El Banco de España vislumbra fusiones entre las entidades nacionales y europeas, en un entorno de debilidad para el sistema financiero. La institución cree que "no cabe esperar, en el corto y medio plazo, una vuelta a los niveles de ingresos registrados durante la fase previa a la última crisis, por lo que los gastos y la estructura de negocio deben adaptarse también a ese nuevo entorno".

En este contexto, el organismo augura que "ello podría requerir, en algunos casos, avances adicionales en el proceso de consolidación, que contribuyan a acelerar el ajuste de la estructura de costes de las entidades, a nivel doméstico y/o entre entidades de la Unión Europea".

Pese a que la concentración del sector ha disparado las alarmas sobre la menor competencia, el Banco de España no cree que las potenciales fusiones "supongan una reducción del grado de competencia del sector", asegura en el informe Anual del Banco de España correspondiente al ejercicio 2017.

Considera que los gastos y la estructura de negocio deben adaptarse al nuevo entorno de menores ingresos

Pese a que el regulador no ve en riesgo la competencia, sí reconoce que "el sector bancario español ha sufrido una profunda reestructuración desde el comienzo de la crisis en 2008. El número de entidades nacionales (grupos consolidados y entidades sin grupo, de propiedad nacional) ha pasado de 122, al comienzo de la crisis, a 65, en 2017, y el número de oficinas y empleados se ha reducido en un 40% y un 32%, respectivamente, en ese mismo período".

Resultado de ello, apunta el informe, es el aumento significativo de la concentración. Los cinco mayores grupos pasaron de representar el 49% del activo total del negocio en España, en 2008, al 70%, en 2017, unos veinte puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea.

El crédito, lejos de máximos

Para la institución "no cabe esperar, en el corto y medio plazo, el retorno de los niveles de crédito bancario a los valores alcanzados durante la fase expansiva que precedió a la crisis". Por ello recomienda a las entidades que "perseveren en sus esfuerzos para seguir reduciendo los activos [tóxicos...] y proseguir con el reajuste de los gastos operativos del negocio en España", a pesar de que "la recuperación económica continuará propiciando un descenso continuado de los activos problemáticos (dudosos y adjudicados)".

En este sentido, apunta la resolución de Popular, "decidida por la Junta Única de Resolución, derivada de las graves dificultades que la entidad estaba atravesando".

El regulador recuerda cómo durante la crisis "el saldo vivo del crédito bancario a la clientela en España, que se había multiplicado por seis en la larga expansión desde 1995 hasta 2008 y se contrajo después en un tercio, así como en las pérdidas acumuladas en la cuenta de resultados por deterioro de activos en nuestro país, que a finales de 2017 superaban los 310.000 millones de euros, equivalentes a un 11% del balance total a 31 de diciembre de 2007)".

La rentabilidad de los bancos es reducida y las cotizaciones en Bolsa reflejan las inciertas expectativas del negocio

Advierte de que "la rentabilidad del sector bancario no se ha recuperado totalmente y el volumen de activos dudosos en los balances de las entidades es aún elevado".

En este sentido, subraya cómo esta reducida rentabilidad pesa sobre la evolución de la banca en Bolsa. "La recuperación de la economía española iniciada a finales de 2013 ha contribuido a reducir la morosidad y sostener los resultados de las entidades españolas. Con todo, la rentabilidad obtenida sobre los recursos propios (ROE) permanece reducida en términos históricos y las cotizaciones en bolsa de los bancos españoles —y europeos, en general— continúan reflejando unas expectativas inciertas de los inversores sobre la evolución futura del negocio bancario", manifiesta.

Por otro lado, advierte del incremento de la competencia. "La entrada en vigor este año de la nueva directiva europea de servicios de pago (conocida como PSD-2) y la implementación de la nueva directiva de protección de datos (General Data Protection Regulation) suponen un reto importante, al introducir nuevos proveedores con posibilidad de acceso a los clientes bancarios, sin ser ellos mismos bancos ni estar sometidos a la regulación de éstos", recoge el documento.