Es cuestión de días que la Ley de Vivienda aparezca en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entre en vigor, tras recibir el apoyo del Congreso y del Senado. La norma traerá cambios significativos para inquilinos y propietarios de los inmuebles, entre ellos, que tendrán que ser los segundos quienes corran a cargo de los gastos inmobiliarios o los honorarios de la agencia inmobiliaria que intervenga en el contrato de alquiler.

Hasta la fecha, era habitual que estos gastos los pagase el arrendatario, junto con el mes de fianza y el mes corriente en el que entrase a vivir en el inmueble. Y aunque este asunto está a punto de cambiar por ley, las inmobiliarias esperan hasta ese momento para cambiar su procedimiento, como ha podido comprobar El Independiente.

Tras consultar a cuatro inmobiliarias de forma anónima, dos de ellas insisten en que “hasta que la nueva ley aparezca en el BOE” es el inquilino el que asume esos gastos que suelen corresponderse con una cuantía equivalente a otra mensualidad. No obstante, una de las inmobiliarias diferencia entre el acuerdo que tengan con el propietario y las condiciones que se establezcan para el futuro inquilino, por lo que no contemplan un cambio cuando se publique la nueva ley.

De hecho, existen otras posibilidades para que el inquilino tenga que pagar más gastos además de la fianza y el mes corriente. En una de las llamadas, se indica que además de esos dos pagos es necesario suscribir un “seguro de alquiler” por petición del propietario de la vivienda. En otra de ellas, se reconoce que es una forma de cobrar dos meses de fianza sin incumplir la ley.

Desde la Agencia Negociadora del Alquiler puntualizan que la ley de Arrendamientos Urbanos permite la existencia de "una garantía adicional, que puede ser de hasta dos meses de mensualidad". No obstante, la norma da la posibilidad de "pactar cualquier tipo de garantía del cumplimiento", mientras que en las inmobiliarias consultadas se plantea como una condición sine qua non del propietario para acceder a la vivienda.

Fuentes del sector inmobiliario consultadas por este periódico indican que lo más probable es que las condiciones cambien en cuanto la ley entre en vigor, pero reconocen, que los propietarios están apurando los últimos días en los que todavía no se ha hecho efectiva para librarse de esos gastos de la inmobiliaria. Sin embargo, esta realidad no se ha visto reflejada en los datos de depósitos de fianzas en la Comunidad de Madrid, según indican fuentes conocedoras de la situación.

Más cambios para el alquiler

Además de este cambio, la ley incluye otras modificaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Entre estas, se prorrogarán de forma extraordinaria por un año los contratos de alquiler cuando se puedan acreditar situaciones de vulnerabilidad social o económica. En cuanto al precio, el incremento máximo anual para los contratos vigentes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del próximo año será del 3%.

Antes del final del próximo año, el Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene el mandato de establecer un nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda, “para evitar incrementos desproporcionados en la renta”, concreta el Gobierno.

Cabe señalar que los precios de la vivienda en alquiler no han sido ajenos a la inflación. Según datos de Idealista, los precios han subido un 8,9% en un mes y un 2,9% en lo que va de año. De hecho, en algunas comunidades autónomas se alcanzó en el mes de abril el máximo histórico.

En Castilla-La Mancha, los alquileres se han encarecido un 5% y han tocado su punto más alto, según el histórico del portal inmobiliario. Lo mismo ha ocurrido en Baleares, donde más ha subido el precio de la vivienda el alquiler, un 22% en un año. En Extremadura (+10%), Castilla y León (6,2%) y en la Comunidad de Madrid (9%) también se superó el máximo histórico en el mes de abril.

El sector, en contra

Como publicó este periódico, el sector inmobiliario no ha recibido con buen pronóstico esta ley, para el presidente de ACI, el planteamiento actual de la ley de Vivienda no solo perjudica a los inquilinos y propietarios de viviendas en alquiler, sino que «sitúa a España en clara desventaja frente al resto de países como destino de inversión, lo cual supondría una gran pérdida para la economía en general».

En este sentido, insiste en que puede llegar a darse una reducción «radical» de la oferta de pisos si los arrendadores acaban retirando sus activos del mercado como consecuencia de una norma que, por otro lado, algunas Comunidades gobernadas por el PP podrían no llegar a aplicar.