Bélgica ve problemas para entregar a Serret y Puig por desobediencia y "corrupción"

Nueva preocupación para el instructor del 'procés'. Las autoridades judiciales de Bruselas han remitido recientemente una comunicación al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, donde le anticipan que los ex consellers Meritxell Serret y Lluis Puig no van a poder ser entregados a nuestro país por los delitos de desobediencia ni de “corrupción” en respuesta en la euroorden cursada  por el instructor del ‘procés’.

Serret y Puig, en situación de rebeldía desde octubre de 2017, fueron procesados el pasado 23 de marzo por el magistrado del Alto Tribunal por los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos al haber desatendido los requerimientos del Tribunal Constitucional y aprobar el decreto de convocatoria del referéndum ilegal del pasado 1 de Octubre. Asimismo, Pablo Llarena cree que hay indicios de que los imputados dispusieron de forma espuria de fondos públicos de la Generalitat.

En el citado documento, que obra en poder de El Independiente, la justicia belga, a través de la Fiscalía de aquel país, expone una serie de dudas al Supremo a la par que pone en conocimiento de Llarena “de manera inmediata” que “la desobediencia no puede dar lugar a la entrega” de los ex miembros del Govern “puesto que este delito no está recogido en la legislación belga, lo que significa que el principio de doble tipicidad no se cumplirá”.

Así las cosas, a priori, el único delito por el que pueden ser entregados a España dichos ex consellers de la Generalitat de Cataluña es la malversación de caudales públicos. Sin embargo, sobre estos hechos Bélgica también se muestra rotunda: “puedo informarle igualmente de que, a pesar de la diferente interpretación que pueda darse a este concepto de acuerdo con la legislación española, el delito genérico de corrupción no puedo constituir la base para la entrega. Esta calificación de hecho delictivo, en efecto, claramente no es aplicable según el derecho belga, incluso de manera genérica”.

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Asimismo, en el citado escrito las autoridades fiscales belgas solicitan varias aclaraciones al juez del Supremo. En primer lugar, explican que en las órdenes europeas de detención cursadas por Llarena contra los ex consellers Puig, Serret y Antoni Comin –procesado este último por rebelión y malversación- no se menciona ninguna orden de “detención nacional subyacente” ya que estas hacen referencia exclusivamente “a un documento denominado auto de procesamiento”.

Serret y Puig, en situación de rebeldía desde octubre de 2017, fueron procesados por Llarena al desobedecer los requerimientos del TC y aprobar el decreto de convocatoria del 1-O

Pero esta no es la única duda que muestran las autoridades judiciales belgas respecto de la petición emitida por el Tribunal Supremo. “Una segunda cuestión que nos produce gran preocupación es el alcance de la entrega solicitada. Las órdenes de detención europeas cursadas en 2017, basadas en las órdenes de detención nacionales, estaban estructuradas en torno a cinco hechos y cinco calificaciones de hechos delictivos correspondientes. Las nuevas órdenes de detención europeas, basadas aparentemente en las mismas órdenes de detención nacionales de 2017, contienen un número considerablemente mayor de hechos. Sin embargo, las nuevas órdenes mencionan solo dos calificaciones de hechos delictivos por sospechoso. (…) La cuestión fundamental para nosotros, en este momento, es saber si España solicita la entrega por los hechos –como debería ser en virtud del sistema de OED- o por las calificaciones de hechos delictivos especificadas”, recalcan.

Después de exponer todas estas cuestiones y los impedimentos para entregar a los ex miembros del Govern, Meritxell Serret y Lluis Puig, por desobediencia y “corrupción”, Bélgica pide al Supremo “recibir una respuesta clara y concreta de su oficina” en relación a todos los interrogantes planteados antes de determinar de forma definitiva “el alcance de la entrega solicitada por España”.

El pasado 5 de abril estos tres ex consellers fueron puestos en libertad por parte de la Justicia belga mientras se resuelven sendas euroórdenes.