La situación que vive el mundo de la Justicia es agonizante y el bloqueo en la formación de Gobierno que augura el resultado electoral multiplica la frustración de los jueces que ven cómo cada mes se suman nuevas plazas a la lista vacantes judiciales sin que los partidos políticos consigan ponerse de acuerdo. La cifra ha alcanzado ya el simbólico número de 100, según informan fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sólo en el Tribunal Supremo son 22 sillas descubiertas lo que supone un 28% de su capacidad. El estado de este órgano es especialmente delicado porque los magistrados no pueden quedarse de forma interina y cada vez son menos las manos para redactar las mismas sentencias.

La sensación es de "carreras frustradas", dice una fuente del Alto Tribunal. Jueces y juezas que habían estado preparándose para ocupar plazas de presidencias o que aspiraban a saltar de órgano y que derepente desde la reforma que acometió el Gobierno hace ya tres años han visto cómo todo se congelaba.

De los 79 magistrados que componen el Tribunal (más el presidente) actualmente hay 22 vacantes sin cubrir que a partir del próximo 7 de septiembre serán ya 23 porque el magistrado de la Sala de lo Militar Fernando Pignatelli se jubila. En esa Sala Quinta que son 8 miembros, contando al presidente, son ya dos los puestos vacíos.

El problema del Alto Tribunal es que cuando los jueces se van o dejan de tener la edad para seguir en la judicatura no pueden ser sustituidos ni siquiera de forma provisional. Todos los magistrados del Supremo eran designados expresamente por el CGPJ.

La Sala de lo Civil (10 magistrados en total contando con el presidente) y la Sala de lo Penal (15 magistrados en total contando con el presidente) tiene dos y una vacante respectivamente. Una número que todavía es asumible pero que no deja de intranquilizar a sus miembros, aclaran varias fuentes.

El escenario más grave está en la Sala de lo Contencioso Administrativo que ha perdido a un tercio de sus miembros y la Sala de lo Social que está apunto de quedarse sin la mitad de los magistrados. "La mayor conscuencia de las vacantes es que los asuntos tardan más en verse porque somos menos magistrados", explica una magistrada de la Sala Tercera."Sacamos entre 800 y mil sentencias menos al año", replica otro togado del órgano.

La Sala Tercera que tiene 33 plazas contando con el presidente cuenta ya con 11 vacantes, mientras que la Sala Cuarta que se compone de 13 miembros, presidente incluido, cuenta con seis puestos libres. La última, Rosa Virolés que se jubiló el pasado 18 de julio y era además la presidenta en funciones. Ahora la sustituye Antonio Sempere.

Sacamos entre 800 y mil sentencias menos al año en el Tribunal Supremo

El presidente de la Sala de lo Contencioso, Pablo Lucas, también está en funciones porque el anterior, César Tolosa, fue designado para ir al Tribunal Constitucional. Ninguna de estos puestos ha sido cubierto. "El que peor lo lleva es el presidente", explica una tercera fuente, "que a parte de pedidos de la sección, preside la Sala, entra en la Sala de Gobierno, preside la sección de admisión y la de presidentes de sección más su trabajo en cuanto al CNI". En febrero llegará una nueva vacante porque Celsa Pico se jubilará.

Sin visos de prosperar en el Supremo ven con especial preocupación cómo su organización interna sigue deteriorándose a causa de que el CGPJ siga sin renovarse y los vocales no puedan hacer nombramientos. La hipotética victoria del PP había puesto en el horizonte la posibilidad de recuperar las funciones de los vocales para designar, si bien algunas fuentes son ahora más positivas. "Estaba todo el mundo en el otro escenario, pero también era dramático porque iba a ser una guerra civil hablando unos y otros de nombramientos de un 'consejo ilegítimo'", expresan. "La impresión que tenemos todos es que la situación se va a solucionar", revelan porque creen que los miembros del Congreso son conscientes de la urgencia del asunto. "Habrá un nuevo Consejo por imperativo democrático", dicen.

100 plazas

Más allá de la veintena del Tribunal Supremo y un puesto vacante de la Audiencia Nacional hay 25 presidencias de audiencia provinciales libres. La mayoría cubiertas de forma interina. Los miembros de la carrera consultados hablan de la desidia que supone incluso para el propio día a día de los jueces ver que el órgano que los gobierna está caducado desde hace casi cinco años. "La sensación a pie de juzgado que te la puedo dar porque yo estoy a pie de juzgado en el día a día es de una gran desmoralización y batimiento", indica el juez Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV).

Es a los vocales del CGPJ a los que les toca colocar en las cúpulas judiciales de toda España a los jueces que mejor creen para el puesto, en las presidencias de las salas de las audiencias provinciales, etc. Con este sistema, los togados tenían el aliciente de poder ir creciendo año a año a medida que los puestos se quedaban libres y era una rueda que, aunque tardaba en girar, suponía cierta perspectiva de futuro en sus aspiraciones.

La sensación a pie de juzgado es de gran desmoralización y abatimiento

"Estamos en un momento en el que el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ no existe. Esta disgregada la cabeza del órgano -uno por sustitución y otro en funciones- y esto deteriora todavía más la sensación de pérdida de solidez", esgrime Fernández Vaquero. "Tenemos un CGPJ que es el órgano que tomas las deiciones más relevantes en esta situación de absoluto descrédito institucional motivado en parte por la instrumentación política y por la propia forma en la que los vocales se han comportado", agrega.

En los tribunales superiores de justicia falta por renovar otras 35 plazas: 7 de ellas son presidencias. Faltan las de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja. En total son 84 vacantes que sumadas a las 16 de la jurisdicción militar completan las 100 plazas.

"En la carrera judicial todo esto se percibe con muchísima desazón y muchísimo pesimismo. No es razonable que se haya conducido a la carrera a este extremo", añade Edmundo Rodríguez, magistrado de Jueces y Juezas para la Democracia. "Desde mi punto de vista lo más grave es cómo desde el poder político se está bloqueando el funcionamiento del poder de la Justicia", recrimina Fernando Portillo, juez del Foro Judicial Independiente.

Los togados veían la posibilidad de dar el salto a Madrid a todos los órganos centrales (Tribunal Supremo y Audiencia Nacional, por ejemplo) como un escalón más en la carrera. Pero el bloqueo permanente ha topado las opciones profesionales de muchos que, además, van sumando años para su jubilación sin que nada cambie.