis "de forma aleatoria y sin control merecen una responsabilidad política y penal".

Griñán, consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009 y presidente del Ejecutivo andaluz de 2009 a 2012, está declarando desde las 10.38 horas en el juicio en el que se dilucida la responsabilidad de 22 ex altos cargos por la ideación, diseño, puesta en marcha y mantenimiento del sistema por el que la Administración autonómica comprometió ayudas por 855 millones de euros a prejubilaciones y empresas en crisis durante una década (2000-2010). Tras él lo hará Manuel Chaves, previsiblemente la próxima semana.

El sucesor de Chaves al frente de la Presidencia de la Junta de Andalucía está respondiendo al fiscal, que ha iniciado su interrogatorio preguntando al procesado -licenciado en Derecho y ex ministro de Trabajo con Felipe González- sobre todo el marco normativo estatal y autonómico que ampara el otorgamiento de ayudas sociolaborales. Griñán, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos y 30 de inhabilitación por prevaricación, ya ha anunciado que responderá al Ministerio Público, a su abogado y al tribunal.

José Antonio Griñán era el jefe del Ejecutivo autonómico cuando la juez Mercedes Alaya inició en enero de 2011 la investigación del caso ERE, que terminó con su imputación y anticipando el fin de su carrera política. Dimitó como presidente andaluz a principios de septiembre de 2013, días antes de que la instructora le comunicara formalmente que seguía un procedimiento penal contra él y le daba la posibilidad de personarse de forma voluntaria en las actuaciones.

En su declaración ante el Tribunal Supremo, José Antonio Griñán dijo que desconocía la existencia del convenio marco de 17 de julio de 2001 que dio pie al nacimiento del fondo de reptiles pero que sí sabía que se transferían fondos al ente Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para materializar el pago de las ayudas. El ex presidente también indicó que el mecanismo presupuestario que se utilizaba para abonar esas ayudas (transferencias de financiación), y que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) consideraba ilegal para estos fines, es un "procedimiento adecuado en todas las administraciones".

Aquel día, el 9 de abril de 2015, Griñán también negó que hubiera tenido conocimiento de las reiteradas advertencias que formuló la Intervención General de la Junta de Andalucía en sus informes. "La propia viceconsejera ha manifestado que no dio traslado al declarante de los informes de la Intervención al no proponerse actuación alguna", mantuvo.

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El ex presidente consideró "irreprochable" la actuación de la Consejería de Hacienda, de la que fue titular entre 2004 y 2009, pero sí admitió que asumió su responsabilidad política renunciando a su cargo tras conocerse las irregularidades que la instrucción judicial fue poniendo de manifiesto y que lo que ha sucedido merecía también "responsabilidad penal", en velada alusión a la gestión de los responsables de la Consejería de Empleo. Eran éstos los que gestionaban la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles.

Órdenes ministeriales

La declaración de José Antonio Griñán ante el tribunal que enjuicia la pieza política del caso ERE ha transcurrido en su inicio por un terreno muy técnico, dado el interés del fiscal por conocer las particularidades de la normativa estatal -las órdenes ministeriales de 1994 y 1995, anteriores a la aprobación de la Ley General de Subvenciones- y los decretos que, ya con la instrucción en marcha, aprobó la Junta de Andalucía para regularizar las pólizas de prejubilaciones que estaba financiando. También le ha formulado numerosas preguntas sobre cómo se gestaban los presupuestos y las reuniones que mantenía con el resto de consejeros sobre las necesidades de gasto.

El encausado ha explicado que las normas estatales se aprobaron con motivo de la reconversión industrial que estaba sufriendo España a principios de los noventa y que trataba de dar respuesta a los trabajadores afectados por procesos de reestructuración y a aquellos otros casos en los que las empresas eran insolventes para aportar su parte de financiación para la suscripción de seguros colectivos de rentas.

Retención de créditos

Griñán no sólo ha negado que hubiera tenido conocimiento en su día de órdenes firmadas por el interventor reteniendo créditos por haber asumido la Consejería de Empleo compromisos de ayuda por encima de su disponibilidad presupuestaria, sino que en todos los ejercicios el gasto comprometido y las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 31.L "fueron inferiores a los créditos".

El representante del Ministerio Público también se ha interesado su responsabilidad a la hora de elegir las entidades que se sometían a control financiero permanente. En este sentido, ha declarado que era el interventor quien proponía qué organismos públicos se sometían a esta fiscalización y que él lo elevaba al Consejo de Gobierno para su aprobación y posterior publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).