Política

El Supremo impedirá ser cargos públicos a Turull, Rull y Comín en "cuestión de días"

La Sala de Apelaciones del Alto Tribunal confirmará "probablemente en los próximos quince días" el auto de procesamiento del instructor Llarena.

Los ex consejeros Josep Rull y Jordi Turull, en el Parlament.
Los ex consejeros Josep Rull y Jordi Turull, en el Parlament. | EFE

El Tribunal Supremo tiene previsto inhabilitar de facto a los designados por Quim Torra como nuevos ‘consellers’ de la Generalitat, Jordi Turull, Josep Rull y Antoni Comín para cargo público así como al resto de la cúpula independentista sobre la que se ha decretado prisión por un delito de rebelión.

Aunque, todo apunta, a que finalmente no se constituirá el nuevo Govern ante la prolongación del artículo 155, en caso contrario, sería el propio tribunal el que en un breve plazo de tiempo suspendería de sus funciones a los miembros de la Generalitat.

Los procesados por rebelión sobre los que se haya decretado prisión preventiva quedarán suspendidos automáticamente

Según informan fuentes jurídicas a El Independiente, la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal –compuesta por los magistrado Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde- confirmará “probablemente en los próximos quince días” el auto de procesamiento del instructor del ‘procés’, el magistrado Pablo Llarena.

El auto del Supremo no sólo alterará la formación del hipotético ejecutivo catalán diseñado por Quim Torra sino que también puede modificar la del Parlament ya que los presos que conservan sus actas también quedarán inhabilitados en ese momento. Es el caso, por ejemplo, del ex presidente Carles Puigdemont, el ex vicepresidente Oriol Junqueras o el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y los ex consellers –Turull, Rull pero también Raul Romeva-.

Suspensión automática a los rebeldes

También de Comín que, aunque se encuentra fugado de la Justicia española en Bélgica –país que ya ha decidido no entregarlo por un “defecto” formal en la euroorden-, fue procesado por rebelión y contra él pesa un auto de ingreso en la cárcel.

La razón jurídica es que los procesados por rebelión sobre los que se haya decretado prisión preventiva quedarán suspendidos automáticamente para cargo público sin esperar a que haya sentencia condenatoria. Así lo recoge el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.

El procedimiento judicial es el siguiente. La Sala de Apelaciones confirmará punto por punto los delitos por los que Llarena procesó el pasado mes de marzo a la cúpula independentista que declaró de forma unilateral la independencia de Cataluña y, a posteriori, el instructor dictará un auto donde explicará que acordará esa suspensión automática de sus funciones públicas. Acto seguido dicha resolución será remitida al Parlament de Cataluña haya prolongación o no del artículo 155, apuntan fuentes del Supremo.

Prisión hasta el juicio

Entre los planes del juez Pablo Llarena se encuentra mantener en situación de prisión preventiva a la cúpula independentista hasta la celebración del juicio que se celebrará el próximo otoño en la sede del Alto Tribunal.

Llarena prevé mantener en prisión preventiva a la cúpula independentista hasta la celebración del juicio en otoño

En contraposición, Turull y Rull, internados en la cárcel de Estremera, pidieron este sábado de urgencia al instructor del procés que acordara su libertad provisional después de que Quim Torra haya decidido contar con ellos como consejeros del nuevo Govern. Su letrado señalaba que los procesados tienen perfecto derecho a aceptar tales cargos, pues les ampara el art. 23.2 Constitución, que reconoce su derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos, sin que fuera legítimo discriminarles por tener la condición de presos preventivos”.

Además, los ex consellers  advirtieron de que si el Gobierno no publica sus nombramientos en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) incurriría en “prevaricación”, ya que han defendido tener sus “derechos políticos intactos” para ejercer el cargo con “plenitud” y en “libertad”.

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