Montoro enviará a Llarena documentación detallada del control de las cuentas catalanas desde 2015

El Ministerio de Hacienda y Función Pública aportará al Juzgado “toda la documentación” donde se detalla el control de la Ejecución presupuestaria de Cataluña desde el año 2015, según un comunicado remitido a última hora de este miércoles por el departamento que dirige Cristóbal Montoro.

De esta forma, responderá al requerimiento del Juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien ha solicitado al ministro explicaciones sobre sus declaraciones al periódico El Mundo, en las que aseguraba que no se habían utilizado recursos públicos para financiar el referéndum del 1-O o la manutención del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en el extranjero. Llarena sostiene que puede haberse producido una malversación de fondos en Cataluña en esa dirección por importe cercano a los dos millones de euros.

Según han concretado fuentes de Hacienda a Europa Press, lo que se remitirá al juez en los próximos días son certificados de pago y requerimientos bilaterales de información desde el Ministerio a la comunidad autónoma.

Hacienda valora “positivamente” el requerimiento del Juzgado, ya que, según dice, “da la oportunidad a este departamento de aportar al Tribunal Supremo todas las actuaciones de control a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, que hasta ahora no se habían solicitado”.

¿Cómo se controló a Cataluña?

Concreta Hacienda  que “inició diversos controles  en el año 2015, los reforzó en julio de 2017 y aprobó la intervención del propio presupuesto de la Generalitat en septiembre de 2017, situación que se mantiene en la actualidad”.

Lo que se hizo en 2015 fue comenzar a poner en marcha una serie de controles reforzados a la vista de la deriva política que estaba tomando la comunidad autónoma y el peligro de que se desviasen fondos públicos desde la prestación de los servicios públicos fundamentales a asuntos no amparados por la Ley. Este control específico estaba amparado por la Ley de Estabilidad.

En septiembre de 2017, estos controles se estrechan y Hacienda audita todo lo que tiene que ver con pagos vinculados a Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como desde el inicio del mecanismo, pero también las facturas relacionadas con los recursos procedentes de la financiación autonómica. Más tarde, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras el 1-O, el control se extiende también al uso de recursos por impuestos cedidos y tributos propios y se intervienen de facto todas las cuentas catalanas.

Desde entonces, el interventor de la comunidad autónoma tiene que emitir un certificado de cada contrato o cada pago que realiza la Generalitat, explicar el objeto y constatar que se realiza de acuerdo con la Legislación. Toda la información está basada en los certificados emitidos y en los registros informáticos de todas las operaciones.

No obstante, fuentes de la financiación de la Generalitat, como los tributos propios, no fueron fiscalizados ni controlados hasta después del 1-O, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En cualquiercaso, el comunicado de Hacienda termina señalando que “el Ministerio aportará al Juzgado toda la documentación donde se detalla el control de la Ejecución presupuestaria que ha dado seguridad a los ciudadanos catalanes y al resto de españoles”.

Con anterioridad, Hacienda ya ha realizado envíos de información al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, a petición del juez Juan Antonio Martínez Sunyer, que fue quien inició la investigación de la causa del procés.