Recep Tayypip Erdogan mantiene su posición dominante en el Parlamento turco tras dos décadas en el poder después de un apretado pulso contra el candidato que representaba a la coalición opositora, Kemal Kiliçdaroglu, resuelto el pasado 28 de mayo en segunda vuelta. Erdogan logró un 51,91 %, superando por casi cinco puntos a su adversario socialdemócrata

Este nuevo mandato se abre en una sociedad profundamente polarizada, con una creciente fragmentación del apoyo a los partidos y una tendencia global: el ascenso de la ultraderecha. En la primera vuelta, su candidato, Sinan Ogan, resultó ser la tercera fuerza del país

El ultranacionalismo, con un discurso que criticaba la alianza de Kilicdaroglu con el Partido Democrático de los Pueblos (el HDP, nacido del movimiento político turco) tildándolos de terroristas, y que ha instrumentalizado el resentimiento de la sociedad turca hacia los refugiados sirios, ha sido un claro vencedor. Una dinámica que sin duda dejará huella en este próximo mandato, con una Asamblea en la que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdogan, pese a haber perdido algunos diputados, sigue manteniéndose fuerte gracias al ascenso y a su coalición con la extrema derecha del Partido de Acción Nacionalista (MHP).

Algunos pensaban que la gestión del terremoto que sacudió el sureste del país en febrero, con más de 50.000 muertos y daños equivalente al 4 % del PIB de Turquía en 2021, según el Banco Mundial, podría transformarse en un voto de castigo a Erdogan. Pero nada más lejos de la realidad.

Detrás del voto a Erdogan hay más dosis de pragmatismo que de pasión"

En el sureste del país los resultados apenas se diferenciaron de los de 2018. Lo cierto también es que, detrás del voto a Erdogan, en el poder desde 2003, hay más dosis de pragmatismo que de pasión: el viejo mantra de que más vale lo malo conocido y una sensación de estabilidad que el AKP ha sabido explotar en una campaña en la que se presentaba a Erdogan como "el hombre adecuado para el momento justo".

Un Erdogan algo tocado, pero no hundido se lanza ahora a la conquista de Estambul y Ankara en 2024, epicentros que perdió el AKP en las elecciones de 2019. Tocado no sólo por la polarización que él ha explotado -entre otras cosas, con sus alianzas- sino también por la situación económica que hereda de sí mismo: sus criticadas decisiones en esta materia han contribuido a un aumento exponencial de la inflación (al menos del 45%, según fuentes oficiales); la lira ha caído a mínimos históricos.

Paralelamente, las relaciones entre Turquía y la Unión Europea siguen siendo objeto de debate.

Desde la UE se siguieron con preocupación las conclusiones preliminares de la misión de observación de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa (OSCE) en las que se subraya el autoritarismo de Erdogan, que opera en un Estado de Derecho ya muy debilitado, especialmente desde 2016. El informe señala cómo no están plenamente garantizados por la Constitución y el marco jurídico los derechos y libertades fundamentales, limitadas progresivamente y sin que haya una verdadera independencia del poder judicial. En la campaña, Erdogan no dudó en utilizar los recursos del Estado para promocionarse. En definitiva, un contexto que "no proporciona plenamente una base jurídica sólida para la celebración de elecciones democráticas".

La UE necesita reestructurar su relación con Ankara. Un socio necesario, con el que tenemos numerosos retos comunes, entre los que destaca la gestión migratoria, progresivamente externalizada en Turquía especialmente tras el acuerdo de 2015. Pero no sólo eso: están también la necesidad de unidad en la OTAN para contener la amenaza rusa, la estabilidad de los conflictos abiertos con diferentes estados miembros, la búsqueda de socios globales cada vez más necesarios y, cómo no, el estatus de candidato a la adhesión que sigue congelado, pero vigente. Tras la victoria de Erdogan, por tanto, los líderes europeos han apelado a la necesidad de la "profundización" en una relación "constructiva".

Durante años el estatus de candidato ha servido como plataforma para apostar por la capacidad de incidencia: pese a que la adhesión se encuentre formalmente bloqueada desde que el Consejo decidiera en 2018 no abrir nuevos capítulos, los pasos hacia adelante y hacia atrás nos han hecho creer que la UE tenía una herramienta y cierto margen para exigir a Erdogan el cumplimiento de los criterios de Copenhague y el respeto al Estado de Derecho.

Llegados a este punto, urge que la UE establezca una verdadera estrategia a largo plazo con Turquía que permita promover la garantía de derechos y libertades y poner fin al estancamiento de la diplomacia con el país, investigando también las posibilidades en el seno de la Comunidad Política Europea, propuesta por Emmanuel Macron el pasado año. 

Algunos defienden que la reforma del Acuerdo de Ankara, que ha sido la base para nuestras relaciones casi desde su concepción en 1963, podría ser una vía alternativa con la que abordar diversas cuestiones clave como la gestión de la migración irregular, la liberalización de visados o el diálogo político de alto nivel. Pero también debemos ser honestos: cualquier cambio en la profundización o la reestructuración de nuestras relaciones no será fácil con un Erdogan que avanza hacia el autoritarismo impulsado por la extrema derecha.

Hay que buscar vías para establecer una condicionalidad democrática tangible, al tiempo que seguimos desarrollando herramientas de cooperación con la sociedad civil turca y otros tipos de apoyo, como la ayuda humanitaria. Lo que está claro es que el respeto a los derechos humanos y el estado de Derecho debe ser una línea roja para la UE. 

El caso de Turquía ejemplifica cómo no puede haber un dilema entre valores e intereses en la política exterior europea"

El caso de Turquía ejemplifica cómo no puede haber un dilema entre valores e intereses en la política exterior europea. El resultado electoral y Erdogan presumiendo de vencedor frente a las "organizaciones terroristas y las corrientes de depravados" (en referencia a las personas LGTBI) sugieren que el retroceso de derechos y libertades irá a más. A ello se suma la retirada de Turquía del Convenio de Estambul en 2021, decisión particularmente alarmante dado el elevado número de feminicidios y otras formas de violencia hacia las mujeres en el país. 

Nuestros valores deben ser nuestros principales intereses. Es también nuestra responsabilidad para con la sociedad civil turca, para con toda la población que desde años mira a la UE con esperanza. Abandonarles ahora tendría consecuencias irreversibles, también para el futuro de la UE. 


Soraya Rodríguez es eurodiputada del Parlamento Europeo en la delegación de Ciudadanos