La ley que evitará la "cesión ilegal" de trabajadores a través de subcontratas, una de las principales demandas de las 'Kellys', empezará a tomar forma en el Congreso a partir de mañana, cuando los partidos políticos debatiránn la ponencia que reformará el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores.

La Comisión de Empleo del Congreso ha reactivado la proposición de ley del grupo parlamentario del PSOE que fue aprobada en pleno en diciembre de 2016 y que insta a modificar el Estatuto de los Trabajadores para igualar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores subcontratados con los que hacen el mismo trabajo y son contratados por la empresa principal.

El objetivo es regular mejor las contrataciones externas igual que en su momento se legisló sobre las Empresas de Trabajo Temporal"

Esta iniciativa, que ha recibido cerca de 30 enmiendas parciales inicia su debate en ponencia mañana después de que varias asociaciones de camareras de piso, las denominadas 'Kellys', se reunieran con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en La Moncloa, para pedirle un cambio en la ley que les proteja frente al abuso de las externalizaciones. Rajoy se comprometió a estudiar que se prohibiera la externalización de una actividad que es principal en una empresa, como es el caso de las limpiadoras de hotel y el grupo parlamentario del PP se ha mostrado dispuesto a negociar esta iniciativa legislativa que han presentado los socialistas.

La proposición de ley que pide modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores insta a que las empresas contratistas o subcontratistas vinculadas a la actividad principal de una empresa garanticen a sus trabajadores, durante el tiempo que dure el servicio, las mismas condiciones laborales y salariales previstas en el convenio colectivo que tiene la compañía contratante, o en caso de no tener acogerse al convenio sectorial.

El objetivo es regular mejor las contrataciones externas igual que en su momento se legisló sobre las Empresas de Trabajo Temporal. PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos, ERC y PDeCAT son los partidos que han presentado enmiendas al texto, mientras que el PP o PNV no han incluido ninguna. Los socialistas piden definir los elementos principales que intervienen en la relación de contrata y subcontrata, así como qué debe entenderse por actividad principal, con respeto a la negociación colectiva.

Reforzar el control y la supervisión

Unidos Podemos comparte que se establezca por ley las definiciones de "empresario principal", "empresario contratista", "subcontratista" y de "propia actividad", debido a la abundante litigiosidad en torno a estos conceptos y urge garantizar los puestos de trabajo de los trabajadores empleados por las empresas contratistas en actividades que integran la propia actividad de la empresa principal.

ERC considera necesario resolver el problema de la concurrencia entre convenios colectivos, ya que -señala- la reforma laboral de 2012 estableció la prevalencia del convenio de empresa sobre los convenios de ámbito superior y pide su derogación. El PDeCAT también pide limitar la prioridad aplicativa del convenio de empresa por sus "efectos perversos" en determinados sectores e insta a la creación de una Oficina de la Calidad del Empleo en materia de contratación y subcontratación que, sin suponer un aumento del gasto público, refuerce el control y la supervisión.

Por su parte, Ciudadanos pide que las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, velen por que en la subcontratación de obras y servicios no se produzcan incumplimientos de los derechos de los trabajadores del contratista o subcontratista y no se incurra en cesión ilegal de trabajadores. La formación naranja aboga porque la nueva norma no tenga efectos retroactivo.