El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha procesado por delitos de terrorismo y fabricación y empleo de artefactos explosivos a Pompeyo G. P., el jubilado de 74 años, acusado de enviar cartas bomba a la embajada de Ucrania en Madrid, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a otras cuatro lugares más en noviembre de 2022. El magistrado descarta, eso sí, que tuviera ninguna vinculación directa con el régimen ruso si bien su intención fue alterar la paz pública en un contexto de guerra.

En su escrito, Calama atribuye el delito de terrorismo porque, aunque no hay indicios de colaboración con ninguna banda armada, las acciones que se le imputan se produjeron en en el escenario bélico entre Rusia y Ucania. Por esto, revela el juez, "evidencian que en el ánimo de dicho procesado está presente tanto el objetivo de alterar la paz pública, transmitiendo el mensaje de que nos encontramos ante unas acciones efectuadas por personas vinculadas a Rusia como represión hacia los intereses de España y Estados Unidos como consecuencia de su apoyo a Ucrania ante la ocupación rusa, como obligar a los poderes públicos de nuestro país a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa".

Cabe recordar que estos envíos terminaron con un herido en la embajada del país ucraniano y que se remitieron cartas también a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a las instalaciones de la empresa Instalaza en Zaragoza, a la Embajadas de Estados Unidos y al centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

Las pruebas de la Policía Nacional contra el jubilado son sólidas porque incluyen un registro de ADN. Los agentes recogieron un abolsa de residuos del domicilio de él durante un periodo de vigilancias y analizaron los restos biológicos en los artefactos. "El informe de ADN de la Comisaría General de Policía Científica [...] constata que el ADN extraído de los vestigios abandonados por Pompeyo G. P. coincide con el perfil genético recogido en los sellos y en las diferentes partes internas de los artefactos explosivos", describe la resolución.

Una investigación de cirugía fina

Los sobres que no explosionaron fueron una prueba clave, como el que se recibió en la embajada de Estados Unidos, para construir toda la investigación. Allí encontraron matasellados de forma parcial por el Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de Valladolidad y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de este centro evidenciaron que los artefactos se habían procesado allí.

La Policía pidió información a la empresa de sobres de venta online y entre todos los perfiles facilitados estaba el de Pompeyo G.P que vivía en Miranda de Ebro (Burgos). Igualmente, su rastro de compras en Amazon reveló que entre junio y julio de 2022 había adquirido un kilo de nitrato potásico, cable con mecha, interruptores, filamentos de cobre, bombillas, tornillería, etc. Todo lo necesario para la fabricación de los artefactos caseros.

La detención se produjo el 25 de enero de este año y en su casa se encontraron varillas cilíndricas, tornillos y muelles, así como taladros y brocas que, los investigadores creen formaban parte de un arsenal con el que pensaba volver a delinquir. Se hallaron plantillas para dibujar números y letras del abecedario que, "con una alta probabilidad, fueron utilizadas para escribir los destinatarios y direcciones de envío", dice el juez.

Delitos

Calama solicita para él una fianza por importe de 6.000 euros. Los hechos constituyen un delito de terrorismo y otro de fabricación y empleo de artefactos explosivos con finalidad terrorista y, ambos en su modalidad agravada porque se dirigieron expresamente al presidente del Gobierno ya la ministra de Defensa. Con nombre y primer apellido, es decir, pensaba atentar directamente contra miembros del Ejecutivo.

El magistrado recoge, además, jurispruendica en la que indica que es posible considerar una acción como terrorista aunque no aparezca vinculada una organización sí tiene "la entidad suficiente para alterar gravemente la paz pública". Así considera que ocurrió con este caso que durante dos días desplegó a la Policía y, en concreto, a los TEDAX en distintas instalaciones de Madrid.