Son el 13% del conjunto de los trabajadores en España. En total, más de 2,6 millones. Se dedican a las tareas del hogar, a la agricultura, a la hostelería y a la construcción, sectores donde representan más del 20% de toda la mano de obra en el país. Les diferencia que no tienen la nacionalidad española, sino que proceden de países como Rumanía, Marruecos, Italia, Colombia, Venezuela y China.

Es el grupo de trabajadores extranjeros que está tirando con fuerza del empleo en España. La Seguridad Social cuenta con más de 100.000 afiliados -es decir, trabajadores empleándose en empresas en el país o en el sector público- de cada uno de los países recién mencionados. Se trata de un grupo que ha crecido un 50% en los últimos diez años, de los 1,6 a los 2,6 millones de personas, frente al 27% que ha aumentado el total de trabajadores inscritos.

En el último año, los trabajadores extranjeros han aumentado un 12% frente al 3% que ha crecido la afiliación general, en una muestra de hasta qué punto los migrantes están contribuyendo a impulsar las buenas cifras de empleo de los últimos meses. En algunas comunidades tienen mayor peso que en otras, ya que en Madrid y Cataluña suponen más de un 20% del conjunto de trabajadores mientras que en Extremadura, Asturias y Cantabria no llegan al 1%. Este año además han tenido un papel importante los ciudadanos ucranianos, de donde proceden 65.000 de los 2,6 millones de extranjeros con contratos laborales.

Los datos de trabajadores extranjeros son especialmente relevantes en un momento en el que el ala socialista y el ala morada del Gobierno, así como los propios sindicatos y empresarios, están chocando por la regularización de foráneos. Mientras que los empresarios y el Ministerio de Seguridad Social opinan que las políticas de contratación de trabajadores en origen y de regularización de extranjeros son importantes y necesarias para cubrir las vacantes que las compañías españolas no consiguen llenar, en el Ministerio de Trabajo y en UGT y CCOO creen que no existe un problema de vacantes, y que acudir a otros países perjudica a los parados españoles.

De fondo, reluce el eterno debate -entre comillas- sobre si los extranjeros quitan los puestos de trabajo a los locales. Los economistas entrevistados por este medio en anteriores ocasiones siempre han defendido que no es así, puesto que acceden a empleos que los trabajadores del país no quieren. Pero ahora los sindicatos y Trabajo argumentan que si los nacionales prefieren evitar esos trabajos tiene que ver con las malas condiciones laborales que se ofertan. Y que esos bajos salarios mejorarían si las empresas no ven otra alternativa para encontrar personal. Por eso, Yolanda Díaz ha hecho suyo el "páguenles más" que acuñó el presidente estadounidense Joe Biden.

Es decir, que un agricultor español no se marcha a la vendimia francesa por gusto, sino porque allí los salarios son más altos que en el campo español. De esta manera, UGT ha insistido en diferentes ocasiones en que no deberían buscarse trabajadores en el extranjero para llenar esos puestos de trabajo, no en un momento en el que en España hay casi tres millones de parados. En el departamento de Yolanda Díaz también opinan en el mismo sentido: "Esto no se soluciona abriendo la contratación en origen. Eso incluso impediría resolver algunos problemas del mercado de trabajo".

Arraigo por formación

En pleno debate, el Ministerio de Seguridad Social ha encontrado una suerte de punto medio entre ambas posturas: flexibilizar el arraigo por formación. Así es como se conoce al permiso de residencia y trabajo que se otorga a los inmigrantes irregulares que se forman para trabajar en España, siempre y cuando lleven al menos dos años en el país, una normativa que el Gobierno aprobó el pasado verano y que ahora se ha retocado.

La norma exigía que los migrantes debían realizar cursos de mínimo 200 horas y de manera presencial para conseguir esta autorización de trabajo. Según asegura Seguridad Social, las organizaciones competentes trasladaron las dificultades que estos requisitos estaban provocando para que mujeres con hijos a cargo accediesen a estos cursos, y no solo ellas, puesto que estas exigencias complicaban el compatibilizar la formación con un trabajo que garantizase unos ingresos mínimos.

En consecuencia, hace dos semanas Seguridad Social eliminó estos dos requisitos a través de una instrucción que ya está en vigor. Según los datos del Ministerio, desde septiembre casi 30.000 personas han solicitado la autorización, y la han conseguido 12.000. Ahora, esperan que la figura sea más accesible por diferentes grupos de población, aunque para evaluar los efectos de la medida aún habrá que esperar unos meses.