La gran reforma del mercado de valores se produjo con la Ley del Mercado de Valores en 1988 que se apoyaba en los siguientes principios:
- Información veraz y completa de todos los emisores y difusión de la misma por igual a todos los participantes en el mercado. En esto se basaba la protección del inversor.
- Intermediarios financieros especializados, profesionales y capitalizados como eje del desarrollo de los mercados, que sustituían a la anticuada figura de los agentes de cambio y bolsa.
- Creación de un nuevo supervisor, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que sustituyó a una subdirección de la Dirección General del Tesoro, lógicamente con muchas más competencias y medios.
La reforma fue un éxito completo. El importante crecimiento económico a partir de 1995 se apoyó en un mercado de valores ágil y eficaz, que fue capaz de canalizar la inversión extranjera y de absorber salidas a bolsa, privatizaciones, colocaciones, OPAs, crear un mercado de fondos de inversión, etc., con un dinamismo que hoy no podemos ni imaginar. Y todo gracias a una regulación sencilla pero revolucionaria y a una supervisión eficaz y respetuosa de los principios inspiradores de la LMV.
Este brillante comienzo se empezó a torcer a partir de escándalos, que marcaron cambios en la regulación y en la orientación supervisora. El primero fue Gescartera, una agencia de valores, que estalló en 2001. Siendo el menos relevante por volumen y por significación económica, tuvo una importancia decisiva. Fue un fraude piramidal, nuestro Madoff, pero con 4.000 afectados y un volumen estafado de 50 millones de euros. Ahora bien, las afinidades políticas de algún miembro de la dirección de la agencia de valores crearon una tormenta mediática, que obligó a la recién nombrada presidenta de la CNMV a dimitir. Ello influyó en un cambio del enfoque supervisor hacia los intermediarios especializados, que ante un fraude de este tipo no tenían medios para responder. En cambio, un banco sí podría haber hecho frente al mismo.
Los siguientes escándalos, mucho más importantes, fueron las participaciones preferentes de las cajas de ahorro y la salida a bolsa de Bankia. Estos problemas, claramente españoles, coincidieron con la crisis financiera global, por lo que indujeron a cambios regulatorios, no solo españoles, sino de carácter europeo.
La ausencia de intermediarios y de inversores españoles convierte a nuestra bolsa en periférica, con unas valoraciones poco atractivas
La protección del inversor no se podía basar exclusivamente en esa información veraz y ampliamente difundida, sino que los intermediarios debían buscar el mejor interés de sus clientes, evitando los conflictos de intereses. El desarrollo de los mercados de valores dejó de ser un objetivo de los reguladores y supervisores para centrarse exclusivamente en la protección de los inversores, asumiendo además que el crecimiento del mercado podía estar en conflicto con la protección del inversor.
Empieza así una carrera regulatoria, con miles de páginas de nueva regulación, que llega a una casuística ridícula. Todo ello provoca que la intermediación especializada se convierta en un mal negocio y prácticamente desaparece. En España el 90 por cien de los ingresos generados por el mercado de valores los perciben entidades bancarias, para los que esta actividad es marginal y secundaria. Además, la hiper protección complica enormemente las relaciones comerciales con los inversores particulares, ofreciéndoles solo productos muy sencillos, fondos de inversión y poco más.
Prácticamente desaparecen las salidas a bolsa y de las pocas que se atreven a hacerlo solo una, en los últimos diez años, Aena, tuvo un mínimo tramo de particulares. Este enfoque hace que los bancos que dirigen las salidas sean siempre los mismos, los grandes bancos de inversión americanos radicados en la City de Londres y que los destinatarios de las ofertas también coinciden, compitiendo la emisión española con otras europeas. Y esto es así hasta para emisores con una capitalización (valor de mercado de la sociedad) de unos pocos cientos de millones de euros.
La ausencia de intermediarios y de inversores españoles convierte a nuestra bolsa en periférica, con unas valoraciones poco atractivas, siendo el objeto de OPAs de exclusión planteadas por grandes inversores privados. Y todo ello si nos centramos en algo tan tradicional como las salidas a bolsa. Actividades más especializadas, como financiación de infraestructuras, quedan fuera de nuestro mercado. No nos pueda extrañar que empresas como Ferrovial tengan que buscar otros mercados para buscar financiación a sus proyectos.
Los principios inspiradores de la primitiva LMV, que buscaban el desarrollo de un mercado mucho más eficaz, han sido sustituidos por otros, entre los que no está el crecimiento. Los mercados de valores forman parte de la economía.
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