Las nóminas de los trabajadores han sido tradicionalmente la principal fuente de ingresos del Estado. Por un lado, el IRPF, que tiene cautivos a los asalariados sin capacidad elusoria alguna, sigue siendo el impuesto que mayor recaudación aporta a las arcas públicas a pesar de que hay 1,2 millones de trabajadores menos que al inicio de la crisis. Y, por otro, estas remuneraciones son la principal fuente de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Lo que evidencia que sin nóminas no hay paraíso para la financiación pública ni el gasto social. Sin embargo, España ha iniciado el camino para convertirse en un país con apenas asalariados, el sector público será la excepción, como consecuencia del reducido tamaño de las empresas y del aumento de las bonificaciones del Gobierno para fomentar la existencia de empresas sin asalariados, y, de esta forma, conseguir una estadística laboral que baje a corto plazo el paro. A todo esto contribuye también el modelo de crecimiento económico, basado en los servicios, que representa más del 70% del PIB y del empleo, y que facilita la atomización de las empresas.
Según los últimos datos oficiales del INE, casi tres de cada cuatro nuevas empresas creadas en el año anterior no tienen asalariados. Así, de las 682.000 sociedades registradas con una antigüedad inferior al año, más de 488.000 (72%) no tienen nómina alguna. Mientras, otras 131.000 empresas (otro 20%) han contratado a uno o dos trabajadores. Sólo el 1% de las nuevas entidades tienen 10 o más empleados.
Según el INE, tres de cada cuatro empresas creadas el año pasado no tienen asalariados
El riesgo de no durar mucho de estas microempresas sin asalariados es muy elevado ya que sólo el 12% de las existentes (228.000), prácticamente una de cada 10, tiene acumulada una antigüedad de 20 años o más. Menos de un tercio de ellas duran más de 10 años, es decir, han aguantado la crisis. Esas 488.000 nuevas sociedades representan en la actualidad el 27% del conjunto de las empresas sin asalariados. En sólo un año ha aparecido una de cada cuatro sociedades sin nóminas.
Se trata del autoempleo de autónomos, como personas físicas en su mayoría, pero también llama la atención el crecimiento del número de sociedades limitadas e incluso de anónimas sin trabajadores. Este repunte hasta 2017, eleva ya al 56% el porcentaje de estas empresas que no tienen en nómina a trabajador alguno respecto al conjunto de sociedades en España. Cuando empezó la crisis, esa cifra era del 51%. El alza se debe a la imposibilidad de que el modelo económico genere otros empleos y también al interés del Gobierno en aumentar más las bonificaciones a la autocontratación, como la tarifa plana y las reducciones fiscales, en lugar de beneficiar al tejido productivo de mayor tamaño.
Empresas sin asalariados
Hay 69.000 microempresas sin asalariados más que en 2008 (4%). Su crecimiento ha sido exponencial desde 2014, cuando se acentuaron las ayudas y la economía empezó a repuntar. Desde entonces, el aumento ha sido de 151.000 entidades más (9%) hasta superar la cifra récord de 1,8 millones de las casi 3,3 millones del conjunto de empresas en activo en España. Por tamaño, son las únicas sociedades que crecen desde que comenzó la crisis.
Por ejemplo, hay 64.532 empresas menos en activo (-6,7%) que hace 10 años que tienen contratado sólo uno o dos asalariados; 47.104 menos (-13,6%) con 3 a 5 trabajadores; 39.764 menos (-24,8%) con 6 a 9 empleados; 50.596 menos (-30%) con 10 a 49 nóminas; 5.089 menos (-19%) con 50 a 200 empleos; 755 menos (-16,7%) con 200 a 500 trabajadores; y hay en la actualidad 158 empresas menos (-8,1%) que en 2008 con más de 500 trabajadores. Por tanto, se mantienen aún las secuelas de la crisis ya que, pese al alza del autoempleo, hay un 4,1% de empresas menos en su conjunto que en 2008 (unas 140.000) a pesar de la mejoría de la economía, con un alza del PIB del 13%, y del empleo, un 12,1% más, desde los mínimos registrados en 2013.
Las sociedades españolas tienen más problemas para acceder al crédito y generar recursos
Estas cifras demuestran la excesiva atomización del tejido empresarial en España, ya que el 95,6% de las sociedades tienen menos de 10 asalariados frente al 94,1% en 2008. Supone tres puntos más que la media europea y, por ejemplo, 13 puntos por encima de Alemania, con un modelo económico basado en la industria y las exportaciones. Este tamaño tan reducido del tejido empresarial, expuesto permanentemente al cierre y la quiebra, se traduce en que las sociedades españolas tienen mayores dificultades en acceder a la financiación para generar recursos e inversión, también en innovar y, sobre todo, en mejorar la productividad y la competitividad. A ello hay que sumar la dificultad en generar puestos de trabajo de calidad laboral, salarial y contributiva.
De esos 1,8 millones de microempresas sin asalariados, casi 1,2 millones (66%) tienen como titular a una persona física. Es decir, son autónomos en sentido estricto. En todo caso hay un 3,4% menos que en 2008 (-43.158). Sin embargo, hay 99.173 Sociedades Limitadas más (casi un 30%) que hace 10 años sin nómina alguna, hasta 437.000, por la idoneidad de acogerse a la modalidad de empresa de pequeña dimensión con una tributación fiscal más favorable. También crece en casi 1.200 (4,5%) el número de Sociedades Anónimas (SA) respecto a las que había al inicio de la crisis, hasta las 437,000, y curiosamente aumentan en unas 12.000 (7,8%), hasta las 160.000, las que figuran en el epígrafe de otras formas jurídicas, entre las que destacan las sociedades de comunidad de bienes (asociaciones de empresarios o autónomos que no tributan por el impuesto de sociedades) y comanditarias (empresas personalistas con la coexistencia de socios que no suelen participar en la gestión).
Qué actividad desarrollan
Se trata de entidades que mayoritariamente están ligadas al ciclo económico. Es decir, suelen tener una duración corta. Aparecen cuando la economía mejora y se volatizan cuando empeora la situación. Entre ellas se encuentran las que testan la posibilidad de encontrar un nicho en el mercado, es decir, las relacionadas con el emprendimiento, pero que echan el cierre inmediatamente si los resultados iniciales o la financiación no acompañan. Por ejemplo, en porcentaje, el 87% de las sociedades que se dedican al suministro de luz o gas no tienen asalariados.
El 87% de empresas dedicadas al suministro de luz o gas no tienen asalariados
Lo mismo sucede con el 83% de las destinadas al comercio al por menor en puestos de venta; el 82% de las que realizan promoción inmobiliaria; el 77% de las que se encargan de las actividades artísticas; el 74% de las que gestionan seguros; el 73% de las que tienen como razón social la ingeniería civil; el 70% de las que hacen actividades inmobiliarias; el 72% de las que formalizan servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; y el 68% de las que se encargan de la investigación y desarrollo.
Por encima del 50% de las sociedades sin nóminas se encuentran además las dedicadas a la contabilidad y administración, publicidad, actividades veterinarias, relacionadas con el empleo, agencias de viajes, reparación de ordenadores, actividades sanitarias y de educación, servicios a edificios y jardinería, servicios de información y edición, alojamientos turísticos, transporte de mercancías, comercio al por mayor, construcción de edificios, instalaciones eléctricas y, por ejemplo, confección de prendas de vestir. En número absolutos, el comercio al por menor tiene más de 232.000 empresas que no tienen asalariados.
Le siguen: la construcción de edificios, con 146.000; actividades inmobiliarias, con 117.000; el comercio al por menor, con 114.000; y el transporte terrestre, con 100.000 microempresas. Llamativo es también que el 95% de las sociedades existentes dedicadas a la contabilidad tengan menos de dos asalariados. Lo mismo ocurre con el 93% de las que realizan actividades inmobiliarias o el 92% de las relacionadas con la de arquitectura e ingeniería.
Aunque aún queda por recuperar mucho empleo respecto al inicio de la crisis, ya que hay casi 1,2 millones de asalariados menos que hace 10 años, esta carencia de nóminas ya empieza a notarse en la recaudación de Hacienda y de la Seguridad Social. Por ejemplo, según el Gobierno ya se ha recuperado la recaudación por IRPF de 2008 así como las cotizaciones. Pero, son datos en términos nominales que excluyen la inflación en estos años. Deflactadas las cifras, sale que los 78.027 millones de euros de ingresos anunciados en términos nominales por el Ejecutivo equivalen a 69.132 millones de 2008 con una evolución media de los precios del 11,4%. Es decir, la caja fiscal que dejan las rentas de trabajo es aún un 10,3% inferior a la de hace 10 ejercicios (más de 8.000 millones menos).
Las empresas más grandes obligan a muchos empleados a darse de alta como autónomos
En todo caso, este descenso de aportaciones de las nóminas al IRPF se puede corroborar observando la recaudación de 2017. Sólo aumentó en 4.600 millones respecto al año anterior con 611.000 empleos más, una inflación media positiva del 2% y con un crecimiento del PIB del 3,1%. En todo caso, a la hora de valorar la tributación de los asalariados, conviene no olvidar que, según datos de la Agencia Tributaria, un empresario autónomo en estimación objetiva declara una media de ingresos que no llega a los 10.000 euros anuales mientras que los trabajadores con una nómina llegan a casi 21.000 euros. Algo similar ocurre con la caja de las pensiones, afectada también por la baja calidad del empleo y salarios. En términos reales, la recaudación en términos reales es ahora inferior en 12.000 millones respecto a 2008.
Sin embargo, el Gobierno tampoco ha incluido en los planes de inspección de este año de la Seguridad Social el aumento de las microempresas ya que, como aseguran fuentes de la propia inspección, existe una generalización de falsos autónomos. Es decir, las empresas de mayor tamaño obligan a muchos empleados a darse de alta como trabajador por cuenta propia, girando la correspondiente factura por un servicio que realmente corresponde a una nómina. De esta forma, se ahorra las cotizaciones y otros gastos. Son los autónomos quienes cargan con las cotizaciones (más del 70% eligen la mínima), y también deben ocuparse de otros gastos para el desempeño de la actividad como, por ejemplo, una oficina, luz, teléfono o inversión informática. Su inclusión en los planes de inspección elevaría el número de nóminas ya que muchas empresas deberían correr con su alta en la Seguridad Social.
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