Ni siquiera han podido descender de las escalerillas del avión en El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental. Las autoridades marroquíes han impedido este sábado el acceso a los territorios ocupados del Sáhara de las abogadas Inés Miranda y Lola Travieso, miembros de una delegación acreditada por el Consejo General de la Abogacía Española que tenía como tarea verificar la situación de la población saharaui en el último territorio del continente africano pendiente de descolonización.

"Hemos sufrido este sábado el impedimento de entrada por parte de las autoridades marroquíes al territorio del Sáhara Occidental, a su capital de El Aaiún", han señalado ambas en una breve declaración por vídeo a bordo del avión. "Denunciamos la ocupación y mostramos nuestra repulsa al violento trato que hemos recibido cuando ni siquiera nos han dejado bajar del avión y denunciamos, además, el trato que está recibiendo la población civil saharaui", han agregado.

Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española ha denunciado este sábado por escrito la expulsión ante el ministerio de Exteriores español "sin que exista ninguna clase de causa de lo justifique". "La Abogacía Española ha reiterado su apoyo al trabajo que realiza la aludida asociación de juristas, que no es otro más que constatar al respeto  a los derechos humanos y denunciar su atropello en la antigua colonia española, y considera que el Ministerio de Asuntos Exteriores debería formular una queja por escrito ante las autoridades marroquíes por impedir el acceso de las dos abogadas españolas", señalado el consejo en un comunicado.

Ambas letradas pertenecen a la Asociación internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS, por sus siglas en inglés) y formaban parte de una delegación técnico jurídica que tenía como finalidad "hacer seguimiento in situ, mediante un proceso de observación directa, de la situación y respeto a los derechos humanos de la población saharaui en el territorio no autónomo del Sáhara Occidental" en plena escalada de la represión a activistas saharauis. La delegación trabaja desde 2002.

La organización denuncia que ambas abogadas han sido expulsadas y obligadas a regresar a las Islas Canarias "previa retención ilegal y trato vejatorio durante varias horas en el aeropuerto de El Aaiún". De la visita de tres días, frustrada por el régimen alauí, habían sido informados la ONU y los ministerios españoles de Exteriores, Interior e Igualdad así como Moncloa y el presidente del Gobierno de Canarias.

Recuerdan, además, que "el Sáhara Occidental se encuentra en el listado de Naciones Unidas de territorios pendientes de descolonización y que, legalmente, España es su potencia administradora, sin embargo, desde que abandonó el territorio en 1975 viene incumpliéndose la obligación, no sólo de descolonizarlo sino de informar sobre la situación de su población, conforme exige el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas".

Este nuevo veto de acceder al territorio se produce apenas una semana después de otro episodio similar en el que Sidahmed Hanini, un ex prisionero saharaui y su esposa fueron expulsados tras aterrizar en la ciudad y permanecer retenidos en el aeropuerto durante más de 15 horas. En mayo un investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona también fue expulsado después de que agentes de la policía secreta irrumpieran en el hotel en el que se alojaba en los territorios ocupados.

La asociación a la que pertenecen Miranda y Travieso subraya que esta acción de impedir el acceso a observadores internacionales no es aislada. "También afecta al Enviado Personal del Secretario General de Naciones Unidas, Steffan De Mistura, que lleva dos años intentando acceder al territorio para cumplir con la misiín que le encomienda la comunidad internacional en la búsqueda de una solución del conflicto, así como a numerosas relatorías especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a cualquier ONG que pretenda esclarecer los graves crímenes perpetrados por Marruecos sobre el pueblo del Sáhara Occidental".

La asociación de juristas alega que desde la ocupación marroquí en 1976 "se han registrado y denunciado numerosos casos de persecución, secuestro, desapariciones forzosas y ejecuciones sumarias contra la población civil, hechos estos que se investigan ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional". "Asimismo, con la interrupción del cese al fuego auspiciado por la ONU el pasado noviembre de 2020 y la reanudación de las hostilidades entre las partes, esta asociación ha podido constatar un alarmante aumento de la represión y la persecución política contra la población civil saharaui en las zonas ocupadas por Marruecos", añaden.

Un deterioro de la situación que lleva al grupo a instar a la "comunidad internacional en general y al Gobierno de España en particular a que exijan el cumplimiento de la legalidad internacional en el Sáhara Occidental y la protección de los derechos humanos del pueblo saharaui".