La estrategia de Moncloa de adelantar elecciones al 23-J para pillar al PP enredado en la constitución de los gobiernos autonómicos con el auxilio de Vox ha resultado exitosa. Incluso en el cuartel general de los populares admiten de forma harto gráfica que los sondeos que apuntan a una cierta recomposición de la izquierda, acortando distancias con el bloque de centro-derecha, "corrigen" lo que dan en llamar el "efecto luna de miel del 28-M", cuando las urnas les permitieron recuperar una buena cuota de poder territorial perdida ya desde las locales y autonómicas de 2015.

¿Irreversible? No. Creen que no. Una vez pase la conformación de los gobiernos autonómicos y se acerque la fecha del 23 de julio aspiran a volver a recuperar terreno. Queda por ver qué pasa en Murcia y en Aragón, pero tanto en uno como en otro sitio creen posible impedir la entrada del partido de Santiago Abascal a los ejecutivos autonómicos presididos por el PP. La diferencia con Comunidad Valenciana y Extremadura es que no necesitan el apoyo de los de Vox sino simplemente "que no bloqueen", aunque el partido de ultraderecha haya puesto precio también a su abstención.

Aún tienen que despejarse las incógnitas de Murcia y Aragón

Contra el que parecía ser el criterio inicial de ralentizar los acuerdos, Génova ha decidido cerrar este capítulo cuanto antes, consciente de las dificultades para colocar su mensaje de campaña en mitad del estallido de crisis como la de Extremadura, incluida una rectificación en toda regla.

Niegan en el núcleo duro de Génova que el elemento disruptivo fuera la velocidad del acuerdo en Valencia sino lo acontecido en Extremadura, porque sin el espectáculo previo –que acabó con el asesor externo Santiago Martínez-Vares– el gobierno de coalición suscrito en esta tierra "no es muy favorable para Vox. No tiene puesto en la mesa del Parlamento regional y ha aceptado una consejería menor" que ni siquiera tiene las anheladas competencias en Agricultura, aunque sí le permite fijar voto en el medio rural, el mismo que puede determinar el reparto de escaños en las provincias con menos representación en el Congreso.

De momento, Vox ha entrado en los gobiernos de la Comunidad Valenciana y de Extremadura. Se mantiene fuera del Consell de Baleares, pero media un pacto programático de más de 100 puntos, incluidos algunos muy representativos de las "guerras culturales" que tanto gustan a los de Santiago Abascal. Pero los populares intentan abrir el foco. Recuerdan que en Canarias han firmado un pacto con CC y en Cantabria con el PRC de Miguel Ángel Revilla. También han posibilitado, subrayan, que los independentistas de Junts y de EH-Bildu no se hayan hecho con el control de la alcaldía de Barcelona, ni de Vitoria ni, tampoco, con la Diputación de Guipúzcoa.

"La bronca PP-Vox demuestra que no somos lo mismo", aducen en Génova

En todo caso "la bronca PP-Vox demuestra que no somos lo mismo. Nosotros vamos a por el voto del PSOE de forma descarada, aportando el mensaje de que no somos lo mismo" que el partido de la derecha radical. Pero el dilema no está tanto en si pierde apoyos entre sus filas, que no parece, sino si crece por su izquierda, en ese terreno limítrofe con el PSOE, entre el votante no tanto de centro, sino socialista moderado con una fuerte impronta anti-sanchista.

Ahí es hacia donde se quiere dirigir el candidato popular a la presidencia del Gobierno, difícil de catalogar como un ultraderechista cómodo con los postulados de Vox, pero que los necesita como único socio con quien suma una mayoría suficiente.

Lo cierto es que si la campaña del 28-M se le hizo muy larga a Moncloa al girar en torno a las listas de EH-Bildu y su condición de socio parlamentario preferente del Gobierno; los casos de compra de voto por correo, que salpicaron al PSOE en algunas localidades como Mojácar (Almería), y el caso del ayuntamiento socialista de Maracena con secuestro incluido, ésta puede hacérsele cuesta arriba a Núñez Feijóo. Y es que los pactos firmados entre PP y Vox han dejado de ser una hipótesis –donde el gobierno de coalición en Castilla y León era casi una extrañeza– para materializarse en territorios electoralmente tan importantes como la Comunidad Valenciana, además de provocar un fortísimo desgaste interno como en Extremadura.

El PP necesita cerrar este engorroso asunto antes del 7 de julio, arranque de la campaña

Los populares necesitan cerrar este engorroso asunto antes del 7 de julio por la noche, arranque de la campaña de las elecciones generales, o ya retrasarlo a después del 23-J, caso de Aragón, aún sin fecha de investidura. El lunes 10 Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se medirán en su primer "cara a cara" real, con igualdad en el reparto de tiempos en un debate donde la autoridad la ejercerán los periodistas Ana Pastor y Vicente Vallés y no el presidente del Senado, Ander Gil. El gallego necesita no arriesgar, pero enfrente va a tener a un presidente ansioso de balón, dispuesto a usar ese tour de force para movilizar a los suyos y evitar una sangría de votos hacia el PP.

El arma de los populares, de ahí la insistencia en complementar el "cara a cara" con un debate de candidatos a siete, es insistir en la alianza presente y futura de Pedro Sánchez no solo con los herederos de Unidas Podemos, sino con el soporte parlamentario de ERC y EH-Bildu, formaciones que han elevado el listón de sus exigencias con planteamientos como la celebración de una consulta en Cataluña, en el caso de ERC, lo que reabriría la cuestión de la unidad territorial del país y hasta dónde es capaz de ceder Sánchez para mantenerse en el poder.

Génova confía en poder activar los mismos mecanismos que funcionaron en las elecciones andaluzas, esto es, usar precisamente la estrategia socialista respecto al riesgo de la ultraderecha para activar un voto útil que eleve a Feijóo por encima de un listón que le libere del yugo de Vox, aunque Abascal ha hecho presa y no parece dispuesto a soltarla.