Fractura en el frente VTC: Unauto "lamenta" que Uber quiera la "desregulación del sector"

Hasta ahora había dos bandos bien diferenciados en el conflicto que enfrenta al taxi contra los operadores que se sirven de las licencias VTC. Por un lado, el sector del taxi, el Gobierno y los Ayuntamientos de Madrid o Barcelona. Por el otro, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Unauto, Uber y Cabify.

Sin embargo, el frente VTC se ha roto tras la vista en el Tribunal Supremo en el que todas las partes presentaron sus argumentos, en un conflicto que acabó resolviendo el Ejecutivo a golpe de decreto ley puenteando al Tribunal.

Unauto, y también Cabify, están interesados en un regulación del sector que deje el ratio de licencias, que en teoría debería ser de 30 de taxi por cada una VTC, en el entorno del 9 a 1, el actual en casi toda España. Por su parte, Uber aboga por una desregularización total de las licencias que acabe por enterrar cualquier ratio respecto a los permisos del taxi.

El enfrentamiento dentro del frente VTC parte del número de licencias que posee cada uno de los implicados. Cabify y Unauto son dos de los grandes propietarios de estos permisos, pero Uber no tienen ninguno en su poder ya que trabaja con empresas que sí las tienen.

Unauto frente a Uber

Por eso la plataforma estadounidense aboga por una liberalización absoluta de la circulación de estas licencias, mientras que Cabify y Unauto prefieran frenar su proliferación para que los precios de cada una, las que ellos ya tienen en su poder, no se desplomen.

La patronal que agrupa a los tenedores de licencias VTC, Unauto, ha emitido un comunicado en la mañana de este lunes en el que "lamenta" que Uber quiera "la desregulación del sector" y ha pedido a la compañía californiana que vuelva a "unirse al resto del sector para trabajar juntos con las autoridades y el resto de asociados".

Unauto le pide a uno de sus hasta ahora aliados que vuelva al redil para operar en "un entorno de competencia equilibrada". Del mismo modo, la patronal presidida por Eduardo Gómez acusa a Uber de "oponerse a la voluntad legislativa del Gobierno".

Uber se ha defendido explicando que "la apertura del mercado de las VTC favorecerá la creación de miles de puestos de trabajo y tendrá efectos positivos para los ciudadanos, que verán como se reduce el precio y la mejora de la calidad del servicio", apuntan desde la compañía, alegando que "queremos seguir trabajando en colaboración con todo el sector para alcanzar el objetivo común: que cada vez más gente deje su coche en casa".

Hasta ahora las relaciones entre los tres grandes actores del bando de las VTC ha sido fluida. De hecho, representantes de todas ellas participaron hace unos días en la convocatoria de Cabify en Madrid, en la que se invitó, pese a que rechazaron asistir, incluso a los representantes del taxi y de las administraciones de Madrid y Barcelona para poner las bases de un diálogo entre los dos frentes. 

El polémico decreto del Gobierno

En el Consejo de Ministros del pasado viernes el Ejecutivo aprobó, a toda prisa, un decreto ley que protege a los taxistas frente a Cabify y Uber. Se adelantaban así a la sentencia del Tribunal Supremo, que en unas semanas decidirá sobre la eventual liberalización del negocio de las VTC.

Una de las razones de la urgencia del Gobierno para tramitar la ley con celeridad y adelantarse a una eventual sentencia del Supremo que tumbe el decreto de 2015 es evitar el aluvión de concesiones de nuevas licencias VTC, al quedar suprimida la ratio obligatoria de una licencia por cada 30 de taxi. Y es que este boom provocaría un desplome del precio de las licencias del taxi (consideradas por el sector como auténtico fondo de pensiones de los conductores por su alto precio y por ser vendidas cuando se retiran).

El Ejecutivo se escuda en que la aprobación de dicha normativa garantiza un equilibrio de fuerzas que favorece al taxi. La medida mantiene la limitación de las licencias y además prohíbe a estas nuevas modalidades de transporte prestar más del 20% de su actividad fuera de su región.

“El objeto de este real decreto ley es lograr un adecuado equilibrio entre la oferta del sector de transporte de vehículos con conductor y el del taxi. Se busca garantizar una competencia equilibrada”, ha subrayado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La decisión del Consejo de Ministros está condenada a generar polémica, ya que el Tribunal Supremo aún no ha dictado sentencia sobre esas mismas limitaciones que ahora el Gobierno eleva a rango de ley. También se enfrenta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que fue la que denunció las barreras que actualmente protegen al colectivo del taxi, frente a los propietarios de licencias VTC.

Para sacar adelante la nueva normativa el Gobierno necesita recabar apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados. Unos apoyos que parecen garantizados, dada la pretensión de regular el sector de las VTC y proteger al del taxi que confirman desde hace tiempo PSOE, Ciudadanos y Podemos.