Los empleados públicos piden 800 millones más para los 10.000 mileuristas del Estado

Las costuras del gasto del Estado se tensan aún más ante la mirada crítica de Bruselas. Los sindicatos más representativos de la función pública -CSI-F, CCOO y UGT- han anunciado movilizaciones en un centenar de ciudades entre el 21 de mayo y el 21 de junio para pedir la equiparación salarial entre empleados laborales y funcionarios de carrera y establecer un salario mínimo en la Administración General del Estado (AGE) de 1.200 euros al mes.

Según los cálculos que manejan las centrales a los que ha tenido acceso El Independiente, estas mejoras beneficiarían a alrededor de 10.000 trabajadores del Estado, con un coste de alrededor de 800 millones de euros. Esta cantidad se sumaría a los más de 6.000 millones de euros en mejoras retributivas para los empleados públicos ya comprometidas en los Presupuestos de 2018.

Para articular estas mejoras retributivas, los sindicatos reclaman un incremento lineal sobre los salarios de 200 euros y una dotación presupuestaria equivalente a 100 euros por efectivo para el establecimiento de la carrera profesional. Según las organizaciones sindicales, se trata de cantidades "asumibles", que podrían disponerse en un horizonte plurianual.

Sin embargo, la situación no es la mejor para pedir mayores esfuerzos al Gobierno. En Europa ya ven con preocupación que el Gobierno de Mariano Rajoy haya alcanzado con los sindicatos un acuerdo a tres años con el compromiso de subir los salarios de los empleados públicos en casi un 9% en ese periodo (de ahí los más de 6.000 millones presupuestados), junto a otras mejoras laborales significativas. Un pacto con el que parecía que el Ministerio de Hacienda y los funcionarios daban por enterrada el hacha de guerra.

No es así y, además, la reactivación del conflicto con los empleados públicos coincide con la subida de las pensiones con el IPC, que ha acabado por prender la mecha de las advertencias de la UE. Fuentes comunitarias anticipan de hecho que el informe preceptivo de recomendaciones que Bruselas emitirá el próximo 23 de mayo incluirá una valoración de las proyecciones de ingresos y gastos que se incluyen en los Presupuestos de 2018 y advertirán especialmente sobre la necesidad de reducir el déficit estructural del Estado (y tanto pensiones como salarios públicos, se consolidan como gastos estructurales).

10.000 trabajadores mileuristas en el Estado

La razón de que los sindicatos se embarquen en esta nueva ronda de movilizaciones y demandas se entiende al analizar los diferentes ámbitos de negociación. El acuerdo de mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos de marzo se debatió dentro del marco presupuestario en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

De ese acuerdo, aún están por desarrollar aspectos como el restablecimiento del 100% de las retribuciones en situación de incapacidad temporal y la recuperación del carácter máximo de la jornada de 37,5 horas). Los sindicatos también reclamarán este desarrollo en la próxima oleada de movilizaciones.

Y también pedirán el desbloqueo del IV Convenio Único del personal laboral, pendiente de renovación, en el que se los sindicatos ven una oportunidad para poner sobre la mesa la palabra de moda en las negociaciones con la Administración, la equiparación.

De los alrededor de 200.000 empleados públicos afectos al convenio único (se excluye a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado), alrededor de 40.000 son empleados laborales, que cobran menos que los funcionarios de carrera, entre otras cosas por que no se benefician de sus complementos. Además, un empleado laboral del Estado puede cobrar de media unos 200 euros menos que otro en las comunidades autónomas.

Es por ello que, pese a las dificultades presupuestarias que empiezan a presentarse, los funcionarios hayan decidido redoblar la presión sobre el gasto del Estado.

Los niveles peor pagados del Estado

Fuentes sindicales explican que las reclamaciones de mejoras salariales se dirigen principalmente a los 5.000 empleados laborales del nivel 5 del Estado que tienen un salario bruto inferior a los 1.000 euros y a los otros 5.000 del nivel 4 que, con un salario bruto superior, el neto se queda también por debajo de esa cifra. Además, las mismas fuentes incluyen a una cantidad indeterminada de nuevos funcionarios de la categoría C2 que, al no tener complementos por antigüedad, también se situarían por debajo de los 1.000 euros mensuales.

Estos mileuristas del Estado están presentes de manera trasversal en toda la AGE, pero sobre todo en el área de Defensa, donde se concentra casi la mitad de todos los empleados laborales.

Más allá, los trabajadores peor pagados se encuentran en los ámbitos de la administración que generan más gasto, como es el caso del Servicio Público de Empleo (SEPE). Por el contrario, los mayores sueldos están en aquellas áreas de la Administración encargadas de recaudar, como la Agencia Tributaria (AEAT) o la Seguridad Social, en la que hay mayor presencia de funcionarios A1, que cuentan con importantes complementos específicos y por productividad y que generan un efecto cascada en los niveles inferiores.