Con las nuevas medidas para prevenir riesgos relacionados con el calor, los inspectores y subinspectores de Trabajo tendrán una nueva función. Deberán supervisar que las empresas cumplen con la norma que prohibirá trabajar al aire libre durante alertas naranjas o rojas por calor, así como que las empresas incluyen en su protocolo de prevención de riesgos laborales qué hacer durante episodios de altas temperaturas.

A raíz de que el año pasado fallecieran dos trabajadores en Madrid, ambos tras desvanecerse por un golpe de calor, la vicepresidenta y ministra de Trabajo anunció el miércoles una nueva prohibición. "No se va a poder trabajar en jornadas laborales cuando exista alerta naranja y roja según la AEMET", adelantó Yolanda Díaz en un acto en Alcorcón.

Y así lo aprobó este jueves el Consejo de Ministros, donde se concretó que las medidas a tomar por las compañías para la protección de los trabajadores en situaciones de "riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos" deberán tener en cuenta las características de la tarea y las de cada persona. Aparte, no estará permitido desarrollar "determinadas tareas", que este jueves no se concretaron, durante las horas del día en las que concurran esos fenómenos meteorológicos adversos que lo requieran así.

La letra pequeña, que desde el Ministerio de Trabajo prefieren no adelantar, se detallará este viernes con la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el marco de un real decreto que recogerá medidas de todo tipo en respuesta a la sequía y a las condiciones climatológicas. La mayor parte de estas novedades las dieron a conocer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Teresa Ribera y Luis Planas, titulares de las carteras de Transición Ecológica y Agricultura, pero Yolanda Díaz no compareció para explicar las novedades en materia laboral.

Huelga indefinida en la Inspección de Trabajo

El conjunto de novedades en la legislación laboral llega, sin embargo, en un momento en el que el personal de la Inspección de Trabajo ha anunciado que comenzará una huelga indefinida en junio si el Ministerio no atiende sus reivindicaciones antes. Los sindicatos denuncian que aún no se ha implementado el acuerdo al que llegaron en julio de 2021 para mejorar las condiciones de la plantilla y reforzarla, lo que les ha llevado a convocar paros parciales todas las semanas de los dos últimos meses. El último fue este martes 9 de mayo.

Durante todo el último año los inspectores, subinspectores y el resto del personal de estructura han venido criticando que la ministra anuncia en cada Consejo de Ministros nuevas responsabilidades para la plantilla, algo que consideran un insulto cuando ya han avisado de que no dan a basto. "Desde hace meses venimos denunciando falta de medios para supervisar de manera adecuada la nueva normativa en el ámbito laboral", protestaron las organizaciones convocantes en un comunicado conjunto.

En total, y como ya ha venido contando este medio, en España hay 858 inspectores de trabajo y 994 subinspectores. En total, 1.852 personas para controlar todas las posibles irregularidades. La ratio es de un inspector o subinspector por cada 10.546 empleados en el país, y de uno cada 707 empresas. E inspectores hay uno por cada 23.000 trabajadores, mientras que la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es de uno por cada 10.000.

Sanciones de hasta un millón de euros

Según ha podido saber este periódico, ahora la Inspección de Trabajo deberá supervisar que se cumple la nueva normativa ligada a episodios climáticos adversos, y multar a las empresas que no lo hagan en base a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). En ella se establecen sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales se sancionarán que van desde los 50 hasta el millón de euros.

Así, la LISOS recoge sanciones leves que en su grado mínimo comprenderán una multa de 45 a 485 euros; en su grado medio, de 486 a 975 euros; y en su grado máximo, de 976 a 2.450 euros. Las graves van desde los 2.451 a los 9.830 euros en su grado leve; en su grado medio, de 9.831 a 24.585 euros; y en su grado máximo, de 24.586 a 49.180 euros. Y las muy graves parten en su grado mínimo de los 49.181 euros hasta los 196.745; prosiguen en su grado medio de 196.746 a 491.865 euros; y en su grado máximo pueden alcanzar los 983.736 euros.

La misma ley detalla qué infracciones se consideran leves, graves y muy graves, pero ahora la nueva norma deberá determinar dónde se enmarcan los riesgos relacionados con las altas temperaturas. En cualquier caso, el objetivo, remarcan desde Trabajo, es que las empresas eviten casos tan graves como los sucedidos el año pasado, impulsando que cambien turnos a los trabajadores o modifiquen de otros modos sus jornadas con este fin.