El Ministerio del Interior expresa en un documento la necesidad de garantizar "la seguridad ciudadana" ante la migración y justifica así la adquisición de al menos una decena de "detectores de personas portátiles" para el control de las fronteras. El ministro Fernando Grande-Marlaska anunció hace semanas que una "frontera inteligente" estaría operativa a finales de año. El departamento, además, ha invertido en distintos contratos en los últimos meses (relacionados con productos de higiene y suministro) para tratar de mejorar la situación de las miles de personas extranjeras que se amontonan en las salas de asilo del aeropuerto de Madrid. 

En un documento que rubrica el jefe del servicio de armamento y equipamiento policial de la Policía Nacional, José Carlos Fernández Grobas, se explica la necesidad de “garantizar la integridad y la inviolabilidad de nuestro territorio soberano” y se licita un contrato por valor de 362.000 euros para este material que estará financiado con fondos de la Unión Europea. En la justificación de este contrato se menciona el artículo 104 de la Constitución que habla de “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. 

Los equipos de detección de personas en vehículos irán destinados la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional que es la que tiene competencias exclusivas sobre el control de entrada y salida del territorio nacional tanto de españoles como de extranjeros. Entre su cometido, está precisamente el de “la prevención, persecución e investigación de las redes de inmigración ilegal para garantizar que se cumplan las condiciones necesarias para la entrada legal y no prosperen mafias que se beneficien del estado de necesidad de inmigrantes”. Además, resalta que estos suelen proceder de países del continente africano. 

La Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina (BRIC) que depende de Extranjería es una unidad operativa móvil de control del territorio fronterizo que debe hacer labores de refuerzo bajo demanda incluso de países extranjeros para el control de vehículos y personas. Se centran en la lucha contra la inmigración ilegal y trata de seres humanos, el control de vehículos y personas y la prevención del orden público. Según Interior “ofrece una respuesta operativa inmediata y ágil, cuyo ámbito territorial de actuación se extiende a todo el territorio nacional, pudiendo participar igualmente en operativos de carácter internacional”. Pero su labor se vuelve cada vez más complicada ante el flujo continuo de personas por carretera. 

El documento habla de un posible “efecto llamada” de la inmigración ilegal, tanto en manos de mafias organizadas, como de polizones ocultos en vehículos y dice que “dadas las condiciones de peligro al que se someten en sus trayectos” los migrantes y con el objetivo de “proteger su propia vida” se fijan controles específicos en los principales puestos fronterizos españoles que resultan especialmente complicados cuando la cadencia de vehículos es muy alta. 

La detección de personas se vuelve más compleja aún cuando se trata de camiones o plataformas. La compra de estos aparatos pretende evitar el colapso del tráfico rodado con controles y disminuir a la vez el tiempo de reacción en el acceso a este tipo de vehículos. “Resulta necesario disponer de un medio fiable y versátil que facilite la información en tiempo real sobre personas ocultas en superficies no accesibles para el policía que interviene”, resalta el documento. Por eso, el departamento que dirige Marlaska considera “imprescindible” esta compra para el personal fronterizo. 

El pasado 10 de julio, el responsable de Interior estuvo en Ceuta anunciando la finalización de las estructuras del paso del Tarajal y avanzó que la frontera inteligente estaría plenamente operativa antes de final de año, conforme a las previsiones y los plazos establecidos por la Unión europea. "Después de seis años de trabajo y más de 22 millones de inversión, Ceuta cuenta con puesto fronterizo moderno y adaptado a las necesidades y requerimientos de la UE", señaló.

Miles de euros invertidos en Barajas

El departamento de Marlaska ha licitado en los últimos meses también decenas de pequeños contratos para suministrar material o cubrir las necesidades de los cientos de migrantes que están llegando principalmente a las costas de Canarias. A mitad de agosto el Ministerio del Interior había registrado ya 31.155 personas llegadas por tierra y mar, lo que supone un 66% más que ese periodo de 2023. 

El portal de contratación revela diversos contratos con destino a las salas de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como uno para 16 carros de lavandería de ropa (de 1.264 euros); otro para el suministro de 5.000 kit de aseo que incluyen botes de gel, champú, cepillo de dientes y tubo de pasta dentífrica (4.000 euros); sábanas y toallas para las salas (4.557 euros); productos higiénicos como compresas, pañales, toallitas húmedas, o biberones desechables (1.143 euros); 50.000 unidades de mascarillas (4.875 euros); pulseras de tela identificativas (1.1600 euros). 

También hay licitaciones para adquirir, por ejemplo, papel higiénico (1.328 euros) o uno de los más cuantiosos relativo a la compra de colchonetas (19.900 euros).  Prácticamente todos los consultados han sido financiados con fondos de la Unión Europea y tramitados por el procedimiento de emergencia. 

El Ministerio justifica este proceso (en el que no se dan publicidad a los contratos) “debido a la situación de llegada masiva de inmigrantes solicitando protección internacional”. Argumentan en el “colapso de las infraestructuras existentes” la declaración de la situación de emergencia que se acordó en una resolución del 31 de enero de este año por el director general de la Policía.