Por fin. Por fin tenemos a dos etarras arrepentidos que están colaborando con la Justicia para esclarecer no sabemos cuántos asuntos, por lo menos siete, en los que los tribunales iban muchas veces a ciegas. 

Y ahora no tanto porque estos miembros de ETA están hablando y aportando datos que sin su ayuda no podrían establecerse como probados. Entre otros datos, el modo en que los componentes de la banda se relacionaban con la cúpula que hubiera en un momento determinado: se comunicaban con ellos a través de unos sujetos que hacían de correo porque no podían dejar constancia por escrito de las órdenes por si acaso el correo "caía". 

Hay algo que es de la máxima trascendencia: si ordenaban un atentado, si los asesinatos no eran cosa de cada comando, del mismo modo en que dieron las órdenes pudieron dar la orden contraria, es decir, que el atentado en cuestión se suspendiera o se evitara.

Es brutal la constatación de que los comandos tenían libertad para asesinar a cualquiera que llevara uniforme, fuera éste policía, militar o guardia civil pero no para hacer explosionar un coche cargado de explosivos como sucedió en el cuartel Guardia Civil en Zaragoza o en el cuartel de la Benemérita en Santa Pola. En esos casos la autorización de la cúpula era obligada y, por lo tanto,  su responsabilidad en tantísismos asesinatos está fuera de toda duda.

No es que se tenga desde tiempo inmemorial la sospecha de que por la cúpula pasaba todo o casi todo, es que ahora se constata con estos dos etarras arrepentidos que efectivamente era así. 

Y en el caso de Miguel Ángel Blanco la cúpula estaba formada por Mikel Albisu (alias «Mikel Antza»), Soledad Ipaguirre («Anboto»), José Javier Arizcuren Ruiz («Kantauri») e Ignacio Gracia Arregui («Iñaki de Rentería»).

Resulta especialmente repugnante que centenares de asesinos hayan formado parte tradicionalmente de las listas de Bildu

Sobre ellos caerá el peso de la ley que no ha caído, por ejemplo, en el caso de Mikel Antza porque cuando cumplió su condena en Francia en España no tenía ninguna causa pendiente por lo que fue puesto inmediatamente en libertad. Lo que dice la Guardia Civil en un extenso informe es que Rentería, Antza, Kantauri y Anboto necesariamente “idearon, planificaron, coordinaron, facilitaron los medios y dieron la orden final” del crimen. Lo cual queda acreditado con el testimonio de estos dos etarras que han sido calificados como “testigos protegidos” por la Audiencia Nacional.

Por eso resulta especialmente repugnante que centenares de asesinos hayan formado parte tradicionalmente de las listas de Bildu sin que la sociedad vasca haya movido nunca una ceja. Y en estas elecciones municipales se repite lo que lleva siendo una rutina elección tras elección.

Y el argumento de que ya han cumplido su condena no les exime de su condición: son y serán toda su vida unos asesinos y el hecho de que hayan cumplido su condena no significa más que el hecho de que han cumplido con la Justicia pero esa circunstancia no borra la mancha del asesinato, que es perenne.

Hay muchas cosas para reprocharle al presidente Pedro Sánchez, pero hay una que está por encima de todas las demás porque atañe a la moral colectiva, al sentido de la dignidad del pueblo español y a su memoria: que haya pactado con Bildu y que  en el colmo de la indignidad les haya permitido presentar la ley de vivienda, como si fueran un partido más.

Eso es lo más imperdonable que se le puede reprochar a Pedro Sánchez. Que mientras la Audiencia Nacional trata de esclarecer tantos asesinatos sin resolver a estas alturas con la ayuda de dos etarras arrepentidos, él pacte con quienes llevan a asesinos en sus listas para las elecciones municipales. 

Porque una cosa es que nuestra democracia sea tan generosa que no les dé la espalda para siempre y otra muy distinta es que le sea posible a un dirigente socialista pactar con quienes han sembrado de cadáveres el suelo español.